Si bien el Decreto 558 de 2020 es muy generoso al asumir la responsabilidad de la desaceleración económica en Colombia, los colombianos no han recibido una solución significativa y de largo plazo a la sostenibilidad de sus pensiones. El comportamiento “negativo y abrupto de los mercados financieros”, estipulado en el Decreto y representado en el extracto del usuario de twitter, se explica por la alta liquidez de los activos en los cuales están invertidos los ahorros, activos que son vendidos en una angustia repentina, que puede ser recuperada al no retirar los ahorros.
Como ejemplo, durante la Gran Recesión de 2008, el Fondo de Pensiones Noruego presentó perdidas equivalentes al -28% y en 2019 generó ganancias del 40%. Este fondo no retiró sus inversiones, y adicionalmente aumentó su inversión en activos alternativos. Lastimosamente, en Colombia solamente el 17% de los fondos obligatorios de pensiones tienen inversiones en mercados privados o activos alternativos; es decir, en infraestructura, fondos de capital privado y bien raíz, entre otros. En resumen, el decreto 558 de 2020 tuvo la oportunidad de reducir la frustración que viven los ahorradores con sus pensiones, al mejorar la sostenibilidad del sistema pensional, más aún, en un momento en que Colombia entra a la OCDE. Esta sostenibilidad a la que me refiero no tiene una receta única, pero como mínimo requiere de tres puntos clave que se deben estudiar: Permitir a los fondos de pensiones tomar mayor riesgo en acciones y en activos alternativos. Permitir mayor diversificación del riesgo geográfico. Permitir una mayor competencia en el mercado. El primer punto esta soportado por el reporte global sobre fondos de pensiones de la OCDE, el cual establece que los mayores retornos o rentabilidades son generados por los fondos de pensiones que mayor concentración tienen en acciones, ratificando la teoría del famoso administrador del portafolio de inversión de la Universidad de Yale, David F. Swensen. Adicionalmente, un estudio desarrollado por Nicolas Rabener y publicado en el CFA Institute, muestra que un portafolio de inversión en USA con una mayor composición de bonos (60% deuda pública y 40% acciones listadas) solo podría generar una rentabilidad de 3.10%, y concluye que la única opción de generar mayores rentabilidades cercanas al 8% en dólares, es aumentar el riesgo, incorporando activos alternativos. Aunque suene un poco lejano este tema de los activos alternativos, en Colombia existen casos de éxito, como la privatización de la Electrificadora de Boyacá, la cual fue comprada en 2011 por los fondos de pensiones colombianos (75%) y por Brookfield (25%), generando una rentabilidad del 16% anual durante 8 años (precio de compra $808 millones y precio de venta $2.660 millones). Lo anterior, permitiría a los reguladores definir tasas mínimas obligatorias adecuadas, que como mínimo retornen la inflación, siendo esto evidenciado por el extracto del usuario de twitter, en el cual su fondo de pensiones, por ley, es únicamente responsable de retornar 1.27%, lo cual no preserva el valor del dinero en el tiempo. Para explicar el segundo punto, la OCDE establece que los países con un mercado de capitales pequeño invierten entre un 63% y un 92% en mercados desarrollados.
De esta manera los fondos de pensiones podrían tener un portafolio de inversión en infraestructura diversificado en múltiples países de la OCDE y no concentrar su riesgo en todos los proyectos de infraestructura de un solo país. Por último, si bien el tamaño de los recursos administrado por los fondos de pensiones en Colombia no es de los más grandes del mundo, tampoco es pequeño, comparado con otros países de la OCDE, este sería mayor a 19 países del grupo, y su concentración en 4 entidades impide que exista una mayor competencia entre ellos, recordemos que, a mayor competencia, menores tarifas de administración y más beneficiamos a los usuarios del producto. Esperemos la entrada a la OCDE nos permita encontrar la sostenibilidad de largo plazo del sistema pensional en Colombia.