Sobre el más reciente debate que se ha suscitado por el reconocimiento de responsabilidad del Estado en el caso de Ejecuciones extrajudiciales, y del impacto de estos hechos en la opinión pública, en particular un comunicado de apoyo de algunos excomisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en apoyo a la controversia suscitada entre este columnista y el expresidente Uribe.
Lo primero es señalar es que yo fui comisionado de la verdad y nadie me consulto para emitir esa comunicación u similar, practica recurrente en la CEV, negar, y cancelar al diferente. Segundo, aclarar de inicio que el debate no está sobre la existencia del fenómeno criminal, el cual ha sido constatado, documentado y juramentado y ante el cual solo esperamos justicia, ya que toda persona que incumpla la ley, sin importar su condición, debe afrontar la sanción que un juicio justo le imponga.
De manera que, el debate no está si los “falsos positivos” existieron o no, sino en el abordaje de su estudio, análisis e implicaciones, en términos de metáfora, el centro del debate no está en el delito sino en el juez, y en este caso, tanto la Comisión de la Verdad, como en general el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) tienen aún mucho por explicar.
Es un hecho conocido que, como comisionado en propiedad de la CEV, decidí renunciar a mi cargo motivado por múltiples razones, siendo una de las principales la falta de credibilidad en la forma como la institución estaba haciendo su trabajo; el extremo maniqueísmo de comisionados; la carencia de objetividad en las investigaciones; el extremismo ideológico de la mayoría de los comisionados y sus investigadores, y particularmente la conducción de un informe final tendencioso, que no elucubro una respuesta general del conflicto y cuyo énfasis estuvo en estudiar, con ensaña y obsesión, las responsabilidades del Estado.
Al final no hay que decir mucho del informe, ya que, después de casi cuatro años de investigación, cientos de miles de millones de presupuesto público y casi medio millar de funcionarios; los resultados fueron decepcionantes y esto es algo que brota a la vista a la luz de cualquier académico del conflicto o especialista en investigación, puesto que el informe parece más un queso Emmental (una estructura agujereada) que una explicación consistente del conflicto. No sorprende en lo absoluto que en varios de sus capítulos y apartados pareciera más un libreto de activismo político que el producto de una entidad cuya misión era la de esclarecer, trabajar por la convivencia, el reconocimiento y la no repetición.
Lo anterior, permite asociar con facilidad lo que ocurrió con los centenares de entrevistas, funcionarios e investigadores, de quienes dicho sea de paso, en gran parte provenían de reconocidas ONG, centros de pensamiento y movimientos políticos de izquierda política y de pública trayectoria antiestatal y antimilitar. Esto sin mencionar que el comisionado que quedo encargado de liderar la investigación es una persona que abiertamente ha manifestado su odio por la institución pública, es reconocido por sus actuaciones internacionales en contra del Estado Colombiano y de quien presencie en reiteradas ocasiones su obsesivo interés con la reorganización de las Fuerzas Militares, es decir, el ratón cuidando el queso.
Dicho lo anterior, no es mi interés menospreciar los hechos desdiciendo de sus investigadores, porque los hechos en esencia sí sucedieron y son de completo interés nacional, entre otras, para evitar su repetición. Mi queja es en contra de la imparcialidad y la objetividad de varios de los comisionados y su grupo de investigadores, quienes muchas veces más que científicos sociales hacían las veces de jefes de debate político, con enfermiza tendencia hacia la polarización política/ideológica permanente y que, en sus palabras, escritos y acciones, lo que dejaba ver que en su interior había más una lucha ideológica/político que un espíritu académico.
Y todo esto repercutió indudablemente en cómo se abordó el fenómeno y su efecto en la metodología, es decir, el problema no está en lo que se investiga, sino como se hacía: la selección de los entrevistados; la construcción de preguntas; la priorización de las investigaciones; los recursos; la censura; la contrastación de fuentes; el secretismo (nadie, ni siquiera yo como comisionado podía acceder a los documentos), la exclusión de pruebas; el desistimiento de líneas de análisis que ayudara a entender el fenómeno criminal en su conjunto (sociológico, económico, polemológico…) entre otros.
Muchas veces sugerí que estudiáramos el fenómeno a partir del ¿por qué? Desde la perspectiva humana, es decir, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a que estas personas perdieran todo norte moral y cometieran esos crímenes? ¿Cuál es la falla del sistema para que como sociedad se logre esa degradación de la moral pública y la ética que llevó a estos asesinatos? Sin embargo, estas y otras fueron ignoradas porque lo único que querían era nombres, máximos responsables y chivos expiatorios, aun en contra del mandato de esclarecimiento de las causas estructurales y no de las personas. Dicho sea de paso, que el formato de comparecencia ante la Comisión siempre privilegio el reconocimiento y la autoincriminación, so pena de ser excluido de la justicia transicional, en pocas palabras, de intimidación y amedrentamiento.
Valga mencionar que, uno de los momentos más delicados que encare ante el pleno de los comisionados y el padre de Roux fue cuando quise organizar un simposio sobre ejecuciones extrajudiciales con las más diversas perspectivas, incluso con personas acusadas ante la JEP como responsables, el cual me fue censurado y cancelado por el propio padre de Roux, argumentando que la CEV no permitiría que criminales revictimizaran a la sociedad y las víctimas.
Ciertamente de ese nivel de cinismo era el que pululaba por la comisión de la verdad, incluso cuando todos los días se paseaban exmiembros FARC por los pasillos y oficinas de los comisionados, ellos que sí han cometido crímenes de las más dolorosas y penosas raigambres. Quizá esa fue una de las rupturas que me permitió entender el doble racero y las inmensas incoherencias que se apreciaban al interior de la Comisión de la Verdad. Siempre me pregunté: ¿están buscando la verdad del conflicto, o solo investigar hechos concretos? Ciertamente, es mucho más lo que no se dijo y se ignoró, que lo que se clarificó.
De manera que, el debate ya no se ubica en la comisión de los delitos, o no, sino en la idoneidad del juez y del investigador; en sus intereses, metodologías, impedimentos, recusaciones. ¿Todo este sistema está trabajando unos graves delitos e ignorando otros? ¿Está este sistema imbuido de concepciones político/ideológicas por sobre realidades fácticas? ¿Hay intereses de legitimar ante la historia y la justicia la acción de todas las insurgencias y sus atrocidades tras un discurso de completa responsabilidad del Estado y sus agentes? ¿Estamos investigando para reconocer, sanar y recomponer o para avivar diferencias?
Necesitamos instituciones ecuánimes que trabajen en esclarecer todo el conflicto, no las que se escandalizan con los 6.402, pero olvidan los 10 millones de víctimas; hoy tenemos decenas de organizaciones de víctimas que obvian las atrocidades de los grupos armados ilegales, pero prenden megáfonos en nombre de los Derechos Humanos, las que investigan la retoma al palacio, pero ignoran la toma; las que hablan de las masacres de las AUC, pero obvian el terrorismo y asesinato en las ciudades; las que condenan los bombardeos, pero minimizan el reclutamiento infantil, quienes hablan de la lucha social, pero niegan que son carteles de narcotráfico. En definitiva, las que creen que este conflicto se limitó a las barbaridades de los “paramilitares” y los falsos positivos, porque la verdadera barbarie se ocultan tras las sombras de los que mataron en nombre de la revolución. No más verdades a medias.