La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyer, declaró el pasado 30 de noviembre que la Unión Europea está promoviendo en coordinación con la Corte Penal Internacional (CPI), el establecimiento de un tribunal especial para juzgar los crímenes atroces que presuntamente ha cometido Rusia en Ucrania. Además, agregó que Rusia debe pagar por la destrucción que ha causado a su país vecino, con las reservas de divisas extranjeras de su Banco Central y los activos congelados a los millonarios rusos.
Son numerosas las denuncias de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército ruso en territorio ucraniano. Según la misión de investigación de Naciones Unidas en Ucrania, se han registrado miles de crímenes tales como deportaciones ilegales, tortura, ataques contra la población e infraestructura civil (escuelas, hospitales, áreas residenciales), violencia sexual y de género, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras.
A pesar de que Rusia nunca ratificó el Estatuto de Roma y, además, retiró su firma en 2016 luego de las fuertes críticas que recibió por la invasión y anexión ilegal de la península de Crimea en 2014. La CPI podría tener jurisdicción para documentar, investigar y potencialmente juzgar los presuntos crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio cometidos en territorio ucraniano, ya que Ucrania, a pesar de no ser un Estado Parte del Estatuto, aceptó su competencia mediante dos declaraciones de sometimiento, una firmada en 2014 y la otra en 2015.
No obstante, la CPI no tiene facultad para juzgar el crimen de agresión, ya que de acuerdo con el artículo 15 bis, numerales 4, 5, 6 y 7 de la enmienda del Estatuto, solo se podría investigar y juzgar el crimen de agresión en dos circunstancias. Si tanto el Estado agresor como el Estado víctima, son Estados Partes o si el Consejo de Seguridad de la ONU remite formalmente el caso. Siendo que ni Rusia ni Ucrania son Estados Partes y el Consejo de Seguridad estaría limitado por el poder de veto que tiene Rusia, este crimen quedaría en la impunidad.
Por esta razón, el gobierno de Volodímir Zelenski ha solicitado con urgencia la creación de un tribunal especial, poniendo especial énfasis en investigar y juzgar el crimen de agresión por parte de Rusia. Esto permitiría perseguir penalmente a funcionarios rusos de alto nivel, comenzando por Vladimir Putin, por haber dado la orden de transgredir la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Sin lugar a duda, se abriría un nuevo capítulo en las ya complejas relaciones internacionales con Rusia. En caso de llegar a darse condenas de reconocidas personalidades del actual gobierno ruso, incluso en ausencia, representaría un profundo aislamiento diplomático de Rusia mientras Putin siga en el poder. Se buscaría, por ejemplo, nuevos paquetes de sanciones económicas, reducción de relaciones diplomáticas, posibles reformas a organismos y organizaciones internacionales de las que Rusia hace parte, tales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que es uno de sus cinco miembros permanentes.
Es evidente que las últimas tres semanas han sido turbulentas para la diplomacia rusa. Además de la propuesta del tribunal especial, el Parlamento Europeo acaba de declarar a Rusia como un Estado promotor del terrorismo, por las atrocidades cometidas contra la población civil en Ucrania y la Cámara Baja del Parlamento Alemán (Bundestag), reconoció y condenó como genocidio al Holodomor, la gran hambruna creada por el gobierno soviético de Joseph Stalin, que mató de inanición a más de tres millones de ucranianos entre 1932 y 1933.
Mientras tanto, misiles rusos siguen destruyendo infraestructura civil y energética, dejando a miles de ucranianos desprotegidos ante un frío inclemente esta Navidad.