Nada, absolutamente nada ha dicho este Gobierno sobre el manejo que les dará a los cultivos ilícitos más allá de que no usará glifosato para enfrentarlos. Entre tanto, el mandatario se encuentra en México con el izquierdista Andrés Manuel López Obrador abogando por la legalización de la cocaína en el mundo.
El silencio cómplice y conveniente en Colombia es desolador. Poco se publicó sobre la masacre de 18 personas en Putumayo la semana pasada. Destaca que los activistas de antes, ahora en el Gobierno, guarden silencio por lo que otrora los llevaba a marchar, generar tendencias, escribir columnas y hasta hacer caricaturas. Para ellos, ahora que están en el poder, ya no hay #NosEstánMatando o un conteo diario de muertes de líderes sociales.
¿Dónde están las voces de estos activistas ahora en la administración Petro?: Danilo Rueda, hoy Justicia y Paz; Franklin Castañeda, hoy director de Derechos Humanos del MinInterior; Diana Sánchez, de la Minga a directora de Derechos Humanos de MinDefensa; Vladimir Rodríguez, de víctimas de Bogotá a director de Seguridad Ciudadana de MinDefensa; Andrés Idárraga, hoy consejero de Transparencia; Carlos Rosero, de Ancoc a negociador de Paz en Caracas; Francia Márquez, de Ancoc hoy vicepresidenta, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas a Ginebra; y Jorge Rojas, hoy en la Embajada de Bruselas. ¿Nos dejaron de matar? “Interés cuánto valés”.
Varias fuentes consultadas por este reportero, y que piden completa confidencialidad por miedo a que los maten, describen así lo que se vive hoy en Putumayo: “Es un enfrentamiento de dos actores armados ilegales: Comandos de Frontera y el Frente Uno Carolina Ramírez de las Farc, en disputa por los territorios sembrados de coca y los negocios del narcotráfico. Las víctimas en Puerto Guzmán (18 muertos) pertenecían a Comandos de Frontera. Como dejan ver las imágenes, se trata de jovencitos (entre ellos, cuatro mujeres), y por las solicitudes de las familias para reclamar los cadáveres, se trata de jóvenes del territorio mismo y de otros sitios del departamento, en su mayoría de comunidades indígenas. Incluso, uno de nacionalidad ecuatoriana”. Pero estos muertos y estos jóvenes (¿menores de edad?) no cuentan, por supuesto, ya que no traen votos.
“Durante los primeros tres meses de gobierno del expresidente Duque, en Colombia fueron asesinados 30 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos según cifras de la Defensoría del Pueblo. A Duque lo acribillaron los mismos activistas hoy en posiciones de poder. Pero el informe de la misma fuente concluye que de agosto a septiembre en la administración Petro han sido asesinados 29 líderes y defensores. ¿Qué pasó con el activismo?
”Otra fuente me escribe: “Estos hechos ocurren en zonas muy abandonadas por el Estado. En el departamento no hay agua potable, la salud es deplorable, en fin servicios básicos insatisfechos. Los cultivos aumentan cada día, el fracaso del PNIS, pero sobre todo, la corrupción. Toda esta situación define el caldo de cultivo para que los grupos armados ilegales se fortalezcan cada día”, y remata: “Por favor por favor CONFIDENCIALIDAD POR FAVOR. Si saben que soy yo me matan”.
Cierto, la corrupción ha secado a Putumayo. La revista SEMANA hizo un resumen recientemente sobre cómo se roban el departamento. Un artículo titulado ‘Con licencia para delinquir’ resume: “Carlos Alberto Palacios Palacio, gobernador de Putumayo de 2004 a 2006, fue condenado en primera instancia en 2021 a 51 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Jimmy Harold Díaz Burbano, gobernador del Putumayo entre 2012 y 2015, fue condenado en primera instancia en 2021 por la Corte Suprema de Justicia a 119 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros y recepción, y como cómplice del delito de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero. Jorge Fuerbringer Bermeo, gobernador del Putumayo de 1995 a 1997, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2009 a 73 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad material en documento público”.
Esta semana el senador liberal Alejandro Chacón hizo una extensa presentación sobre seguridad en el Congreso. Sobre ese departamento dijo: “Putumayo ocupa el cuarto lugar de las regiones con más área sembrada de cultivos de coca. Aporta 16 por ciento de la producción nacional. En 2021 incrementó en un 45 por ciento con respecto al 2020 en la cantidad de cultivos sembrados”.
A otra fuente en el campo le pregunto: ¿Qué ha significado la llegada de Gustavo Petro para ustedes en el lugar? Me responde: “¿Cambio? Muy poco, solo expectativas y preocupa que no se ha profundizado en las estrategias de lo que se va a hacer para disminuir los cultivos de coca, porque así como van las cosas lo que es claro es que el aumento de los cultivos de coca genera toda la violencia que existe”. Tanta improvisación llena de dogmas nos tendrá condenados a más masacres y narcotráfico.
Para salir de este embrollo, el Gobierno nacional debería dejar sus ambiciones regionales de ocupar el liderazgo internacional de la izquierda huérfano desde la muerte de Hugo Chávez y empezar a enfrentar los verdaderos cánceres del país.
Putumayo merece una intervención inmediata. El nombramiento de un gerente para la ejecución de un verdadero programa masivo de sostenibilidad económica, presencia sólida de las FF. MM. y un trabajo fronterizo para acabar con el narcotráfico. Si no se deja de lado el pensamiento revolucionario del cambio por el cambio, la realidad nos avasallará.