Lo primero que debo decir es que tengo plena conciencia que la protesta social es un derecho y que la ciudadanía está en plena facultad de ejercerla. Pero el fondo y la forma de esta protesta hacen una gran diferencia. El derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho al trabajo, a la movilidad o a la educación. Desde el año pasado, copiando un poco las movilizaciones en Chile, salieron diferentes sectores a una movilización de un poco más de 300.000 personas donde se notó un gran descontento por diferentes temas y sin ningún verdadero liderazgo. Temas como las pensiones, la educación, la muerte de líderes sociales, el salario mínimo como también la defensa de los tiburones tuvieron cabida en estas. Dentro de todo esto había un propósito de desestabilizar al gobierno y mostrar fuerza por parte de la oposición. Desafortunadamente todas y cada una de estas movilizaciones terminó en actos violentos por parte de los manifestantes, esto empañó gran parte del propósito. A pesar de lo anterior, el gobierno creó unas mesas de diálogo donde se le ha dado cabida a diferentes sectores para revisar una lista interminable de exigencias, muchas de ellas descabelladas.
Muchos líderes de opinión que marcharon no están de acuerdo con los actos violentos pero tampoco tienen la capacidad para persuadir a los violentos a no hacerlos, esto ha generado el rechazo de gran parte de la población que ha visto afectada su movilidad, su cotidianidad y su tranquilidad. Hoy en día los principales grupos que marchan son estudiantes de universidades públicas donde claramente hay infiltrados o personajes que utilizan la violencia, que están encapuchados y que su principal target o enemigo ha sido el servicio de Transmilenio en Bogotá y por otro lado los sindicatos, especialmente Fecode que cada día ha venido radicalizando su posición hacia la izquierda y que marcha más para defender sus prebendas que la educación pública. La protesta durante el 2020 tendrá un ingrediente adicional, el triunfo de candidatos de izquierda en ciudades como Bogotá y Medellín que apoyaban las movilizaciones del año pasado y que ahora deben manejar el orden público en sus municipios, hasta ahora los ensayos han sido confusos, han querido minimizar el problema mediáticamente pero han tenido que utilizar el Esmad, han tratado de dialogar, pero al final sigue habiendo caos en movilidad y destrozos de bienes públicos. La disminución de población activa en las protestas ha sido drástica, hoy en día son pequeños grupos que de todas maneras impactan la movilidad y generan caos, en la última movilización en Bogotá no había más de 5.000 personas.
Una líder de izquierda decía en un programa de opinión que las personas tienen derecho a protestar con razón o sin ella y que el cierre de vías era inherente a esta. Si por ese camino seguimos perjudicaremos la economía que es la base para lograr los cambios que piden, el costo de cada día de movilizaciones es muy grande, estas en el mediano plazo impactan el empleo y el crecimiento. El gobierno debe hacer un análisis del descontento de la población y hacer los cambios que considere importantes y que verdaderamente impacten a la sociedad, pero también debe dejar el paternalismo y actuar con autoridad frente a los violentos, la gran mayoría de la población quiere trabajar, estudiar y vivir en armonía así haya algunos supuestos líderes que consideran que el caos los puede llevar al poder.