Uno de los grandes retos de la pandemia fue impedir que nuestro sistema de justicia se bloqueara. A pesar de que algunos meses el servicio de justicia se paralizó por el aislamiento general, fue claro que la Rama Judicial y el Gobierno nacional hicieron grandes esfuerzos para que los despachos judiciales empezaran a funcionar desde la virtualidad. Lo mejor de todo es que, contra todos los pronósticos, esta gran apuesta ¡funcionó!

Es prudente reconocer y resaltar el esfuerzo de muchos jueces y funcionarios judiciales que asumieron con patriotismo el enorme desafío que recayó sobre sus hombros. Puedo dar fe de que muchos juzgados, a lo largo y ancho del país, para poder funcionar acudieron a sus propios bolsillos para sufragar computadores, escáneres, cámaras y hasta conexiones a internet. A todos ellos, un enorme ¡gracias!; su compromiso y sacrificio fue loable.

Muchos servidores judiciales convirtieron sus casas en despachos improvisados y sus cuartos de habitación en “archivo” para poder digitalizar los expedientes y administrar justicia cuando más se necesitaba.

El WhatsApp del secretario del Despacho se convirtió en la nueva baranda judicial. La operatividad era muy sencilla: enviarle un mensaje y esperar pacientemente a que el funcionario le resuelva dudas y peticiones menores que todo litigante tiene; muy “informal”, pero supremamente eficiente.

Incluso, me atrevo a aseverar que la justicia nunca había sido tan eficaz y operativa como lo hemos evidenciado en este último año. Procesos que podían tardar varios años y muchas visitas a los despachos, se resolvieron en sencillas, prácticas y eficientes audiencias virtuales.

Lo que se parecía eterno, en medio de la pandemia, lo pudimos hacer en minutos. Nos ahorramos cientos de toneladas de papel, ineficientes notificaciones y, lo más importante, horas y horas de interminables audiencias presenciales que en muchos casos solo servían para dilatar los procesos y esconder malsanas prácticas procesales.

Radicar tutelas y demandas, notificar procesos o aportar pruebas nunca fue tan fácil. Las filas en las oficinas de reparto e incluso en las fotocopiadoras de los despachos literalmente desaparecieron. Descubrimos que nuestra obsesión por los sellos y el papel era una tara mental y una costumbre que muchos se resistían a superar a pesar de su demostrada ineficiencia.

Hoy existen expedientes totalmente virtuales, ni una gota de tinta perdida, todo en la nube y nadie se ha rasgado las vestiduras; pensar en imprimir un expediente para leérselo es un pecado que las nuevas generaciones no están dispuestas a perdonar.

Asuntos como los ineficientes, inoperantes y ridículamente costosos exhortos judiciales (diligencias judiciales en el exterior), prácticamente desaparecieron. Muchas declaraciones de testigos y de las propias partes en los procesos fueron rendidas desde los lugares más recónditos del mundo, sin tener que acudir a las oficinas consulares en el exterior. Algunas de esas diligencias, antes de la pandemia, podían tardar años, incluso décadas, pero lo peor de todo es que normalmente quedaban mal practicadas y no servían para mucho.

Este particular fenómeno no solo obedeció a que los jueces literalmente se remangaron la camisa para hacer operativos sus despachos, sino a una serie de normas que desde sencillas medidas lograron lo impensable: modernizar nuestro arcaico sistema judicial. No se necesitaron grandes reformas fallidas, ni interminables códigos. Un simple y modesto decreto logró cambiar nuestra mentalidad frente a la administración de justicia.

Como todo no puede ser color de rosa, hoy debemos prender las alarmas para advertir que esa norma, el Decreto 806 de 2020, fue una norma de emergencia que dispone su propia extinción. Para nuestro pesar, solo estará vigente hasta junio de 2022 y su prórroga o formalización, mediante una norma más robusta y definitiva, se percibe tortuosa y lejana.

Es claro que una reforma a la justicia, que instituya de una vez por todas la virtualización del aparato judicial, no luce fácil de aprobar, en especial porque es un tema muy denso y se aproxima un año electoral.

Si en algo podemos aportar desde estas líneas es en clamar por un consenso para que este positivo ensayo normativo deje de serlo y se convierta en una realidad. Muchos están trabajando en ese propósito; los mejores deseos para que lo logren en beneficio de todos aquellos que necesitamos y dependemos de un sistema judicial eficiente.