El Grupo Sarmiento, socio de Odebrecht en la Ruta del Sol 2, consiguió que varios medios, incluido SEMANA, publicaran una noticia en la que se afirma que la Fiscalía los habría puesto a paz y salvo de cualquier responsabilidad en el pago del soborno por el que está condenado José Elías Melo, uno de sus más altos ejecutivos.

La noticia resultó ser un reencauche, producto no de un pronunciamiento judicial de la Fiscalía sino de la respuesta a un simple derecho de petición que el abogado del Grupo Sarmiento le elevó recientemente a Daniel Hernández. Él es un controvertido fiscal que no solo fue denunciado penalmente por el fiscal ad hoc desde marzo de 2019 por haber excluido, inexplicablemente, el delito de lavado de activos en los preacuerdos que tenía a su cargo, sino que, además, fue sacado de la investigación de Odebrecht desde hace cuatro meses por el fiscal Barbosa. En la respuesta, el defenestrado Hernández cuenta que, en sus diligencias en São Paulo, él no escuchó a los brasileños decir que Luis Carlos Sarmiento Junior hubiera sabido de la coima. Con base en esta respuesta, el Grupo Sarmiento construyó, o mejor, inventó una noticia que todavía la Fiscalía no ha dado: la de que el Grupo Sarmiento fue víctima de su socio Odebrecht y la de que las escandalosas ilegalidades que se cometieron se hicieron a sus espaldas. En realidad, la cosa no es así y está muy lejos de serlo. Hay varias investigaciones y condenas que demuestran lo contrario y que no necesitan ser reencauchadas ni fabricadas. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le abrió pliego de cargos a varias empresas del Grupo Sarmiento y a sus más altos directivos por estar involucrados en conductas violatorias de la libre competencia. El primer cargo tiene que ver con el pago de una coima de 6,5 millones de dólares al entonces viceministro Gabriel García Morales, en el que se encuentran vinculadas, además de Odebrecht, tres empresas del Grupo Sarmiento –Corficolombiana, Episol y el Concesionario Ruta del Sol–, y también José Elías Melo.

El segundo cargo está relacionado con el aprovechamiento irregular de un conflicto de intereses, o sea, por tratar de sacarle tajada a sus influencias para hacer que las condiciones de la licitación se ajustaran a sus “expectativas”.  Los cargos que se le formulan por parte de la SIC van directo al corazón del Grupo de Sarmiento, pues acusa a la sociedad Grupo Aval y al mismísimo presidente del Grupo, Luis Carlos Sarmiento Junior. La SIC encontró que el Grupo Sarmiento, bajo el conocimiento y las instrucciones de su máxima cabeza –Sarmiento Junior–, se aprovechó del conflicto de intereses existente entre Diego Solano, uno de sus vicepresidentes, y nada más ni nada menos que su esposa María Victoria Guarín, quien como funcionaria de la IFC del Banco Mundial estaba estructurando el proyecto de Ruta del Sol. Hay declaraciones y correos electrónicos que evidencian los pormenores de cómo se habrían aprovechado de este conflicto de intereses para beneficio propio. En un correo electrónico del 19 de diciembre de 2018, José Elías Melo informa a Sarmiento Junior que “María Victoria Guarín, esposa de Diego, es quien en la IFC está con el tema. Ya hemos hablado con ella y de hecho Gustavo Ramírez [vicepresidente de Corficolombiana] va a participar en una conferencia telefónica para exponer nuestras expectativas en relación con los términos de la operación”. Melo, en su declaración ante la SIC, dice que María Victoria Guarín, la esposa de Diego, “es una persona con la que uno puede hablar” y a la que “se le puede decir con tranquilidad: mire, estas son nuestras expectativas”. Como si lo anterior fuera poco, Episol, una empresa del Grupo Sarmiento que es socia de Odebrecht en el Consorcio Ruta del Sol, fue condenada judicialmente en diciembre de 2018 dentro de la acción popular que interpuso la Procuraduría de Fernando Carrillo por haber pagado sobornos a cambio de que se les adjudicara la Ruta del Sol 2. El Tribunal de Cundinamarca, en una sentencia histórica, condenó a esa empresa del Grupo Sarmiento a pagar una indemnización al Estado equivalente a 800.000 millones de pesos y le impuso una inhabilidad de diez años para contratar. Ese tribunal reiteró lo que ya se había dicho en la condena penal a Melo: que la coima se pagó proporcional a su participación dentro del Consorcio, es decir, dos tercios por Odebrecht y un tercio del Grupo Sarmiento, como también lo sostiene la SIC. Tampoco hay que olvidar que el Tribunal Arbitral que dirimió los conflictos entre el Estado y la Concesionaria declaró la nulidad absoluta del contrato y le negó al Grupo Sarmiento sus millonarias pretensiones económicas, por cuenta de la existencia de dichos sobornos. Por eso, aunque se insista en reencauchar una vieja historia según la cual Sarmiento Junior nunca supo de la coima, lo que queda claro de acuerdo a lo resuelto por varias entidades estatales es que José Elías Melo, siendo presidente de Corficolombiana, pagó parte de la coima no con dineros propios sino con el dinero del consorcio en el que el Grupo Sarmiento era socio de Odebrecht.

El fiscal Hernández puede decir hasta misa en su respuesta a un simple derecho de petición, pero no puede borrar ni el laudo arbitral, ni las investigaciones de la SIC, ni la sentencia del Tribunal de Cundinamarca. Y en todas ellas el Grupo Sarmiento aparece directamente vinculado y no propiamente como una víctima de Odebrecht.