Mientras leía con detenimiento el más reciente estudio sobre la incidencia del consumo de cigarrillos ilegales en Colombia durante 2021, realizado por la firma Invamer para la Federación Nacional de Departamentos, me encontré con un dato cuya relevancia no podría pasar por alto: por primera vez en los últimos cinco años, la tendencia del crecimiento de ese mercado se detuvo.
Los resultados de la encuesta, que tuvo como muestra a 3.908 fumadores en los 32 departamentos y el Distrito Capital, arrojan incluso la reducción de un punto porcentual en la cantidad de cigarrillos ilegales en el mercado y de dos puntos porcentuales en el número de consumidores.
Comprendo bien que, acostumbrados como estamos a registrar los efectos adversos del contrabando y sus fenómenos asociados, las cifras podrían parecer pequeñas, pero de ninguna manera son insignificantes. Estamos hablando de un hito en la historia de la lucha contra este flagelo, porque es también la primera vez en los tres últimos años que la tendencia al crecimiento no solo se frena, sino que comienza a marcar una línea de declive. Lo anterior, teniendo en cuenta que, de continuar con la tendencia de los años anteriores, podríamos haber aumentado entre el 3 y el 5 %, lo cual nos ubicaría en 37 % promedio de ilegalidad, lo cual representa más de 847 mil millones de pesos, es decir, casi 91 mil millones más de lo que se calcula se perdió para 2021. Este año, podemos decir que salvaguardamos más de 58 mil millones de pesos para la salud, la educación y el deporte.
¿A qué podemos atribuir ese avance? Entre las múltiples variables que inciden en un análisis sobre el tema hay por lo menos dos elementos de peso. Durante 2021, por primera vez, se dio un despliegue sin precedentes de los grupos operativos que combaten el problema: 33 de las 33 entidades territoriales contaron con equipos de trabajo en las calles. En segundo lugar, y de forma simultánea, se vio fortalecida la articulación de esfuerzos que realiza la Federación Nacional de Departamentos (FND) con aliados estratégicos fundamentales, como la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la Armada Nacional y, especialmente, la Fiscalía General de la Nación. Esta última materializó la necesidad de contar con una fiscal delegada para delitos fiscales y acabar con la impunidad del delito de contrabando y sus conexos.
En blanco sobre negro, la incidencia de la ilegalidad se ubicó al cierre de 2021 en 33 %. El consumo global de cigarrillos aumentó en más de 2 % y puso en evidencia su pequeño, pero significativo, traslado hacia productos legales.
Ahora bien, aún estamos lejos de cantar victoria. El mercado del cigarrillo ilegal sigue impactando con fuerza y de manera lesiva el recaudo tributario de los departamentos, que durante el año pasado dejaron de percibir casi 751.000 millones de pesos. En detalle, los perjuicios sufridos por Antioquia, el departamento más afectado —por ser el mayor consumidor—, superó los 185.000 millones de pesos, seguido en su orden por Atlántico, con más de 32 mil millones de pesos; Magdalena, con una cifra ligeramente superior a los 54.000 millones de pesos, y Córdoba, con más de 28 mil millones de pesos.
El estudio identifica unas tendencias que habrán de ser de interés para el fortalecimiento de políticas públicas en materia fiscal, de salud pública y de otros sectores con especial impacto social. Si bien frente a 2021 se advierte una disminución del 6 % en el consumo ilegal de la población rural, sigue participando con el 52 % del total de la incidencia. Llama la atención el hecho de que el grupo de edades con mayor consumo de productos ilegales está entre los 55 y los 64 años. Atribuimos este resultado a que se trata de un hábito transformado en costumbre arraigada en los individuos.
Por otro lado, pese a que los mayores consumidores de cigarrillo ilegal se concentran en estratos 1 y 2, son estos el único nivel socioeconómico que según el estudio traslada su consumo a productos legales. Vale la pena estudiar si esa variación es una consecuencia de las campañas de educación y cultura adelantadas por la FND y sus agremiados. Este comportamiento haría pensar que no siempre el consumo de cigarrillos ilegales responde al precio, incluso con una diferencia promedio de 4.349,47 pesos entre legal e ilegal.
A nivel regional, el estudio realizado divide al país en seis zonas territoriales, de las cuales dos disminuyen su participación en el consumo ilegal (la tercera, constituida por Chocó y Antioquia, y la sexta, conformada por Santanderes y Arauca). Sin embargo, la última tiene una participación de 48 % en la ilegalidad de cigarrillos, superada únicamente por la zona Caribe, con 68 %, y muy por encima de la media nacional.
Justo es destacar que entre los departamentos que lograron disminuir la cantidad de cigarrillos ilegales están, en primer lugar, Meta, con una disminución contundente que pasa del 35 al 13 %; Antioquia, del 47 al 34 %; Sucre, del 77 al 70 %, y Atlántico, que baja del 56 al 47 %.
Los principales países de origen de los cigarrillos ilegales son Uruguay, China (con un importante aumento del 2,5 %) y Corea del Sur, con marcas como Rumba, Carnival, Ultima, Marshal y Marble.
Por lo pronto, queda claro que los avances y la consolidación del Programa Anticontrabando se evidencian en estos resultados. Hoy, la importancia de promover la cultura de la legalidad y defender los recursos para la inversión social representan una bocanada de esperanza.