Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, seguramente se presentarán muchos cambios que afectarán de una u otra forma a la agenda internacional, agitando la geopolítica mundial y —en particular— influyendo sobre la guerra fría cuya segunda versión se encuentra en pleno desarrollo, en la que presenciamos la guerra comercial y observamos con preocupación que estamos al borde de una tercera conflagración mundial, debido a las capacidades de las armas de destrucción masiva que han desarrollado varios países, inclusive ‘estados tercermundistas’ y a la escalada terrorista de Oriente Medio.

Las relaciones de Estados Unidos con otras grandes potencias como Rusia y China estarán marcadas no solamente por la defensa de los intereses ideológicos del capitalismo y del desvalorizado socialismo, sino que tendrán el peso del ingrediente económico matizado por el desarrollo industrial y los avances técnicocientíficos, así como por los intereses expansionistas de estas dos potencias y su propósito de penetrar fuertemente en la economía y la política de países otrora altamente influenciados por Washington.

Existe una alta probabilidad de que los países de América Latina ocupen un capítulo importante en los intereses de Estados Unidos, pero especialmente en temas relacionados con el respeto a la democracia, la guerra contra los narcóticos, las migraciones ilegales, los tratados de libre comercio, el terrorismo, los recursos naturales y las violaciones a los derechos humanos tan frecuentemente denunciadas en países gobernados por regímenes de izquierda del vecindario.

El discurso conciliador de Maduro, con ocasión de la elección de Trump, muestra sin duda el temor que puede existir por la posible aplicación de fuerza con un componente multinacional para hacer respetar la voluntad del pueblo, que según ha demostrado la oposición, eligió al candidato Edmundo González y no al señor Maduro que quiere permanecer en el poder. Los acuerdos en temas de defensa firmados al año pasado con Irán, y los recientemente firmados con Rusia, seguramente los esgrimirán como disuasivo ante cualquier acción que se planee contra el régimen.

El mar Caribe cuenta con una esquina caliente donde están Colombia y Venezuela, dos países que por su situación geográfica, capacidades, economía, recursos naturales y los gobiernos de izquierda que los rigen, seguramente atraen la atención de la administración norteamericana, que además de la incertidumbre por lo que pueda suceder en enero de 2025 con la posesión del nuevo presidente venezolano, tiene otro ingrediente que podría inclusive conducir a un ‘bolívargate’ y está relacionado con la obstrucción a libertad de informar de qué trata el artículo 20 de la Constitución y la campaña de desprestigio denunciada en medios de comunicación, en que uno de los alfiles del gobierno, ‘el bachiller Bolívar’, “reconoció una campaña de desprestigio en contra de los medios de comunicación”, lo cual amordaza a la prensa y afecta las libertades de los ciudadanos.

El incremento en las áreas cultivadas de coca, la mayor producción de cocaína, la inseguridad reinante en todo el territorio, las fallidas negociaciones de paz con el ELN, la multiplicación de carteles de la droga, la pérdida de gobernabilidad en parte del territorio, la prohibición de exportaciones de carbón a Israel, la corrupción rampante y otros temas, seguramente estarán en la balanza cuando se hable de ayudas de Estados Unidos hacia Colombia.

Aunque con el cambio de rumbo en la orientación política de la superpotencia del norte soplarán mejores vientos para defender las libertades y la democracia, debemos despertar y concientizarnos de que Colombia peligra y que sólo la voluntad de los nacionales puede contribuir a sacar el país del abismo en el que nos están metiendo los mal llamados progresistas.

Debido a los desastres ocasionados por las lluvias en varios lugares del país, se ha declarado una situación de desastre nacional, lo cual permite —entre otras— mover recursos de cualquier entidad o proyecto para atender las emergencias y a los damnificados. Ojalá que estos recursos sean empleados juiciosamente para solucionar los daños causados y sean perfectamente auditados para que no vayan a parar a los bolsillos de delincuentes de cuello blanco, o sean destinados a la compra de votos para 2026.