Todo parece indicar que la economía de Venezuela tocó fondo el año pasado, y en los últimos meses evidencia un rebote en el consumo interno y el comercio exterior, siguen los vecinos en una grave crisis, pero hay un par de síntomas de mejoría. No podemos por ahora saber si es un alivio temporal o si por el contrario el vecino país logrará un nivel mínimo de estabilización de precios y algo de dignidad económica para sus ciudadanos. Lo que sí sabemos es que la leve resurrección económica se explica por una dolarización que de facto viene imperando en todo el comercio. Los dólares siguen restringidos por el régimen, pero estos han decidido mirar al cielo y dejar que el billete verde circule en paz. Están regresando a Venezuela los dólares del petróleo y de las remesas de los millones de expatriados, y también han vuelto los dólares del narcotráfico y de la corrupción estatal, da lo mismo si son dólares limpios o sucios, lo importante es que buena parte de ambos terminan circulando en Colombia. La última vez que Venezuela se inundó de dólares fue entre 2005 y 2009 con la fiebre del Cadivi, este era el carnet con el que el coronel Chávez compraba los corazones, las mentes y las elecciones, asignándole a cada ciudadano cuatro mil dólares para viajes y dos mil dólares adicionales para gastos electrónicos cada año. Los venezolanos tenían los dólares en el carnet pero tenían que monetizar (volverlo efectivo) por fuera, y el lugar más cercano para hacerlo era Colombia. Mientras Chávez se gastaba 25.000 millones de dólares en la fiesta del Cadivi, de este lado salían las facturas chimbas y se le hacía el lavado respectivo a los dólares que “regalaba” el régimen (cifras del exministro venezolano Jorge Giordani). No debe quedar duda, el auge exportador a Venezuela durante el segundo periodo de Uribe Vélez no existió, lo que ocurrió fue la operación de lavado de activos más grande en décadas, fueron billones y billones de pesos que tuvieron como epicentro Cúcuta. Por esos años debajo de cada árbol y en cada esquina de los parques surgió una nueva profesión, la de los “raspadores” (no confundir con “raspachines”), que con media docena de datáfonos en mano, “raspaban” las tarjetas del Cadivi y les pagaban el 80% de su valor en pesos o con productos básicos a los venezolanos. Los datáfonos cucuteños, se conectaban con cuentas en paraísos fiscales como Aruba, Panamá, Isla de Mann o Ecuador, entre muchos otros. Los dólares transferidos se usaban, una parte para comprar mercancía de contrabando y traerlas a Colombia (cigarrillos, whisky y textiles), venderla en pesos y con una parte de estos pagarles a los tarjetahabientes venezolanos. Otra parte se repatriaba en dólares a Colombia con exportaciones ficticias (oro principalmente), y le quedaba al intermediario el premio adicional de robarse las devoluciones del IVA. Entre el arbitraje y el fraude fiscal a las cabezas del “raspe” (y los gerentes de algunos bancos que cobraban su tajada por no reportar a la UIAF), les quedaba un 32% de utilidad. Hablando de un orden de magnitud de varios billones de pesos por año, este fue el negocio del siglo en la frontera. Ni Oscar Iván Zuluaga, ni Oscar Franco, que eran los ministros de Hacienda y director de la Dian de la época, sospecharon de este auge exportador, al contrario era presentado como uno de los mayores logros de Gobierno. Para ellos resultó supernormal que en una ciudad como Cúcuta, surgieran más de 1200 comercializadoras internacionales en unos pocos meses, tampoco les sonó la alarma cuando se dispararon las reclamaciones millonarias del IVA en la frontera. Los colombianos tuvimos que esperar varios años hasta al cambio de Gobierno, para que la nueva administración de Juan Ricardo Ortega en la Dian nos aterrizara, y supiéramos la verdad financiera de ese “boom” exportador. Diez años después, Colombia vuelve a jugar un papel central en el abastecimiento de la canasta familiar y en la entrada y salida de dólares en Venezuela. Esta vez se suma que los puertos venezolanos han quedado bloqueados por falta de mantenimiento y el bajo calado no les permite desembarcar carga a las grandes navieras, por eso deben hacer transbordo desde nuestros puertos del Caribe y en las noches hacer el paso por tierra en Paraguachón, (Maduro solo permite el ingreso de vehículos de carga después de las 8 pm y hasta medianoche). Por allí hacemos las veces de país de tránsito del contrabando. Lo realmente grave para los intereses económicos nacionales es la resurrección del lavado de activos con las exportaciones ficticias a Venezuela, como estamos en la “Diplomacia del Absurdo”, mantenemos un comercio abierto como si no pasara nada, amparados en criterios principalmente humanitarios. Se cree que si acá frenamos el paso de comida, allá la sufren con el desabastecimiento y más venezolanos migraran, esto tiene mucho de razón pero no debe ser la única razón. El problema es que no existe ningún tipo de cooperación judicial ni tributaria entre ambos países, por esto las facturas que se presentan ante la Dian o los DEX que expiden las agencias aduaneras con destino final a Venezuela, se quedan sin un proceso de control o un filtro mínimo de legalidad, ante la imposibilidad material de una verificación. En términos simples, las autoridades (ni los bancos) tienen cómo saber qué dólares provienen de exportaciones reales y cuáles de operaciones ficticias de lavado de activos, fraude fiscal o financiación del terrorismo. Es un completo sin sentido político, un auge comercial sin relaciones diplomáticas es una carta blanca para la ilegalidad, cuyas ventajas las entienden muy bien las redes criminales, las sufren nuestros sectores empresariales, pero que todavía no las logran descifrar en el Gobierno. Ojalá el presidente Duque y el doctor Romero en la Dian tengan los reflejos para reaccionar a tiempo y no un lustro más tarde, como ocurrió con la última bonanza de dólares en la frontera.