Una eventual elección de Álvaro Uribe Vélez como senador –que se da por descontada- trae un elemento central de intriga: ¿en qué situación de inmunidad o de vulnerabilidad quedaría ante la justicia en caso de que decidiera descender de la majestad de expresidente de la República a la condición ya más terrenal de congresista? Como se sabe, la Constitución establece que Uribe responde solamente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por los delitos que hubiera podido cometer no sólo como presidente, sino de ahí para atrás. En otras palabras, está blindado por el fuero presidencial, que lo protege de ser juzgado tanto por las chuzadas del DAS o los falsos positivos (a cuyos presuntos autores él considera perseguidos por la Fiscalía y “héroes de la patria”), como de acusaciones por delitos cometidos en años anteriores, entre estas la de haber integrado un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, siendo gobernador de Antioquia. Es cierto que en caso de ser elegido senador Uribe no perdería esa inmunidad, pero también lo es que a partir del 20 de julio de 2014 quedaría como aforado de la Corte Suprema de Justicia en lo penal, y del Consejo de Estado en lo disciplinario, así como de los organismos de control, en particular la Procuraduría y la Contraloría General de la República. Estos serían entonces sus nuevos jueces naturales, si como senador cometiera alguna conducta en contra de la ley. Ahora bien, un elemento de incertidumbre aparece al considerar que unas son las leyes hoy, y otra la interpretación que se les pueda dar mañana. Es conocido por ejemplo el caso de los senadores y representantes que durante el primer gobierno de Uribe eran llamados a juicio por parapolítica y de inmediato renunciaban a su curul (y por ende al fuero) para evitar ser juzgados por la Corte Suprema, hasta que esta comenzó a notar que los que se acogían a la justicia ordinaria se daban sus mañas para torcerle el cuello al castigo, y decidió cambiar de jurisprudencia, y el resultado fue que muchos parapolíticos no lograron ‘coronar’ la impunidad que estaban buscando. Esto significa que en sus relaciones con la justicia a Uribe le convendría más conservar ‘prístino’ su fuero presidencial, que quedar expuesto como senador a nuevos jueces. Se trata muy seguramente de un escenario que el propio Uribe y/o sus asesores ya han contemplado, y ese sería el motivo por el cual viene tomando fuerza el rumor según el Álvaro Uribe sí iría como cabeza de su propia lista al Senado, pero que después de hacerse elegir y haber conformado mediante ‘arrastre’ su propia bancada, no se posesionaría. En las filas del Centro Democrático los cálculos más optimistas hablan de que pondrían entre 20 y 25 senadores, pero un cálculo más real los ubica entre 8 y 10. En cualquier caso, se trata de un importante capital político que podría conquistarse relativamente fácil, con solo ponerle como rótulo a la fachada de esa empresa electoral el nombre de Álvaro Uribe. Esto es algo que sus electores no saben ni intuyen, pues nadie votaría por un candidato del que ya se sabe no se posesionará, a no ser que forme parte de la lista de cómplices de la artimaña. Y es que, no nos llamemos a engaños: que Uribe esté pensando en prestar su nombre y luego retirarse, con el único propósito de conformar su equipo de choque en el Congreso, eso no puede recibir otro nombre que el de artimaña. Algo que por supuesto no sería motivo de estupor general, pues se ajusta al modus operandi que imperó durante su administración, el del ‘todo vale’. Es posible que yo esté equivocado en mi apreciación, pero habría un modo de salir de toda duda: consistiría en encontrar un político rival (o incluso un adepto suyo convencido de que esto es una falacia) que reclame de Álvaro Uribe una declaración pública mediante la cual se comprometa a que, en caso de ser elegido senador, se posesionará y permanecerá en el Congreso hasta el final de la legislatura. ¿Alguien se le apunta? @Jorgomezpinilla