Faltaba. El reciente debate del representante del partido Dignidad por Antioquia, Jorge Gómez Gallego, sobre los desarrollos y estado de las vías 4G, programa de infraestructura que inició en 2014 el Gobierno Santos-Vargas Lleras. El actual, de Iván Duque, se comprometió a “8 autopistas que entrarán en etapa de operación y mantenimiento, vamos a dejar al finalizar el cuatrienio 13 autopistas con más del 50 % de avance y reactivadas los 8 restantes, para completar las 29” (PND-ANI, 2018).
El documento Conpes 3760 de 2013 le fijó los lineamientos, que abarcó al final 30 proyectos de iniciativa pública y privada y estableció que: “Los choques de inversión en infraestructura tienen un efecto multiplicador de 1,7 en el PIB, para todo el periodo”. Pasar así de crecimientos de 4,6 por ciento en 2012 al 5,1 en 2022 y 5,3 para 2024, y que los empleos serían entre 180.000 y 450.000. ¿Cuál es la realidad años después? Entre 2014-2019, antes de la pandemia y cuando hubo más inversión 4G, el crecimiento promedio del PIB fue 2,81 por ciento y a marzo de 2021 los ocupados directos e indirectos eran 140. 000 (ANI).
¿Por qué el chasco? Gómez lo dijo: “El modelo adelantado no fue de desarrollo, sino de utilidades”. Esa “locomotora”, antes de sacar al país del puesto 79 en el mundo en infraestructura de transporte en 2010, tuvo como propósito central garantizar el cierre financiero, la óptima rentabilidad con plenas salvaguardias a todos los inversionistas, proteger la cacareada confianza. En 2019 cayó al 81 (Foro Económico Mundial).
Se eliminó el riesgo “comercial, cambiario, predial o por los reparos de las comunidades”, un negocio de “burro amarrado” completado por vigencias futuras del Presupuesto y en el recaudo por peajes, asegurando, pase o no, el tráfico esperado según un balance cada ocho años. Por peso invertido del constructor, el Estado pone 3,65. Por uno en crédito, aporta 1,99 y, en general, correrá con 35 por ciento del valor de la operación y mantenimiento del programa. En pesos constantes de 2021, el costo total será 105 billones de pesos; el flujo de caja 137 y en la pandemia se reconoció 100 por ciento del hipotético tráfico que habrían tenido, una ganga. ¿Cuántas veces se pagará este filón? (A. Trigos, 2022).
Beneficiarios de la adjudicación de la piñata fueron consorcios constructores y conglomerados financieros locales y extranjeros. El Grupo Solarte, señalado por corruptelas, recibió cinco vías, costeado por Bancolombia y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC), o el Cóndor otras cinco con plante de Davivienda y Goldman Sachs, o la española Sacyr con cuatro, respaldada por JP Morgan, Sumitomo y Black Rock, o el Grupo Aval, que recibió seis, de ellas cuatro para su billetera junto con bancos franceses e IFC y dos más, una en asocio con Florentino Pérez, en inversión conjunta con Capital Credicorp o el GEA, que con Odinsa tiene dos concesiones apalancadas con Sura, Bancolombia e IFC, o tres al Consorcio Mario Huertas-Meco, firma de Costa Rica cuyo dueño, Carlos Cardas, está preso por corrupción, fondeado por Goldman Sachs, bonos y banca de Centroamérica. Apoyadas en recursos públicos, las vías 4G son fuente de lucro con tasa interna de retorno entre 8 y 9 por ciento (Saqueo, págs. 587-594).
Se adueñarán de las vías a 25 y hasta 39 años. En comparación con Ecuador, donde por cada dólar en peajes en la carretera Guayaquil-Quito se recorren 174 kilómetros, aquí, en Neiva-Girardot apenas 16,5 o 22,1 en Pacífico I (Saqueo, pág. 600).
Las 4G no están libres de corrupción. Fuera del antecedente 3G de Ruta del Sol II con Odebrecht, el Grupo Solarte en la vía Pamplona-Bucaramanga presenta avance solo de 12 por ciento y en la Popayán-Santander de Quilichao de 0 por ciento y “ningún proceso sancionatorio o de caducidad” (G. Vargas, El Tiempo). O la ruidosa denuncia de Gómez Gallego de la Caribe 2, sobre el mismo trazado de la anulada Caribe 1, donde participó con KMA, concesionario con dudosos socios, “en alguna etapa de la presentación y evaluación de la iniciativa privada”, el exviceministro García Morales, condenado por sobornos de Odebrecht. O la expedita venta de la Ruta Costera Cartagena-Barranquilla, por Huertas, Colpatria y Meco a ISA, antes que Ecopetrol adquiriera la transportadora de energía.
El perfeccionista Duque no cumplirá con el enunciado del Plan Nacional de Desarrollo ni menos con la promesa de entregar 20 vías al final del mandato (Forbes, 2020). A estas alturas, son cinco las finalizadas; otras cinco en más del 90 por ciento; 11 entre el 50 y el 90, y nueve en menos de la mitad de adelanto. Dolido, Vargas Lleras inquirió: “¿Y en qué terminará el compromiso sobre la entrega de 20 concesiones 4G el 7 de agosto? Me temo que en nada” (El Tiempo). De remate, la sentencia de Gómez Gallego: “Concesiones 4G: saqueo y corrupción”. Verdades.