En el pasado reciente Bogotá fue victima de los actos de corrupción sucedidos durante la administración de Samuel Moreno que orquestó el carrusel de la contratación, el cual bajo una maraña de contratos adjudicados fraudulentamente le dejaron a la ciudad un desfalco que sobrepasó los $2 billones de pesos, y el perjuicio del atraso en varias de las obras de infraestructura básica que necesitaba la ciudad, más un antecedente de que el jugoso presupuesto de Bogotá que ronda los $24 billones anuales es un botín asediado por los corruptos que ven en las arcas públicas, y en las empresas propiedad de la ciudad, una fuente de dinero o un vehículo para aumentar su participación en sectores estratégicos.  Ahora existe una importante controversia sobre el presunto favorecimiento en la contratación de la alcaldía a través de Transmilenio para beneficiar la campaña del candidato Carlos Fernando Galán, de acuerdo con las denuncias que fueron presentadas a la Procuraduría un contrato recientemente adjudicado a la Escuela Galán donde la tía del candidato es representante legal por valor de 11 mil millones permitió a dicha fundación hacer la contratación directa de más de 400 contratistas, para hacer pedagogía sobre convivencia dentro del sistema de transporte, vestidos de rojo que es el mismo color de la campaña del candidato.

Si no fuera porque el contrato tuvo problemas de trámite y además fue adjudicado en plena recta final por la alcaldía de Bogotá, se podría decir que el candidato Galán no tiene nada que explicar a los votantes. El problema, es que semejante suma de dinero 11 mil millones (equivalentes a $3,3 millones de dólares) dirigidos a discrecionalidad por su tía, a tres semanas de las elecciones, desafortunadamente nos remontan a los constantes problemas de corrupción y a la opacidad de las prácticas con las que opera la politiquería corrupta.  Como no hacerse varias preguntas, por ejemplo: ¿Con esos contratos y ese dinero se estará convenciendo a lideres barriales para que apoyen al candidato Galán con sus votos? ¿Qué piensa el aspirante con relación al conflicto de interés que representa para él ese contrato administrado por una familiar cercana? ¿Cree que hay o no un conflicto de interés, o simplemente son cosas que pasan? ¿Qué opina sobre que el contrato fue adjudicado de forma irregular, porque varios de los documentos exigidos en el Secop II no estaban en regla? Y algo muy importante ¿si es elegido alcalde va a contribuir y apoyar a las investigaciones o declarar un impedimento más adelante? ¿Seguirá contratando con la fundación donde su tía es la representante legal? 

Las respuestas a esas preguntas no pueden quedarse solamente en los resultados ulteriores que arrojen las investigaciones, las respuestas a las controversias que genera ese contrato con las connotaciones que tiene en un contexto de un candidato que se abandera independiente y alejado de las practicas clientelares y corruptas, obligan a que Carlos Fernando Galán dé amplias explicaciones a los votantes capitalinos, no puede en honor a la transparencia, decir simplemente que acompaña las denuncias y que deben ser la autoridades las que investiguen y digan si hay algo de ilegal en ese contrato, o si su campaña se ve favorecida o no por esos dineros. Las explicaciones las debe dar por una razón sencillísima, él como aspirante a la alcaldía tiene un deber con todos los ciudadanos incluidos aquellos que no deseen apoyarlo en las urnas, porque si logra la victoria tiene que haber garantía de que la obtuvo bajo las reglas legales de la democracia, no bajo las reglas opacas del juego politiquero que “invierte” en campañas para luego robarse el erario y recuperar la inversión.     

Por nuestra parte los votantes debemos estar informados y evaluar la ecuanimidad de los candidatos no solo por lo que consignan en sus planes de gobierno y pauta publicitaria, también por sus acciones y respuestas a las controversias morales a las que se enfrentan. Es obvio que en época de campaña pareciera que prometer no empobrece a los candidatos. Lo cierto es que en la entrada se conoce como va hacer la salida, y francamente Bogotá no soporta otra mala administración.