Comienzo aclarando que es una realidad que el país tiene que transitar a la generación mayoritaria de energías limpias. La transición energética no solo es un ideal, sino una obligación en la que está de por medio, nada más y nada menos, que la preservación misma del planeta.

Pero una cosa es una política de transición energética, en la que Colombia tiene que trabajar, y otra una política de irresponsabilidad energética, como la que adelanta el Gobierno nacional.

Desde el primer día del mandato de Gustavo Petro se anunció que este Gobierno no firmaría nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. El presidente y la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, reiteraron una y otra vez que el país solo seguiría adelante con la ejecución de los contratos de explotación que se encontraba vigentes, pero que no habría nuevas apuestas de exploración.

No habían pasado los primeros meses de gobierno con la activista ambiental Irene Vélez a la cabeza del Ministerio de Minas, cuando las voces expertas empezaron a insistir en una posible crisis energética del país, si se persistía en la terquedad de no buscar nuevos yacimientos de petróleo y gas. Fue entonces cuando la ministra Vélez desestimó las proyecciones de los expertos y dijo en Davos que Colombia tenía reservas suficientes de gas hasta el 2037.

El presidente Petro la apoyó y ratificó que con los contratos actuales había reservas de gas “hasta el 2037 o 2042. Tenemos suficiente tiempo de consumo interno para hacer una transición planificada y ordenada”, dijo el presidente.

Pero esto no era así. En el informe de reservas del país a cierre del 2023, las reservas probadas de petróleo sumaron 2.019 millones de barriles, es decir, 2,6 por ciento menos que los 2.073 millones de barriles que se disponían un año antes. Esto llevó a una reserva probable de solo 7,1 años.

Lejos de tomar medidas para estimar la producción de gas y crecer en el número de reservas probadas, el Gobierno se empeñó en frenar todos los pilotos de fracking y en ralentizar el desarrollo de los proyectos de yacimientos de gas, especialmente de los proyectos off shore.

El pasado viernes, Ecopetrol anunció que suspendía de forma temporal el suministro de gas natural a empresas distribuidoras, para destinar este gas a las plantas termoeléctricas que se encargan de producir energía eléctrica en Colombia.

Esta situación se genera por la intensa sequía que se vive en el país y que ha llevado a que el nivel de los embalses en Colombia esté en límites críticos. La decisión de Ecopetrol afecta a 13 empresas que tenían contratos con firmeza condicionada, es decir, compañías que no tenían un seguro para contingencias de escasez como la que enfrenta el país.

Lo que estamos viviendo hoy es la muestra de que el sector de gas natural en el país no cuenta con las suficientes fuentes de producción, por la decisión del Gobierno de frenar la exploración de proyectos de gas y petróleo y suspender los pilotos de fracking. Y, por supuesto, de no generar ningún impulso real a proyectos de energías alternativas, como los parques eólicos y solares, que siguen enredados en los lentos procesos de licenciamiento ambiental y consultas a las comunidades.

Con el nivel de los embalses en límites críticos y la realidad de las bajas reservas de gas, el miedo ahora es que esta situación pueda llevar en algún momento no solo a un racionamiento de gas, sino a un racionamiento energético. Y este futuro no es improbable.

Según reporta el diario El Tiempo, los analistas de XM han manifestado que para evitar el racionamiento en 2025 los proyectos de generación y transmisión eléctrica deben entrar a operar de una vez por todas sin importar las tecnologías que se empleen. “Se necesita diversificar el parque de generación eléctrica, es decir, hoy más que nunca se requiere que entren en operación los proyectos eólicos, pero también que los proyectos hidráulicos y térmicos puedan contar con incentivos para operar”.

Pero bien lejos de que el Gobierno aliente esta solución, la reforma tributaria que se tramita en el Congreso establece una mayor carga tributaria para el sector minero-energético, de tal forma que desde este sector se ha advertido que la nueva carga impositiva, sumada a la ya creada en la anterior reforma tributaria, hará muy difícil para estas empresas ser competitivas a nivel internacional. Así mismo, será muy difícil incentivar la inversión.

Esta es la consecuencia de haber pretendido manejar un sector bajo criterios ideológicos y no técnicos. Es el resultado de haber pretendido una transición energética sin ninguna planeación y de haber obrado de forma completamente irresponsable, pensando en mundos ideales y no reales y desde el egoísmo de pretender imponer una visión ideologizada, sin atender las verdaderas necesidades de todo un país.

Como si fuera poco, desde marzo de este año, el Gobierno no paga el subsidio al gas licuado de petróleo, que es aquel que se vende en cilindros. Por cuenta de esta situación, el valor del cilindro de gas pasará de 40.000 a 80.000 pesos, lo que significa que más de un millón de familias de los estratos más bajos y de las zonas rurales se verán obligadas a volver a cocinar con leña.

Es claro que la política minero-energética de este Gobierno no es más que la fórmula perfecta para el desastre.