Años de insistir en que los animales usados en corridas de toros, corralejas y peleas de gallos sienten y sufren igual que nosotros, en que la violencia solo engendra más violencia, en que es necesario elevar los estándares culturales de nuestro país, y en que la ausencia del estado, reflejada en falta de oportunidades, no puede subsanarse con el pan y circo que se les ha dado a las poblaciones más olvidadas.
Sin embargo, es probable que tanta insistencia esté empezando a crear una atmósfera política favorable a los cambios que requiere Colombia, como dejar atrás actividades crueles con animales para darles cabida a otras formas de expresión popular y de dinamización de la economía. Pero estos cambios deben hacerse atendiendo las preocupaciones de quienes, por razones legítimas, han respaldado visiones contrarias a ellos. Pues si bien es cierto que al nuevo Congreso llegaron agendas emergentes, también lo es que los sectores conservadores y moderados siguen siendo la mayoría, y con ellos hay que construir la transición.
Además, esa insistencia y movilización de la opinión pública ha suscitado visiones jurídicas que respaldan los cambios que le proponemos a Colombia. Hace diez años no teníamos un mandato constitucional de protección a los animales que condicionara la libertad legislativa, mucho menos se hablaba de la sintiencia animal como atributo generador de obligaciones con los animales, ni se había planteado la posibilidad de regular manifestaciones culturales por ser contrarias a aquel mandato.
Hoy, en cambio, la Corte Constitucional ha llegado, incluso, a prohibir prácticas crueles con animales, como la caza y la pesca deportiva, por considerar que la diversión no es una razón constitucionalmente válida para causarles sufrimiento. Empero, también es claro que los procesos legislativos que busquen proteger a los animales e impliquen cambios económicos y culturales deben construirse con criterios de seguridad jurídica y garantías de derechos para las personas.
Por eso, ha llegado la hora de que avance el proyecto de ley que busca dejar atrás las corridas de toros, corralejas y peleas de gallos. Un proyecto que, primero, propone una progresividad de dos años –que es el tiempo que ha dado la Corte para diferir los efectos de sus sentencias en diferentes asuntos–, con el fin de no vulnerar el principio de confianza legítima y de hacer procesos responsables de concertación con el Gobierno y las personas que actualmente derivan su sustento de alguna de aquellas actividades.
Segundo, incluye todas las expresiones crueles que están cobijadas por el mismo paraguas normativo (Ley 84 de 1989) y constitucional (sent. C-666/10), en aras de no incurrir en un defecto de igualdad. La única actividad cruel con animales que no contempla este proyecto es el coleo, debido a su reconocimiento como deporte, lo que amerita otra discusión.
Y finalmente, propone exaltar y fomentar el folclore (la música, el vestuario, etc.) que es parte de estas actividades, con el fin de movilizar la economía y proteger las expresiones culturales asociadas a las prácticas crueles que buscamos prohibir.
Este martes, 6 de septiembre, tras una audiencia pública sobre el tema, se votará el proyecto de ley en la comisión quinta del Senado y confío en que avanzará. Lo acompañan sectores que se definen como progresistas, pero también congresistas de sectores tradicionales de la política que aman las regiones donde nacieron, conocen las necesidades de las gentes que las pueblan y coinciden en que ha llegado la hora de dejar atrás manifestaciones que si bien en algún momento cumplieron una función identitaria, hoy es preciso superarlas para avanzar.
Por supuesto, este impulso también requiere del apoyo ciudadano. Las voces de quienes están hartos del maltrato a los animales y entienden que solo seremos viables como sociedad, superando la violencia y las excusas que la han mantenido vigente, son el respaldo que, aún con vientos a favor de los animales, le dará a este proyecto la fuerza necesaria para surtir el largo trámite legislativo.