En respuesta a Juan M. Caicedo en la edición 2083 de SEMANA, quien se quejó (SEMANA, n.º 2082) de que yo había puesto “en entredicho” y tendido “manto de duda” sobre el “virtuoso modelo” cuando escribiera sobre “Verdades 4G” (SEMANA, n.º 2081), advertí que ahondaría en el análisis y anuncié el capítulo “Verdades IP”.
Las concesiones viales de los años 90 y la primera década del siglo XXI fueron problemáticas. Según la Ocde, entre 1994 y 2010 seadicionaron 25 contratos, 430 veces, con un costo de 5.600 millones de dólares y 131 años de más en el término concesionado. ¡Escándalo! (Saqueo, págs. 579-580). Sobresalen Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) del Grupo Solarte, Bogotá-Los Alpes, Bogotá-El Vino, Autopista del Café y Ruta Caribe 1. Para corregir el estropicio se expidió la Ley 1508, que reemplazó al putrefacto Inco por la ANI y creó los contratos de cuarta generación (4G), los que, se aseguró, erradicarían los torcidos contratos a perpetuidad.
Hecha la ley, hecha la trampa. La 1508 dejó la posibilidad de contrataciones expeditas en forma de alianzas público-privadas de iniciativa privada (IP). En efecto, después de la adjudicación de las primeras 20 vías 4G, vino un diluvio de 10 IP cuando un club de prestantes constructores se hizo adjudicar concesiones que en realidad fueron extensiones de las que tenían. “Vuelve el pollino al trigo y la mula a la cebada”.
Un recuento de casos evidenciará que los añadidos se pactaron en detrimento del erario y del bolsillo de los usuarios. La IP Antioquia-Bolívar, premio a Constructora Cóndor, con ocho peajes y cinco de ellos en Córdoba, salió de la contraprestación de la fallida Cesar-La Guajira, por la rebeldía de la población contra las casetas de peaje, y luego de que la ANI pagara 120.000 millones de pesos por indemnización.
A los concesionarios de la autopista Norte en Bogotá, MinCivil, se les alargó desde la calle 220 hasta La Caro y la variante Chía y, también para MinCivil, en el Valle de Aburrá, la que iba de Bello a Don Matías se estiró hasta el Alto de Dolores con el rebautizo de Vías del Nus.
A Odinsa le añadieron un anillo vial alrededor de Villavicencio y la mejora de la vía a San Martín, a lo que ya tenían hasta Puerto Gaitán, para crear la malla vial del Meta. Aun así, insatisfecha, acudió a un tribunal que, en su contra, exigió cumplir con la inversión comprometida y la ANI entonces facilitó un rediseño con bajo “riesgo de tráfico”. A Aval se le “reconcesionó” el tramo Bogotá-Villavicencio, que explota desde 1994 y empata con otra 4G de su portafolio, que va a Yopal.
La IP Caribe 2 es punto aparte. Favoreció a “Autopistas del Caribe”, que ya operaba Caribe 1, y cubre la misma ruta de la anterior (Cruz del Viso-Turbaco-Soledad). Se cobrarán 1,5 billones de pesos por construir menos de 100 km en terreno fácil, a razón de 15.000 millones de pesos por unidad, cuando el costo no debería superar los 4.000 millones, con un sobrecosto de 1,1 billones de pesos en total. La nueva concesión se otorgó contra la ley, ya que la primera no había terminado y cuando aún Gabriel García Morales, exviceministro de Transporte condenado por recibir 6,5 millones de dólares de Odebrecht, era gerente de KMA, socio mayor del concesionario. Vergüenza.
Colpatria y otra vez MinCivil (cero y van tres) cogieron más de la piñata. Les ampliaron Girardot-Espinal-Ibagué a Cajamarca, como en todas las IP, a dedo. De lo más colorido es Cambao-Manizales. Asignada a Mota-Engil, la portuguesa que debió construir 248 colegios, de los que entregó solo 17 (SEMANA, 19/9/2019). En asocio con varios, como Icein o Alicia Naranjo de Pinzón (Alca Ingeniería SAS), consuegra de Juan Manuel Santos, y exdirectora de Invías de Uribe (2003-2004), planeaba atravesar el Parque Nacional Los Nevados, un proyecto inviable por razón ambiental. Al final, se transó por el mantenimiento de la red vial del norte del Tolima.
Ciudades y regiones como Cartagena, Montería, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Villavicencio, Palmira y el Valle del Cauca o Córdoba quedan cercadas por peajes para favorecer el cierre financiero, en jugoso contubernio inversionista. Las rentabilidades programadas con los supuestos de recaudo de peajes y tarifas de los proyectos, y a los cuales se compromete la nación, son entre 11 y 14 por ciento real anual, durante toda la concesión.
Los bonos de financiamiento pagan 2 o 3 por ciento de interés por encima de los colombianos e internacionales con plazos comparables. Goldman Sachs los promueve, “son riesgo Colombia, con garantía de la nación, con tasas más altas”. Al convertir flujos a 30 años con tasas del 14 por ciento, en otros con tasas del 8, hay instantáneas utilidades de cerca al 30 por ciento del valor de la emisión, ¡sin trabajar! Vías IP, auténtico saqueo.