Dejémonos de discursos blanditos: en Colombia lo que están sufriendo cientos de propietarios de predios es una expropiación vía pasividad del Estado. En 18 departamentos del país se extienden las invasiones sin control alguno, mientras el Gobierno sigue debilitando institucionalmente a la Policía y deja indefensos a los colombianos.

Expliquemos el problema: grupos organizados invaden masivamente un predio privado, reclamando cosas tan abstractas como la “posesión milenaria de la tierra”. El dueño del predio tiene solo 48 horas para lograr que la Policía saque a los invasores de su propiedad. Si esto no ocurre en dicho plazo, el propietario debe adelantar un “amparo posesorio” ante las autoridades judiciales. Mientras este recurso se soluciona, y teniendo en cuenta la lentitud de la colapsada justicia de nuestro país, el predio sigue invadido.

En la práctica, es arrebatarle de sus manos a un propietario lo que es suyo: es expropiación.

A este drama hay que sumarle la burla de Cecilia López, ministra de Agricultura, quien aseguró que los propietarios de tierras invadidas debían sentarse a negociar con los invasores. Bajo este mensaje de aparente conciliación se enmascara el darle legitimidad a los invasores y someter a los propietarios.

Los defensores de estas invasiones aseguran que los que cometen el delito de ocupar propiedad privada lo hacen legitimados por reclamos históricos. Los indígenas estuvieron antes que los propietarios actuales, dicen. ¿Pero permitirían aplicar este argumento de ocupación ancestral a predios en Bogotá, por ejemplo?

Colombia es una nación donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley y donde existe el derecho adquirido. De no respetarse eso, sería el mismo Estado el que rompa la Constitución Política, al hacer de la ilegalidad algo más poderoso que la ley, y del derecho adquirido una ficción.

Otro de los problemas que el gobierno de Petro enfrenta en esta situación es ser víctima de su propio discurso: la única manera de hacerle frente a la serie de invasiones y desalojos en 48 horas es a través de una fuerza no letal como la del Esmad; pero, al mismo tiempo, ha sido el mismo petrismo el que ha debilitado a nuestra fuerza antidisturbios a todo nivel, hasta el punto de paralizarla y dejarla como última opción, según el discurso del ministro de Defensa. Ese es un mensaje que primero fue oído con gusto por los invasores en Cauca o Huila que por la primera línea en Bogotá.

Mientras tanto, grupos de ganaderos se están organizando para hacerles frente a esas invasiones. Son hechos que prenden todas las alarmas y delatan el estado de las cosas: estamos ante una situación a punto de explotar y el único responsable es el Estado, que teniendo las herramientas y la autoridad para frenar en seco las invasiones, sigue de brazos cruzados.

Desde luego que ver renacer los fantasmas de conflictos del pasado es preocupante. ¿Pero no es la pasividad del Estado la que está provocando la resurrección de dichos fantasmas?

Mientras parte de la opinión pública sigue embelesada por el poético discurso del presidente ante la ONU, en el país la expropiación pasiva sigue a toda marcha. Petro quiere salvar al planeta mientras condena a la destrucción a su propio país, pues la medida de su ego histórico ya se salió de nuestro territorio.

En esto, como ante cualquier dilema moral, lo único que se debe aplicar es la empatía: ¿qué sentirían ustedes si sus casas o apartamentos son invadidos por personas que reclaman la propiedad por un sinnúmero de razones de las que ustedes no son culpables? Lo primero que harían sería llamar al 123 y reportar la invasión. Esperarían que a Policía llegue para desalojar al invasor, y lo que menos esperarían es tener que trasegar antes juzgados y jueces a la espera de que dictaminen que lo suyo es suyo y no de alguien más. ¿Les gustaría vivir ese calvario?

Ese calvario se llama expropiación.