Afortunadamente para el país, Oscar Iván Zuluaga no logró posicionarse dentro de las “justas proporciones” de la corrupción en Colombia, realidad que se inmortalizó con una frase bastante polémica del expresidente Julio César Turbay en medio de la campaña presidencial del 78. Los audios entregados a la Fiscalía dejan al excandidato presidencial muy mal parado frente a las autoridades y frente a la opinión pública, a las que siempre les negó saber de la entrada de los dineros de Odebrecht.
El descaro del impoluto Zuluaga no solo fue tratar de presuntamente ocultarle al país la financiación ilícita dentro de su campaña sino también de haberse presentado en las elecciones presidenciales pasadas como si nada de esto hubiera pasado. No hay derecho de que, supuestamente conociendo la verdad de los dineros sucios que se movieron a su favor, se haya vuelto a presentar una vez más en 2022, especulando que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Su cinismo deja mucho que desear.
Casos como este son los que avivan el rechazo de la población hacia la política. Lastimosamente, los escándalos de corrupción se fundamentan en la tergiversación de prioridades. Max Weber hablaba de vivir “para” la política o vivir “de” la política. Indudablemente, quienes se dediquen al servicio público tendrán que ser remunerados, pues es un trabajo. No obstante, la finalidad no puede ser dirigida para bienes personales sino para bienes comunes. Pero, cuando la corrupción se asoma, el egoísmo de quien la acepta se acomoda y cualquier buena intención se tuerce de ahí en adelante.
Una vez descubierto el engaño y la mentira no hay forma de escudarse en la excusa de que en todo caso fuera a sus espaldas, como descaradamente el expresidente, Ernesto Samper, se lavó las manos frente a los dineros del narcotráfico en su campaña.
¡Qué asco!
Ahora bien, este no ha sido el único caso en el que la empresa brasileña haya dejado rastro de su corrompida presencia. La exministra de Transporte del Gobierno de Santos, Cecilia Álvarez, fue señalada por la Fiscalía de presuntamente aprovechar su puesto en el Ejecutivo para beneficiar sus intereses personales por medio de la obra de la Ruta del Sol II, adjudicada a Odebrecht.
La adición del tramo Ocaña-Gamarra es la que tiene a la exministra Álvarez contra la espada y la pared, debido a que colaboró para favorecer los intereses económicos de su pareja, la exministra Gina Parody. Ese tramo adicional tendría un acceso directo a la terminal en Gamarra, que iba a entrar en funcionamiento. La Fiscalía afirma que, “es evidente el interés particular en el caso”. Vuelve y juega el ciclo vicioso de utilizar el poder político para auto servirse: ¿hace parte de los impolutos?
Asimismo, el contrincante de Oscar Iván Zuluaga, y su colaborador más cercano, Roberto Prieto, no se quedan por fuera del club. La campaña del expresidente Juan Manuel Santos también ha sido señalada de tener la marca de la bestia de la corrupción en Latinoamérica. Sin embargo, la quietud frente a estos señalamientos y denuncias ha sido bastante particular. Pareciera que un muro de contención obstaculizara el esclarecimiento de la verdad sobre el posible uso de dinero sucio.
En un audio, al estilo de los de Zuluaga, se escucha a Santos reaccionar con sorpresa al enterarse, por boca de Prieto, que Odebrecht había aportado 400.000 dólares en afiches para la campaña de 2010, cifra que no se reportó en las cuentas. La polémica no solo queda en este audio. En una entrevista con Blu Radio, Prieto reconoció la entrada de esos dineros. ¿Estas confesiones no están del mismo calibre que las de Zuluaga?
Por ahora, muchos han podido gozar de la impunidad, aunque la verdad de cada caso puede salir a la luz repentinamente, tal como le pasó al exmiembro del Centro Democrático.
Todos los mencionados en estos casos en algún momento, o todavía, han negado el conocimiento de corrupción dentro de sus proyectos. El cinismo de estos politiqueros ha sido vergonzoso. Algunos han gobernado, otros lo han intentado, pero todos han dado presuntos indicios de que han usado los mismos medios. El club de los impolutos no tiene tinte político. Han demostrado que su preocupación más grande es encontrar la forma de ayudarse, de salvarse, mientras usan a la gente con falsas esperanzas de progreso y transparencia.
¿Hasta cuándo, Colombia, te faltarán el respeto? Los jueces tienen la última palabra: no le fallen a los colombianos que esperamos la verdad sin importar la orilla política de los acusados.