La frustrada captura de Ovidio Guzmán hace unos días en Culiacán hizo que los ojos del mundo se posaran en México. Las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, justificaron la retirada de los efectivos de la fuerza pública, ya que en su concepto por encima de la vida de un delincuente, estaba la vida de las personas intervinientes en el operativo. Algunos se reían de estas, otros como yo, las lamentaban. En Colombia estamos llorando el asesinato de nuestros líderes sociales. Una importante lideresa indígena así como cuatro de sus compañeros fueron asesinados; seis más quedaron heridos. Luego otras cinco personas, contratistas que se encontraban realizando una obra civil, fueron masacrados. El domingo, un indígena de 18 años también lo fue. Al igual que en la situación presentada en México con el hijo del Chapo, los carteles mexicanos son los responsables. Los Zetas, el Cartel de Sinaloa y el de Nueva Generación, al igual que McDonald´s o Zara tienen franquicias en varios países del mundo, uno de ellos Colombia. El problema va mucho más allá, puesto que la economía que ronda estos carteles supera de lejos los de las marcas anteriormente mencionadas. McDonald´s para el ejercicio del año 2018 tuvo ingresos de 21.000 millones de dólares; Inditex (empresa propietaria de Zara) rondó los 26.000 millones de euros; entretanto, los ingresos anuales de los carteles mexicanos, según el senador republicano, David Perdue puede superar los 500.000 millones de dólares al año.
Esa sería la razón principal de los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Sin embargo, hay otro responsable más y es el acuerdo de paz. Este año, la Universidad de Los Andes, a través del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE), en una investigación seria titulada ‘Proceso de Paz con las Farc y cultivos de Coca en el periodo 2013-2017‘, tiene como una de sus conclusiones principales que el punto cuatro del acuerdo, en el que se hacía referencia a la solución del problema de las drogas y que incluía programas de beneficios para aquellos que sustituyeran los cultivos ilícitos, terminaron siendo en palabras textuales citadas en la investigación “un incentivo perverso” lo cual redundaría en el aumento desmesurado de cultivos de coca en nuestro país. De acuerdo con el economista Andrés Espinosa Fenwarth, en una columna reciente, los carteles de drogas mexicanos acaparan 100.000 hectáreas de cultivos de droga en Colombia, la mitad del área nacional sembrada. Esto ha generado una serie de dinámicas siniestras para nuestro país, que han desencadenado la muerte de nuestros líderes sociales. Los carteles mexicanos no son nada distinto a la transnacional más poderosa del mundo, con sede en más de 50 países, y un brazo armado lo suficientemente fuerte, capaz de doblegar gobiernos, lo cual es más que evidente en el caso mexicano. Algunos llegan a hablar incluso de un paraestado, pues han logrado un poder económico, político y social de tal significancia que poseen el control de varios territorios, imponiendo su autoridad y sus normas.
Analizando en concreto el caso mexicano, una investigación de la Universidad Autónoma de México (UAM), muestra que el 39% de los mexicanos (1 de cada 4) considera que los carteles de drogas tienen más poder que el Presidente de ese país, que apenas tiene un 24%. El 30% de los mexicanos justifican las actividades de los narcotraficantes debido a los beneficios que reporta a sus poblaciones; el 36% de los mexicanos cree que el narcotráfico promueve la construcción de obras públicas más que el gobierno; el 31% considera que si no generara violencia el narcotráfico beneficiaría al Estado; el 35% considera que es una fuente de empleo; el 32% considera que esta actividad genera progreso en las comunidades donde viven los narcotraficantes. A esto es a lo que nos enfrentamos. El problema ahora son las disidencias de las Farc las cuales son contratadas por estos carteles, al igual que otras células criminales. El problema también es el punto cuatro del acuerdo de paz, que sin duda alguna fomentó los cultivos ilícitos, generando muerte y desolación en nuestro país. El acuerdo de paz no fue aprobado por la mayoría de los colombianos, entre otras cosas por errores de contenido como este. De haberse respetado el mandato popular, como es debido en una democracia como la nuestra, puntos como este no hubieran sido aprobados. El paramilitarismo, fuertemente respaldado en su momento por el narcotráfico, de acuerdo a Salvatore Mancuso tuvo un 35% de representación en el Congreso. Las Farc, uno de los carteles de drogas más grandes del mundo, tiene actualmente representación en el Congreso. De ser cierta la cifra dada por el congresista Perdue, los carteles de drogas estarían en capacidad plena de pagar la deuda externa colombiana, que asciende a los 135.000 millones de dólares, una propuesta que en su momento hizo Pablo Escobar.
La acción de la fuerza pública, la responsabilidad compartida entre gobiernos, un marco legal contundente a nivel nacional e internacional son las únicas alternativas que tenemos para enfrentar este problema. Fortalecer nuestras instituciones así como nuestro aparato judicial, será fundamental para mitigar este flagelo. P.D.: A todas estas, ¿dónde está la plata de las Farc?