Tienen que irse ya. Si les queda un ápice de dignidad, deben abandonar el Senado. Su permanencia es insostenible. No solo por las acusaciones de cometer crímenes de lesa humanidad, de torturar a personas indefensas, de tratar a los secuestrados “como animales” y de cobrar rescates por cadáveres. También por mentir de manera descarada al país y a la propia justicia transicional que crearon a su medida.
Insultan nuestra inteligencia cuando leo, en la providencia de la JEP, que el secretariado no permitía ni sabía de secuestros de niños. Ni del maltrato que infligían a los cautivos. Si acaso, manifestaron, se trataron de “errores” de otros mandos.
Pues bien, senadores Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez: ustedes mienten y lo saben. Un solo caso basta para ponerles contra la pared. Y no alegue la viuda de Marulanda que no está implicada, todavía, en el caso 001. Es tan responsable de las atrocidades como los demás.
Retrocedamos al 12 de marzo de 2000. Nos encontramos en pleno proceso de paz del Caguán. Las Farc tienen secuestrados a una niña de nueve años y al pequeño Andrés Felipe, de tres. La abuela del bebé aparece en La noche, de Claudia Gurisatti, para rogar a Raúl Reyes que lo liberen. El comandante se incomoda, no esperaba el dardo certero. Responde lo que nos repetían a los reporteros cuando preguntábamos, por encargo de sus familiares, acerca de la suerte de un cautivo: “No conozco el caso, pero vamos a investigar”.
No solo no lo hizo sino que, en represalia por airear el caso, al niño lo tuvieron un año más en su poder. ¿Ahora van a jurar los tres senadores que no sabían? ¿Qué todo fue a sus espaldas? Se la pasaban en el Caguán y no hacían absolutamente nada por evitar tanta ignominia.
¿Tampoco se enteraron del niño de nueve años que secuestraron en Cali y permaneció nueve meses en cautividad? Bastaría reproducir su prueba de vida para que Lozada, Catatumbo y Ramírez agacharan la cabeza y salieran por la puerta trasera avergonzados. Con botas pantaneras y llorando, les dice a sus papás que está mal, que quiere volver con ellos. Obvio que si la cúpula del partido le regaló la curul de Iván Márquez al asesino de Bojayá, lo de ese infante les parecerá una nimiedad.
Cuando le reclamaba a Simón Trinidad por esos secuestros, solía contestarme, con su lógica perversa, que eran miles los niños que pasaban hambre. Como si los pequeños fuesen responsables de la sociedad inequitativa e indolente que creamos los adultos y fuese legítimo secuestrarles.
También encontré en el fallo otras clamorosas falsedades, y no por culpa de la magistrada Lemaitre. Punto 194: según exintegrantes de las Farc, la columna Jacobo Arenas era pobre, “no tenía cómo recoger finanzas”. ¿No les alcanzaba la plata de vacunas, narcotráfico y secuestros que recogían en el norte del Cauca?
Al leer la providencia de 322 páginas (¿recuerdan que la justificación de la detención de Uribe tenía 1.554?), queda la impresión de que en la JEP hay dos corrientes. Una independiente, sin sesgos políticos, que descubre que el agua moja. Lo hace con honestidad, con la sana intención de llegar a la verdad, pero como si antes de entrar a la JEP sus miembros hubiesen vivido en una burbuja y apenas ahora se enteran de los horrores de las Farc.
Su problema es que lidian con algunos excomandantes que siguen convencidos de que tenían derecho a “la rebelión armada”, a cometer graves delitos para alcanzar sus fines políticos y, ahora, a encubrir su barbarie con justificaciones lacerantes.
La otra corriente se podría bautizar como la cepedista, la que considera a Santrich una víctima. La que publica un comunicado, la misma semana en que anuncian lo relativo al secuestro, para difundir que el país inicia el año con más masacres que nunca porque no pueden soportar que el peso de la culpa recaiga solo en las Farc. En ese texto resulta curioso que no mencionan las siglas Farc, solo escriben: “disidencias” y “frente 3, que está bajo las instrucciones de alias Gentil Duarte”. Volviendo al fallo, no es cierto que haya sido el primero de la historia. El proceso con los paramilitares fue pionero, además encarceló a unos 2.000 mandos, cerró la puerta política a los excomandantes y sus aliados del Legislativo fueron procesados y condenados.
En todo caso, para el país es importante no tanto el contenido, que no revela nada que no supiéramos, puesto que han sido lustros escuchando, viendo y leyendo las atrocidades que padecían las víctimas de los secuestros. Lo significativo es que lleva la firma de la JEP y desacredita a quienes pretendían hacer creer que eran exageraciones de los críticos del proceso de paz.
Con la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad, “de torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”, ya no hay excusas que valgan. Senadores Catatumbo, Ramírez y Lozada: es una infamia que continúen en el Senado.