Lo que no debe suceder es que el dinero de los animales se malgaste, o que lo que se construya sobre lo construido, como se dice ahora, no sean mejoras sustanciales o, peor aún, sea una reiteración de errores. La próxima alcaldía tendrá varios retos en este sentido. Entre otros: aumentar la inversión directa, hacer más eficientes los programas, desarrollar infraestructura para la protección de animales, garantizar la participación efectiva de los colectivos sociales y mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía. Primero, el gasto. El presupuesto del instituto en 2018 fue de 27.980.194 millones de pesos. De ellos, 5.220.465 millones fueron apropiados para gastos de funcionamiento, lo que representa un poco más del 18 por ciento. Aunque este no es un porcentaje exorbitante, el principio de economía en la función administrativa podría ponerlo bajo lupa. De hecho, el Plan de austeridad (Directiva presidencial 01 de 2016) fijó en el 10 por ciento el tope para los gastos de funcionamiento. Además, en el desglose de los 22.759.729 millones de pesos destinados a gastos de inversión, hay mucho de compra de materiales, suministros, producción de piezas de divulgación y pauta en medios, entre otros gastos que no benefician directamente a los animales. Al respecto, la Contraloría advirtió, en su informe de auditoria 2017 (PAD 2018), que el instituto estaba computando estos gastos, por más de 2.121.659 millones, como gastos de inversión. Una acción que clasificó como hallazgo administrativo por ser contraria a las normas, a la jurisprudencia y al principio de austeridad. Pero lo más llamativo en este ítem es la cifra de contrataciones. En su mismo informe, la Contraloría halló que el instituto recurrió a 180 contratos por prestación de servicios, por un valor de 1.983.233 millones de pesos, superando el costo de la planta de personal, de 720.593 millones, integrada por 31 funcionarios. Así evidenció un nivel de tercerización del 85 por ciento, que señaló como otro hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Estos hechos, entre otros, le imponen a la nueva administración el reto de bajar considerablemente los gastos de funcionamiento (empezando por entregar el ostentoso edificio del norte) y destinar los recursos para los animales. Pero también, de priorizar a los más vulnerables. Por ejemplo, el instituto se ha propuesto realizar 60.000 esterilizaciones entre julio y diciembre de este año, pero solo 4.800, o sea, el 8 por ciento, serán para animales en condición de calle. Ciertamente, hay que redefinir las prioridades en aras de favorecer a la población más desatendida. Segundo, la eficiencia. No son pocos los reclamos ciudadanos sobre las demoras del instituto en la atención de denuncias de maltrato animal y urgencias veterinarias. Pululan las quejas de “nunca llegaron”, “vinieron un mes más tarde”, “hicieron acta de visita pero no intervinieron”, “dejaron recomendaciones de mejora pero el maltrato persiste” o “el animal murió por falta de atención” (lo que es inaceptable con o sin instituto), entre otras que sugieren serios descuidos. A propósito, la línea 123 es absolutamente inoperante para canalizar denuncias de maltrato animal. Y ni qué decir de las inspecciones de policía que no acaban de asumir las competencias que les asigna la Ley 1774 de 2016. Los programas, aunque novedosos e importantes, no parecen responder a las necesidades. Por ejemplo, a noviembre de 2018 el programa CES (captura, esteriliza, suelta) había atendido apenas 115 gatos. En cambio, la misma iniciativa ciudadana, nacida en agosto de 2013, hoy llamada CER (capturar, esterilizar, rescatar/retornar), atendió, entre enero de 2016 y noviembre de 2018: 503 gatos (a la fecha 1.324). Y aunque es innegable el compromiso del Instituto con la esterilización, no deja de ser inquietante que a noviembre de 2018 la cifra de animales esterilizados (210.575) fuera ligeramente superior a la de los cuatro años del gobierno anterior (203.937) que operó sin Instituto. Insisto: los programas son valiosos, necesarios e importantes y sin duda sus funcionarios han hecho un gran esfuerzo por dar buenos resultados, pero hay que mejorar la operatividad. Opciones para ello serían: generar convenios con centros veterinarios para la atención de urgencias en las localidades, contar con equipos más operativos (menos contratistas de oficina o para performances de cultura ciudadana), y mejorar los equipamientos (hoy el Instituto solo cuenta con 2 vehículos y 6 jaulas trampa). Tercero, la infraestructura. Es vergonzoso que tras casi seis años de firmado el Decreto 085 que ordena la creación de la Casa Ecológica para Animales, aún no haya absolutamente nada. Según la Secretaría de Ambiente, que en julio de 2018 le transfirió al instituto los temas de protección animal, en 2017 se suscribieron dos contratos para la construcción de la casa, uno de obra y otro de interventoría, por más de 26.780.292 millones de pesos. Sin embargo, no se ha puesto el primer ladrillo. Entretanto, los animales continúan siendo trasladados a la Unidad de cuidado animal (centro de zoonosis), cuya capacidad de albergue es de apenas 414 perros y 78 gatos, para un estimado de 126.247 animales sin hogar. Ni qué decir de los demás animales domésticos que están en la ruralidad, cuya cifra de protección es bajísima; entre otras razones, por falta de denuncia, atención e infraestructura. Lo que si es una buena noticia es que el Centro de fauna silvestre esté siendo ampliado y remodelado. Otras grandes apuestas del próximo gobierno deben ser la adecuación de un espacio para gatos ferales y la construcción de un hospital veterinario de bajo costo. De momento, hay que operar con buenos convenios, como lo hace, en gran medida, el Centro de Bienestar Animal La Perla, de Medellín. Cuarto, la participación. Pocos temas de la agenda pública cuentan con un voluntariado tan activo y conocedor, como el de la protección animal. Por años, decenas de proteccionistas y organizaciones sociales hemos contenido el maltrato y el abandono de animales con nuestros propios recursos y fuertes redes de solidaridad. Sin embargo, el instituto no ha sido receptivo a esta experiencia. Ha insistido en reducir la participación a los espacios formales, como los Consejos Locales de Protección Animal, o en canalizarla mediante contratos precarios (de dos meses). En otras palabras, ha sido incapaz de acomodarse a las dinámicas de participación ciudadana, cerrándoles las puertas y desdeñando a personas cuyo liderazgo, idoneidad social y conocimiento de los problemas les permiten identificar puntos críticos y casos de maltrato oculto y acceder a zonas donde ni el Instituto ni la policía se atreven a entrar. Por lo tanto, otro reto para la nueva alcaldía será garantizar y hacer efectiva la participación ciudadana, servirse de la experiencia de quienes saben-hacer, y definir con ellos las prioridades y los proyectos de inversión. Esto le exigirá hacer un gobierno de puertas abiertas, facilitar los canales de comunicación, servirse de las redes sociales (no solo para publicitarse, sino para registrar las solicitudes y rendir cuentas) y materializar los cacareados presupuestos participativos.