Esta semana se conoció la condena al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Camilo Tarquino como parte del llamado cartel de la toga. Tarquino fue condenado en primera instancia a seis años de prisión por ser parte de una red criminal que alteraba fallos judiciales, desviaba investigaciones y engavetaba procesos contra congresistas, gobernadores y altos funcionarios a cambio de dinero. El más bajo hecho de corrupción en la Justicia del que los colombianos tengamos memoria.
El nombre de Camilo Tarquino se suma al de Francisco Cifuentes, Leonidas Bustos y Gustavo Malo en la lista de exmagistrados que extorsionaban a investigados desde el más alto escalón de la Justicia, en una red de la que, además, fueron parte el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Pinilla y otros magistrados auxiliares y fiscales de menor rango.
Este actuar criminal quedó al descubierto cuando el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, procesado por haber desviado recursos del sistema de regalías mediante la falsa atención de pacientes de hemofilia, denunció ante las autoridades de los Estados Unidos, en el 2017, que el fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, le había pedido en Miami primero un pago de 10.000 dólares y luego otro de 30.000 dólares para desviar la investigación por este robo de los recursos de Córdoba, que se estima cercano a los 10.000 millones de pesos.
Lyons narró a la Justicia que no solo él, sino el exsenador Musa Besaile, a quien se investigaba por parapolítica y también por corrupción en Córdoba, le habían pagado al exfiscal para embolatar las investigaciones en su contra. La colaboración de Lyons llevó a que Gustavo Moreno fuera capturado y confesara que de esta red eran parte también los exmagistrados Ricaurte, Tarquino, Bustos y Malo. A su vez, se conoció que también habrían pagado sobornos el exsenador Álvaro Ashton y el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.
Estos exmagistrados pervirtieron al más alto tribunal de Justicia con peticiones de sumas de miles de millones de pesos, llevando la dignidad de la magistratura al mismo nivel de una empresa criminal.
Además de los ya mencionados, como parte de esta misma red de corrupción han sido condenados también el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz, el exfiscal Alfredo Bettin y el abogado Leonardo Pinilla.
La sentencia de Camilo Tarquino parece poca. Seis años para alguien que llevó la honorabilidad de la Corte Suprema al rango de mafia no refleja el daño hecho a la credibilidad de la Justicia. Francisco Ricaurte fue sentenciado a 19 años de prisión, monto que se redujo a 16 años en la segunda instancia. Además, fue expulsado de la Judicatura a través de la revocatoria de su tarjeta profesional de abogado.
El exmagistrado Gustavo Malo fue capturado en el 2019 y condenado en el 2021 a nueve años y medio de prisión. Se comprobó que Musa Besaile le pagó 2.000 millones de pesos para desviar su investigación por parapolítica, al igual que Álvaro Ashton, que le pagó 200 millones para que no le abrieran investigación formal también por parapolítica. El exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno fue condenado a cuatro años de prisión, pena que ya cumplió y por la cual se le otorgó la libertad en octubre del 2022. Hoy es el jefe de contenidos del portal de noticias Nación Paisa.
El exmagistrado Leonidas Bustos ha logrado burlar la justicia hasta hoy. Tiene vigente una orden de captura, que no ha podido hacerse efectiva, pues se encuentra prófugo en Canadá.
Da asco ver las fotos de todos estos exmagistrados hoy condenados recibiendo condecoraciones, luciendo sus togas, posando con una falsa dignidad frente a su Corte. ¡Qué cinismo el de estos hombres!
La condena a Camilo Tarquino parece marcar el inicio del cierre del llamado cartel de la toga. Y, aunque se conocieron los nombres de los magistrados y funcionarios que formaron parte de este entramado de corrupción, el país se quedó sin conocer la totalidad de congresistas, gobernadores y altos funcionarios que pagaron por sus favores corruptos. ¿Quiénes, por ejemplo, están libres hoy gracias al actuar delincuencial de estos magistrados, que debieran estar en la cárcel? ¿Qué bienes fueron comprados con los dineros recibidos por estos sobornos, que hoy forman parte del patrimonio de los exmagistrados corruptos o de sus familiares? ¿Esta red de corrupción de la Justicia se limitó a estos implicados o existen actualmente funcionarios en tribunales superiores de justicia, juzgados y despachos que actúen de la misma forma?
El cartel de la toga es la mayor vergüenza que ha sufrido la Justicia en Colombia. No se trató solo de un par de funcionarios sin escrúpulos que se aprovecharon de su posición para alterar procesos y desviar investigaciones contra funcionarios tanto o más corruptos que ellos. Se trató de haber minado para siempre la fe de los colombianos en sus tribunales. De enviarle al país el mensaje de que su Justicia no era confiable, pues en Colombia los fallos se podían negociar. Fue demostrar que la corrupción está tan metida en el ADN nacional que hasta los más altos funcionarios eran comprables.
La red criminal que se tejió a la altura de la Corte Suprema fue un disparo al alma de la confianza institucional del país. Y un país que no puede creer en su Justicia es un país cercano a la barbarie. Este capítulo de corrupción no puede pasar como uno más. Debe quedar vivo en la memoria de los colombianos como la muestra del momento en el que la Justicia tocó fondo y como un recordatorio de lo que jamás podemos volver a permitir que suceda.