El sentido común nos advierte que no puede haber persona con cinco dedos de frente que se atreva a defender a quien en su condición de comandante de las Fuerzas Militares –la más alta dignidad dentro del Ejército- le dijo al coronel Robinson González del Río, detenido por crímenes de lesa humanidad mal llamados falsos positivos: “hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada". Pues aunque usted no lo crea, esa persona sí existe, y ostentó a su vez la más alta dignidad a que se puede aspirar: la de presidente de la República de Colombia. Estamos hablando por supuesto de Álvaro Uribe Vélez, y esto fue lo que dijo el pasado viernes 21 de febrero durante correría electoral por El Carmen de Bolívar: “(Santos) juega con el honor de las Fuerzas Armadas; así como jugó con el honor del general Barrero, también ha jugado con otros generales”. Aquí hay una aberrante deformación de la realidad que requiere ser denunciada, pues es obvio de toda obviedad que quien deshonró la alta majestad de su cargo fue el general Barrero al proponerle a un reo de la justicia crear estructuras mafiosas para atacar precisamente a los encargados de administrar justicia, o sea que no tiene asidero alguno pensar que por haberlo retirado, Santos lo deshonró. Con dicha declaración Uribe pretende poner de su lado no sólo al sector ‘mafioso’ del Ejército sino a toda la oficialidad, cuando dice que además de Barrero “también ha jugado con otros generales”. Esto –además de configurar eventual delito de injuria- tiene un claro propósito subversivo y desestabilizador, pues apunta tanto a quebrantar las instituciones como a minar la moral de las tropas, en la medida en que siembra la desconfianza en su Comandante en Jefe. Lo asombroso es que ni la opinión pública ni el mismísimo presidente Juan Manuel Santos parecen percibir la magnitud de tan perverso propósito, como si todavía estuviéramos padeciendo los efectos del cloroformo mediático aplicado durante ocho años de seguridad democrática. Sea como fuere, es importante prestarle atención al modo reiterado en que Uribe viene posando de defensor a ultranza del supuesto honor ultrajado del estamento militar, pues allí podría estar germinando la semilla de su propia destrucción. Si se quisiera encontrar un hilo conductor entre el coronel González y el defenestrado comandante de las Fuerzas Militares, salta como liebre tras la espesura el tema que ya se mencionó arriba: los falsos positivos. Según la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General (El Espectador, febrero 19 del 2014) actualmente son investigados 4.173 militares por su presunta participación en más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales. De estos casos 401 son oficiales, 823 son suboficiales y 2.908 eran soldados cuando ocurrieron esos crímenes. Es tan alto el número de acusados, que parece concederle la razón al informe de las Naciones Unidas que con fecha mayo 25 del 2010 habló de “un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”. Así las cosas, no resulta creíble escudarse en que se trató de casos aislados o de “manzanas podridas”, pues se hace incomprensible que nadie en ninguna brigada hubiera percibido el hedor que expelía tal cantidad de frutas en descomposición, o que en caso de haberse detectado no se hubieran aplicado correctivos. Más sorprendente aún es la actitud que ha mantenido el expresidente Álvaro Uribe, quien al momento del destape de los falsos positivos revirtió la culpa sobre las víctimas (“esos muchachos no estaban recogiendo café”), y desde entonces no sólo ha querido minimizar la magnitud de semejantes prácticas genocidas, sino que nunca ha dejado de insistir en que sus autores son “héroes de la patria” y “perseguidos por la Fiscalía”. Lo revelador –en coincidencia con Uribe- de las conversaciones entre el coronel González y el general Barrero, es que cuando se habla de montar una mafia para denunciar fiscales lo que se pone en marcha es una persecución sistemática contra la Fiscalía, a modo de asegurar la impunidad de las acusados, como en la práctica se ha visto. Si de coincidencias se ha de hablar, llama también la atención que –según las conversaciones reveladas por La FM de RCN- la misma jueza Carmen Johanna Rodríguez que liberó a Luis Carlos Restrepo era la que le hacía los “cruces” al coronel González y en cada conversación le mandaba apasionados “besitos” y lo trataba de “su señoría”. Esta, digámoslo sin ambages, era dentro del aparato judicial la ‘ficha’ que tenía el aparato militar para garantizar que el oficial se moviera a sus anchas tras el objetivo de torcerle el cuello a la justicia. No entraremos a dilucidar una tercera coincidencia, como es que cuando la jueza citada le levantó la orden de detención al excomisionado Restrepo (acusado ya no de falsos positivos sino de falsas desmovilizaciones) se logró el propósito de torcerle el cuello a la justicia. A donde queremos apuntar es a que en todo este entramado de cosas raras generadas desde el estamento militar, que huelen a ‘olla podrida’ e incluyen chuzadas hasta a conversaciones privadas del presidente Juan Manuel Santos, un único beneficiario sale a relucir: Álvaro Uribe Vélez. Si con lo de los falsos positivos los oficiales al mando de las distintas brigadas se creían con licencia para matar a jóvenes indefensos “a lo largo del país”, con sus actuaciones y declaraciones el expresidente Uribe hoy se sigue creyendo con licencia para injuriar a todo el que se le atraviese. Y para confundir, por supuesto, pues es el único recurso que le queda para asegurar la impunidad de unos acusados que, en caso de que las cosas no les salgan como pretenden, podrían abrir la boca. Este es, entonces, el motivo por el cual los centenares de oficiales detenidos por falsos positivos siempre han gozado de tantos beneficios y gabelas en sus sitios de reclusión: porque donde lleguen a hablar, a su otrora todopoderoso ex Comandante en Jefe se le viene la estantería al piso. A lo que más le teme Uribe, en últimas, es a que se conozca la verdad. En Twitter: @Jorgomezpinillajorgegomezpinilla.blogspot.com