Desde la antigua Constitución de 1886 se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la facultad en cabeza del Congreso de la República de otorgar recursos mediante la aprobación de partidas que no tenían por objeto la satisfacción de un crédito declarado judicialmente o el reconocimiento de un gasto decretado por medio de una ley anterior, dando nacimiento así, a los llamados "auxilios parlamentarios". A raíz de la experiencia negativa vivida en el país durante varias décadas, los auxilios parlamentarios fueron abolidos terminantemente por el constituyente de 1991. Sin embargo, en esta oportunidad, mediante la inclusión en el Plan de Desarrollo de partidas globales por un billón de pesos bajo la denominación de 'Inversiones regionales por sectorizar', cuya distribución será definida mediante la "concurrencia" del gobierno y unos pocos congresistas, nuevamente se ha revivido esta figura que permite la continuidad de prácticas clientelistas. El procedimiento establecido en los artículos 6º y 11 de la Ley del Plan, para señalar cuáles serán los proyectos en los cuales se invertirán las partidas globales aprobadas, abre la puerta para que mediante la interferencia indebida de los parlamentarios, la asignación de esta fracción del gasto público se politice.El sistema de distribución de estos recursos contenido en la Ley del Plan, quebranta la autonomía e independencia de la rama legislativa del Poder Público, y el ejercicio de sus funciones se desnaturaliza, pues es al gobierno al que le corresponde determinar, de acuerdo con el orden de prioridades que él mismo establezca, cómo se asignará el gasto y cuáles serán los sectores a los cuales se destinará la inversión.Por el contrario, al Congreso no le concierne esta potestad, pues tal como lo establece la Constitución Política, a dicho órgano le corresponde hacer las leyes y ejercer un control político sobre la rama ejecutiva, mas no ejecutar el Plan de Desarrollo definiendo en qué se utilizarán los dineros públicos.Los auxilios parlamentarios son una forma mediante la cual los miembros del Congreso le imponen a los gobiernos de turno un mecanismo para acceder el gasto público con fines electorales particulares, pues la ejecución de los recursos se efectúa en forma tal que no responde necesariamente a criterios de planeación y priorización de la inversión pública, sino a la satisfacción de los intereses individuales de los miembros del Congreso.Adicionalmente, los auxilios protegen el statu quo político en la medida en que la intervención del Parlamento en la asignación de partidas de inversión, premia al establecimiento político y cierra del todo las posibilidades a la renovación. Ello deriva en una ostensible violación del derecho a la igualdad, pues a través de recursos del erario, los actuales congresistas reclaman el favor del electorado por su gestión, en detrimento del resto de ciudadanos que carecen de esta oportunidad.De acuerdo con el sistema incorporado en la Ley del Plan, la distribución de estos dineros públicos no obedecerá a un debate democrático, pues aun cuando se haya previsto la realización de "audiencias públicas consultivas" en las cuales participen los distintos sectores de la comunidad, sólo con la "concurrencia" entre el gobierno y el Congreso se podrán definir los proyectos de inversión. Lo que equivale a decir que en estas materias el ciudadano tendrá derecho a hablar y ser escuchado, mientras el político tendrá el derecho a decidir.Para concluir, resulta preciso recordar que en el escrito de demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 628 de 2000, presentada a la Corte Constitucional por el entonces candidato, doctor Alvaro Uribe Vélez, el actual Presidente de los colombianos anotó que la separación de las ramas del Poder Público está íntimamente ligada al ejercicio del control del Congreso sobre el gobierno y en caso de desaparecer dicha autonomía por parte del órgano legislativo, "desaparece también en la realidad el derecho a ejercer control político así éste continúe consagrado formalmente".Pese a la claridad del pensamiento del señor Presidente, se observa que mediante la inclusión a iniciativa del Congreso de los apartes que han sido demandados, los cuales no formaban parte del proyecto original presentado por el Ejecutivo, el Parlamento le impuso un "peaje" al Plan de Desarrollo del gobierno Uribe Vélez, del cual es necesario contribuir a liberarlo, para seguir avanzando en la renovación de la política y de sus costumbres. Sólo resta esperar la decisión definitiva por parte de la Honorable Corte Constitucional.* Ex ministro del Interior