El ministro de Defensa Guillermo Botero le ha mentido al país no solo en el caso del asesinato del excombatiente Dimar Torres. Es decir, que además de ser un encubridor de un homicidio y de que intentó justificar desde el primer momento a través de versiones amañadas la atrocidad de lo sucedido, es también un ministro corrupto; sobre todo si por corrupción se entiende esa práctica despreciable de utilizar el poder para beneficio propio. Detrás de su discurso primario que reencaucha el dogma uribista hay un poderoso empresario con claros intereses en el área de seguridad privada, la cual es vigilada y regulada por la Superintendencia de Vigilancia y de Seguridad Privada, que a su vez depende del ministro de Defensa. Sus conflictos de intereses en el tema de seguridad privada eran evidentes desde que fue nombrado en esta cartera, pero este Gobierno hizo caso omiso de ellos: Botero como presidente de Fenalco era el líder de la asociación que reúne a los comerciantes entre los que están las empresas de vigilancia, gremio especialmente cercano a Uribe y que en su mayoría está compuesto por empresas dirigidas por militares retirados. Como si lo anterior fuera poco, Guillermo Botero Nieto aparece en la Cámara de Comercio como el socio mayoritario de una empresa de seguridad llamada Controlar Ltda., que se dedica a ofrecer servicios de seguridad privada, una actividad reglamentada y vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y de Seguridad Privada que –vaya sorpresa–, depende del propio ministro. (Ver certificado de la Cámara de Comercio). Su empresa, repito, está sujeta a la inspección y vigilancia de una superintendencia de la que él es el superior jerárquico. Es decir, Botero terminó vigilando su propia empresa. Los conflictos de interés de los funcionarios públicos se acaban cuando estos se declaran oportuna y cabalmente. De eso se trata la transparencia. Pero en el caso del ministro Botero los impedimentos que él mismo ha presentado son no solo inoportunos sino engañosos. El primer impedimento le fue aprobado el 22 de noviembre de 2018 (ver decreto), es decir, casi cuatro meses después de haberse posesionado. El decreto, que curiosamente no se refiere a las causales que lo provocan, sí ordena nombrar a Alicia Arango como ministra de Defensa ad hoc, para que designe y nombre al nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Para ser exactos: el impedimento solo le suprime al ministro Botero la facultad de nombrar al nuevo superintendente pero le permite seguir siendo el superior jerárquico del funcionario que nombre la ministra de Defensa ad hoc, que además seguirá siendo el supervisor de su empresa. Audaz jugada. Un segundo impedimento le fue concedido al ministro Botero el 21 de febrero de este año (ver documento). En este nuevo decreto en el que tampoco se descubren las causales, le amplían las funciones a Alicia Arango para que se encargue del manejo de recursos humanos en especial en lo que tiene que ver con el superintendente y el jefe de control interno. Es decir, le quita la facultad al ministro de concederles vacaciones y licencias a estos dos empleados pero deja incólume su potestad para continuar siendo el jefe en todos los demás aspectos del superintendente que, repito, es el mismo que vigila su empresa. Botero también mantiene su potestad sobre los departamentos de seguridad privada, una figura anacrónica que viene de las épocas de las Convivir. (Dicho sea de paso, los departamentos de seguridad privada vigilados por esta superintendencia, son cuerpos de particulares armados que tienen por cada cinco armas cortas el derecho a una larga). La falta de transparencia de Botero le ha servido al actual superintendente, Fernando Martínez Bravo, para atornillarse en tan codiciado puesto pese a que sobre su gestión hay también muchos interrogantes. Entre corruptos, nos hacemos pero pasito. Bien cuestionada está ya la superintendencia, –desde tiempo atrás se vienen investigando casos de coimas a cambio de licencias que van desde blindajes hasta el permiso de funcionamiento de empresas de vigilancia como la que tiene Botero–, para terminar agregándole una mácula más por cuenta de un ministro de Defensa que termina convertido por transitividad en el jefe supervisor de su propia empresa de seguridad. Por lo menos, el ministro Botero habría incurrido en un prevaricato por omisión. El dolo, dice un especialista, “puede derivarse del simple capricho del servidor público, la pretensión de causar un daño u obtener ventajas para sí mismo o un tercero”. Ustedes escojan. El ministro Botero no solo tiene licencia para encubrir homicidios cometidos por soldados sino que puede utilizar su puesto de mando en beneficio propio. Si no renunció por lo primero, que ya es una vergüenza, debería por lo menos renunciar, sin perjuicio de las investigaciones que le quepan, por corrupto.