Salvar las reformas sociales del Gobierno Petro con una constituyente es una desesperada mala idea, mejor sería cambiar el estilo de gobernar. Aun asumiendo la buena fe, los riesgos asociados a destruir los pilares democráticos o entrar en una parálisis estatal como sucedió en Chile, hacen la propuesta inviable. El problema en esencia es que las reformas son malas, no construyeron consenso ni fuera ni dentro del Congreso. Así como Duque replanteó su fallida reforma tributaria, Petro debería hacer lo mismo. Citar una constituyente para acabar las EPS e instaurar los privilegios de la élite sindical simplemente no tiene sentido. En este nivel de polarización, es más probable que salga mal a que salga bien.
Nadie argumenta que la salud, las pensiones y las normas laborales no puedan ser mejoradas, pero la incapacidad de buscar acuerdos es lo que mata. Reconociendo el logro de elegir el primer presidente de izquierda, en la historia reciente del país, ningún gobierno ha sido tan poco talentoso en la política; el presidente está totalmente solo. Al ganar la Presidencia, lo razonable es dar al nuevo mandatario la posibilidad de promover sus ideas, de ahí la famosa luna de miel de la primera legislatura en el Congreso. También cada torero llega con su cuadrilla y el presidente optó porque la totalidad de sus ministros fueran admiradores de izquierda, pero es posible –en lo corrido del Gobierno– que no hayan logrado un apoyo de alguien que no votó por él.
Cuando hablo de la capacidad de hacer política, no me refiero a endulzar votos en el Congreso, al menudeo, sino a construir consensos. La inocencia de creer en las voces aduladoras del Congreso y la corte palaciega, llevaron al Gobierno a embarcarse en una aventura que salió mal. El ejercicio de hacer aprobar en primera vuelta las reformas sociales a la brava obligó al Gobierno a abandonar su intención de renovar las costumbres políticas. Sin la historia de superioridad moral, aunque se gane, se pierde, ya que la Corte Constitucional tumbaría parcial o totalmente las reformas sociales por su accidentado trámite, como está ocurriendo con la reforma tributaria.
En el caso del Partido Liberal, cinco veces hubo acuerdo sobre el texto de la reforma a la salud, desafortunadamente, a la ministra se le olvidaba lo acordado, se arrepentía, o el presidente la desautorizaba, la Dra. Corcho incumplía siempre. En el caso del Partido Conservador, la paciencia duró hasta el incumplimiento siete, mientras La U aguantó nueve veces. Sobre los demás proyectos, el Gobierno, ni siquiera intentó conciliar, se pensó en detal para conseguir votos.
Nadie en el Gobierno hace política, nadie comunica el propósito de las reformas ni eficazmente defiende al presidente. En contraste, los expertos, en cada entrevista, destruyen la agenda de gobierno por ser improvisada, no tener sustento, y ser impagable. Esta necesidad de querer imponer todas las reformas a la fuerza conlleva el fracaso político. Y en varios frentes, la incapacidad para el consenso, llevó a una calamitosa derrota en elecciones regionales sin antecedentes para un partido de gobierno. Si no se replantea el estilo del Gobierno, el riesgo no es solo que su partido no se quede cuatro años más en el poder, sino que la izquierda no vuelva a ser competitiva por un buen tiempo.