“La escasez de insulina es evidente. Como diabético me han llamado muchos pacientes que conozco a preguntarme si tengo insulina, o para pedir ayuda. Están comprometiendo la vida de millones y acá ¿nadie es responsable del desabastecimiento? A exigir en derecho, ¡respeten la vida!”. El llamado angustioso es del reconocido periodista deportivo Steven Arce, en su cuenta de X, en la que desde hace días ha documentado el padecimiento de miles de pacientes diabéticos por encontrar la insulina de la que sencillamente dependen sus vidas.

El mismo llamado de angustia lo hacen pacientes de cáncer, que por cuenta del problema de desabastecimiento tienen cada día más dificultad para conseguir las medicinas, especialmente la llamada quimioterapia oral. Un amigo me cuenta que su hermana, diagnosticada con leucemia, no pudo recibir un medicamento por parte de la EPS y debieron conseguirlo. El costo: 6 millones de pesos. Otro médico me cuenta que tiene dificultad para conseguir medicamentos básicos, como la xilocaína.

El desabastecimiento de medicamentos es una realidad. Hace meses se había advertido que la demora en el nombramiento de un director en propiedad en el Invima estaba retrasando los procesos de licenciamiento y pronto empezarían a escasear las medicinas. Pero la situación ya es crítica. No hay medicamentos esenciales para la vida de muchos.

A esta inexplicable demora en los procesos del Invima, donde hay más de 27.000 trámites de licencias represados, se sumó la decisión de Cruz Verde de no dispensar medicamentos no PBS a la EPS Sanitas desde el próximo 15 de noviembre ante las deudas por 400.000 millones que Sanitas tiene sin solventar. Medicamentos PBS son los que están incluidos en el plan básico de salud, es decir, los que se necesitan para vivir. Los no PBS son todos los demás: pañales, cremas, toallas higiénicas y un larguísimo etcétera. Pero, en enfermedades como cáncer de cérvix o de colón, no tener estos elementos puede significar cargas económicas insostenibles.

El presidente de Sanitas Colombia, Juan Pablo Rueda Sánchez, ha dicho que la imposibilidad de pagarle a Cruz Verde se debe a que lo que gira el Gobierno no alcanza para cubrir los gastos en los que incurre la EPS para atender a los pacientes. Pero de forma contundente el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dice que la Adres, entidad encargada de pagar los servicios a las EPS para que estas, a su vez, los entreguen a las entidades prestadoras de servicios, le ha girado a Sanitas 7 billones 800 mil pesos este año, de forma que no le debe ni un peso.

Pero el presidente de Sanitas insiste en que el Gobierno no habla con la verdad y ha dejado de pagarles 800.000 millones de pesos correspondientes a las deudas de 2022. Aun pagando ese dinero, el déficit global está alrededor de los 2 billones de pesos, dice Sanitas.

“Nosotros le pedimos al señor ministro que escuche con humildad lo que está pasando. En nombre de los pacientes de alto costo, con enfermedades huérfanas, le pedimos que escuche lo que está pasando”, pide Rueda.

El ministro ha dejado claro que no tiene nada que escuchar y que no hará nada para que Sanitas logre salir de la crisis. Es más, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, le ha advertido a Sanitas que tiene que entregar los medicamentos a sus pacientes, con o sin Cruz Verde.

¿Qué pasará el 16 de noviembre si el Gobierno se sostiene en que no hará nada para salvar de la crisis a la EPS?, le pregunto al presidente de Sanitas. Solo responde que confía en que llegará a un acuerdo con el Gobierno para beneficio de sus pacientes.

Pero la realidad es que el Gobierno no tiene ninguna intención de ayudar a Sanitas ni a ninguna EPS a salir de la crisis. Y, si el Gobierno no establece un plan de ayuda, empezará a colapsar el sistema.

Es imposible para un ciudadano saber quién tiene la razón en todo esto. La única realidad de fondo es que desde hace años lo que reciben las EPS por cada usuario afiliado, conocido como unidad de pago por capitación, no alcanza a cubrir lo que implica la atención de pacientes de alto costo. El régimen contributivo no cubre los costos de nuestra salud.

Así que, aunque el Gobierno pague lo que tiene que pagar, es insuficiente. Hay que replantear las finanzas del sistema. Y esto es lo que quiere precisamente el Gobierno con su reforma a la salud. El Plan de Beneficios en Salud (PBS), que antes se conocía como el POS, es demasiado amplio y lo que incluye vale mucho más de lo que se presupuesta. El Gobierno hace una planeación presupuestal con un techo que se aprueba cada año, pero lo que se gasta en salud por parte de las EPS es mucho mayor que ese techo presupuestal. Pero el Gobierno insiste en que el dinero es suficiente y que no alcanza porque las EPS lo gastan en lo que no deben. Por eso, quiere que solo el Estado administre los dineros de la salud.

Así que pareciera que se ha dado la crisis perfecta para que el Gobierno se pare desde un balcón a ver cómo el sistema de salud se desmorona, sin hacer absolutamente nada para evitarlo, para así poder imponer la reforma a la salud que tanto se sueña. ¿Es coincidencia que todo esto ocurra cuando la Cámara de Representantes se prepara para asumir el segundo debate a la reforma a la salud, que busca, precisamente, eliminar la existencia de las EPS como intermediarias de pagos de servicios de salud? ¿Es esta una crisis provocada?

“Aquí no se está muriendo nadie”, dice con cierto desprecio el ministro de Salud.

Seguramente, hoy no. Pero muy pronto, sin duda.