“Correrá mucha sangre”, advierte el violentólogo Ariel Ávila, de Paz y Reconciliación, en una entrevista con Cecilia Orozco publicada en El Espectador. Habla de la campaña en curso para las elecciones del 27 de octubre y resume las informaciones escalofriantes que da su organización en su Tercer informe de violencia y mecánica electoral. De acuerdo con ellas, todos matan. Los unos y los otros, que son numerosos y variables no solo a escala nacional, sino en cada región y en cada pueblo. La “mecánica electoral” es la violencia.
“La violencia es otro mecanismo de competencia política en Colombia”, explica Ávila, y afirma que las docenas de asesinatos de candidatos a concejales, alcaldes y senadores cometidos en las últimas semanas han sido “instigados y pagados por alguien”: por rivales de campaña. Porque en la Colombia política casi unánime corrupta de hoy, todos esos cargos constituyen un botín de piratas. Un jugoso, precioso, pero costoso botín. Señala Ávila que el costo de las campañas electorales es de tal magnitud que hace casi obligatorio el saqueo de los dineros públicos por quien resulta elegido para manejarlos. “La (campaña para la) gobernación en La Guajira o Sucre puede costar dos o tres millones de dólares”, dice (y añado yo: tanto para quien la gana como para quienes la pierden por quedar de segundos o de terceros), que equivalen al triple de lo que legalmente gana un gobernador en sus cuatro años de poder regional. Y eso mismo se repite, guardadas las escalas, en las alcaldías de pueblos pequeños y de ciudades grandes. Así, un candidato a la alcaldía de Bogotá tiene derecho a gastar en los tres meses de su campaña la descomunal suma de 4.172 millones de pesos. Entre los cuatro candidatos que cuentan van a echar por el caño de la publicidad casi 17 mil millones. Como mínimo, si no violan los topes. No creo que en Bogotá se vayan a mandar a matar los unos a los otros, pero por las sumas proporcionalmente equivalentes de los 107 municipios que señala como “peligrosos” el informe de Paz y Reconciliación es muy posible que sí lo hagan los respectivos candidatos locales, sin temor. La impunidad de los asesinos es casi uno de los derechos humanos que contempla el desatinado funcionamiento de la justicia en Colombia.Ahora bien, la matanza puede ser peor si se fomenta desde las alturas. En 1945, cuando empezaba a desatarse la tremenda violencia liberal-conservadora, el entonces presidente encargado Alberto Lleras Camargo advertía en un discurso que lo que en el Parlamento de Bogotá o en los periódicos de las ciudades grandes eran meras palabras, en los pueblos de Colombia se convertía en balazos. El caudillo conservador Laureano Gómez amenazaba con “hacer invivible la República” hasta que cayeran los ateos gobiernos liberales. Hoy, Juan Esteban Constaín, en su libro sobre Álvaro Gómez, minimiza esa amenaza convirtiéndola en simple charla de pasillos sin consecuencias. ¿Sin consecuencias? Trescientos mil muertos.
Hoy, el senador Álvaro Uribe Vélez (que ha revelado encontrar inspiración ideológica en los textos de Laureano Gómez), le grita en el Congreso a su colega parlamentario y adversario político Gustavo Petro “¡Sicario! ¡Sicario! ¡Sicario!”. Porque no eran mera “imprudencia”, como cauta o generosamente calificaba Lleras Camargo las incitaciones a la violencia de los jefes políticos de entonces, de uno u otro partido. “La palabra imprudente –decía– del gobernante o de la oposición se vuelve un garrote en el villorrio, un duelo a machete en el camino rural”. Eran deliberada intención política: incitaban a la violencia para ganar las elecciones. Como ahora. Correrá mucha sangre.