Se puede estar o no de acuerdo con el ministro de defensa de Colombia, Iván Velázquez, por las ejecutorias al frente de su cartera. Pero como decía el filósofo de Buga, “una cosa es una cosa, pero otra cosa es otra cosa”.

La incriminación de un juez de Guatemala contra el ministro, en una confusa acusación en la que aparece la siniestra Odebrecht, no solamente parece ser absurda, sino que tiene un evidente propósito político interno en ese país. Naturalmente que en Guatemala, como nominalmente en todos los países, existe una separación de poderes, pero desafortunadamente eso no siempre se traduce en realidades absolutas.

Guatemala, un bello país, se ha caracterizado precisamente por ser uno de los más corruptos del continente y violador de los derechos humanos. Con una justicia prevaricadora y politizada que obligó a que Naciones Unidas se hiciera cargo de la justicia en ese país.

Eso no tiene precedentes en el continente. Tal vez en Nicaragua, en la primeras décadas del siglo XIX, cuando los Estados Unidos ejercieron en ese país el control absoluto del estado, desde la política exterior y las aduanas, hasta la justicia. O cuando en algunos países seminómadas de África los franceses han cumplido con esa tarea.

El 14 de junio de 2010, un juez de la provincia de Sucumbíos en el Ecuador abrió un proceso penal contra el en ese entonces ministro de defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, por supuestos delitos contra la vida, de conformidad con el artículo 10° del código de procedimiento penal ecuatoriano.

La razón fue el ataque de un destacamento de las fuerzas militares y de la policía nacional colombianas contra un destacamento de las Farc, ubicado en territorio ecuatoriano. Aproximadamente un mes después, el comandante general de las fuerzas militares colombianas fue igualmente involucrado a la investigación por el juez de Sucumbíos.

El Gobierno ecuatoriano, ante la protesta de Colombia, adujo la tradicional independencia del poder judicial. Sin embargo se sabía perfectamente que detrás del juez estaba el presidente Correa, por lo tanto, la disculpa era meramente formal.

En ningún momento el acucioso juez aludió a la presencia por largo tiempo de las Farc en territorio ecuatoriano, para emprender acciones contra buques comerciales o militares colombianos y contra la población civil en territorio de nuestro país, ni mucho menos a la actitud complaciente de las autoridades competentes ecuatorianas en la región.

El presidente de Guatemala ha hecho un llamamiento al presidente Gustavo Petro sobre la decisión de llamar a consultas a la embajadora de Colombia, e incluso de romper relaciones con ese país en caso de que se dicte un auto de detención contra el ministro colombiano

Petro no podía hacer otra cosa. Estar un alto funcionario de nuestro país sujeto a la decisión de un juez de Guatemala es una aberración. Especialmente en un país en el que los presidentes y los altos funcionarios deben ser frecuentemente extraditados a los Estados Unidos por cargos de corrupción.

El juez debería iniciar, igualmente, una investigación contra el secretario General de Naciones Unidas y los funcionarios responsables de ese organismo.