La Fundación Paz y Reconciliación ha presentado el primer informe sobre la violencia política en el marco de las elecciones locales y regionales del próximo mes de octubre. Tal vez hay cinco grandes conclusiones. La primera es que se han presentado 42 hechos de violencia política electoral, que han dejado un total de 80 víctimas. A continuación, se muestra la gráfica de la evolución mensual de estos datos. Aclarando que se contabilizan desde octubre 27 de 2018, un año antes de las elecciones, hasta el 30 de marzo de 2019.   

La segunda conclusión es aún más impresionante, pues se deduce que los sectores más victimizados, son los sectores políticos en ascenso, es decir, la coalición de gobierno encabezada por el Centro Democrático con un 21, 2 por ciento de los hechos victimizantes y la coalición de oposición, liderada por el Partido Verde con un 31,2 por ciento de los hechos victimizates. Esto indica que las fuerzas políticas que resultaron ganadoras en las pasadas elecciones nacionales son las más agredidas. En tercer lugar, los hechos de violencia política se han presentado en 20 departamentos del país, tanto en zonas de posconflicto como en zonas con una estabilidad en la seguridad importante. Es decir, es un fenómeno que atraviesa todo el país. Lo cual, a su vez permite concluir que la violencia en Colombia es un mecanismo más de competencia electoral. A continuación, se ve el mapa de los hechos discriminados por partido.

En cuarto lugar, en el 80 por ciento de los casos los actores de cometieron los hechos no son identificados, en otros casos se hacen llamar Águilas Negras, organización criminal que no existe, no tiene mandos identificados, ni campamentos identificados en los últimos años, De hecho, este nombre o marca de Águilas Negras es utilizado para cubrir los verdaderos victimarios. Todo esto, lo que nos indica son al menos dos cosas. Por un lado, que no hay una estrategia o grupo que quiera masacrar una fuerza política en particular. Más bien, estos hechos obedecen a circunstancias locales, donde un grupo de políticos se resiste a perder el poder y contrata sicarios para asesinar o amedrentar la competencia política. Por otro lado, existe un mercado negro, muy grande, de mercenarios y actores criminales que prestan servicios de seguridad ilegal, y están a disposición de quien tenga dinero para contratarlos.   Por último,  tal vez la conclusión más reveladora es que en las regiones hay una crisis económica, la plata no está llegando a las campañas. Todo parece indicar que el caso Odebrecht le ha metido pánico a los empresarios y no quieren estar envueltos en escándalos. Esta crisis de financiación ha llevado a que en regiones como Córdoba el voto pasara de ser comprado en 140.000 pesos a 45.000. Así las cosas, esto puede llevar a tres situaciones. Por un lado, a que se infiltren recursos ilegales en compañas políticas, tal vez el norte del Valle del Cauca es el mejor ejemplo. En segundo lugar, que el saqueo a los recursos públicos se profundice y, por ende, los actores políticos que actualmente gobiernan tendrán las de ganar. Por último, si las dos anteriores situaciones no suceden, las fuerzas alternativas tendrían mucha oportunidad de ganar.    También se debe decir que el Estado colombiano ha hecho muy poco para investigar la filtración de recursos ilegales, para proteger actores políticos en riesgo y para identificar los actores criminales. Esperemos que este no sea el comportamiento de hoy hasta el mes de octubre.