La política ha sido responsable de que la violencia no haya finalizado en el país, bien sea por debilidad, permisividad, compromiso o connivencia de algunos gobiernos, pues han impedido que la justicia cumpla su propósito y sea un elemento disuasivo ante el delito, otorgando amnistías o indultos a quienes han quebrantado la ley y han puesto en peligro la democracia, escudando su decisión en el famoso delito político que se incluye en la Constitución, gestando la más desvergonzada impunidad.
En la época republicana se han concedido indultos y amnistías por diferentes gobiernos, dentro de los cuales vale la pena mencionar los que otorgó Rojas Pinilla para desmovilizar a varios miles de guerrilleros; la Ley de Amnistía de Betancur que favorece a 373 individuos, dentro de los cuales 265 integrantes del M-19; la Ley de indultos y amnistías del gobierno Barco, que favoreció al M-19 y le permitió integrar la Constituyente de 1991; la amnistía e indulto ofrecido por Gaviria, que favoreció a 865 subversivos de la Corriente de Renovación Socialista, y el proceso de Santos que ofreció impunidad total a las Farc.
Es paradójico que quienes han sido beneficiados por estas decisiones jurídicas sean recurrentes en el delito, como es el caso del M-19, en el que varios de sus integrantes fueron procesados por el robo de más de 5.000 armas del Cantón Norte en diciembre 1978, pero con la amnistía otorgada por la Ley 35/1982, propuesta por el socialista Gerardo Molina, se liberó a los integrantes del M-19 que estaban encarcelados, para que en noviembre de 1985 asaltaran el Palacio de Justicia en donde fallecieron más de 100 personas, grupo terrorista amnistiado e indultado por el gobierno de Barco con la Ley 77/1989.
Esto es incomprensible, porque quienes en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales defendieron la democracia ante este asalto cruento a la sede de la justicia están hoy procesados y sentenciados mientras que los integrantes del M-19 han sido descriminalizados y despenalizados, llegando inclusive a que uno de los antiguos miembros de esta agrupación terrorista haya sido elegido como presidente de la República. ¿Hay justicia en Colombia? ¿Qué nos espera en este cuatrienio?
Tirofijo se desmovilizó con la amnistía decretada por Rojas Pinilla y después se vincula nuevamente a la actividad subversiva; de la misma forma otros personajes, como Iván Márquez, se beneficiaron de la amnistía de Betancur y fue elegido representante a la Cámara en 1986 volviendo al monte en 1987 y con el proceso de Santos con las Farc vuelve nuevamente a ser elegido para ocupar una curul en el Senado, pero decide volver a las armas para conformar la Nueva Marquetalia.
Su copartícipe, Jesús Santrich, también fue favorecido por el proceso de Santos para llegar al Congreso, pero por acusaciones sobre su posible participación en narcotráfico es capturado y liberado con el aval de la Corte Suprema y regresa nuevamente a las armas.
Cometer delitos en Colombia es muy bien recompensado por gobiernos proclives como el de Santos y ahora por el de Petro. En el primero se premió a los cabecillas de las Farc con la impunidad frente a los crímenes de lesa humanidad, secuestro, asesinato, boleteo, extorsión, reclutamiento de menores y otros delitos como la masacre de Bojayá (Chocó), solo por mencionar algunas de las barbaridades cometidas, otorgándoles curules en el Congreso, limpiándoles su nombre y dignificándolos.
En el actual gobierno vuelve y juega la impunidad; esta se está desbordando pues Bolívar, marioneta de Petro en el Congreso y patrocinador de los vándalos de la primera línea, insiste en que estos sean gestores de paz; el Gobierno libera a alias Violeta, acusada de colocar la bomba en el Centro Comercial Andino asesinando a varias personas, para que se una a las negociaciones del ELN en Venezuela; levantan las órdenes de captura de los cabecillas del ELN acusados de crímenes de lesa humanidad, de la masacre de la Escuela de Policía donde asesinaron a 22 cadetes, la masacre de Machuca con más de 80 asesinados, de centenares de voladuras de oleoductos, solo por mencionar parte del abultado prontuario de estos terroristas.
Si no hay justicia, no habrá paz. Si hay impunidad, no se acabará el delito. Si se mantiene en la Constitución el delito político, no se acabará con la corrupción que corroe al país.
Colombianos, despertemos de este letargo provocado por la izquierda que va a acabar con nuestra Colombia.