El Gobierno se juega su principal carta en materia de salud con la propuesta de reforma al sistema, cuya fuente es la propuesta de campaña de Vargas Lleras, elaborada con la silenciosa inspiración de nuestro actual ministro de Salud. Si bien es cierto que la pandemia impulsa la necesidad de replantear nuestro sistema, los principales postulados de este proyecto provienen de la visión prepandemia del exvicepresidente y del ahora ministro. Vargas Lleras representa el conocimiento político de los territorios o regiones y Ruiz es un apóstol de la salud pública. Esa amalgama promete ahora cambiar el rumbo del sistema, sin alterar la esencia filosófica y legal que nos dejó el exministro Gaviria: la salud como derecho de todos. Así, la propuesta apunta a profundizar este derecho a partir de un enfoque principalmente territorial, para acercar más el sistema a los ciudadanos, con más prevención y menos discriminación e inequidad, mediante la unificación del régimen contributivo y el subsidiado, y con un solo plan de beneficios (antes POS y hoy PBS), lo cual es necesario si queremos acceso y calidad a servicios más igualitarios, pero cuyo financiamiento en tiempos de pospandemia será muy difícil de garantizar. Le puede interesar: ¿Será el semestre del Congreso de la República? En este sentido, las entidades de Gobierno de departamentos y municipios pasarán a jugar un rol más determinante en el sistema, en la medida en que serán las responsables de identificar y gestionar los principales riesgos de salud de la población, a través de los Planes Territoriales de Salud, los cuales deberán ser formulados y evaluados anualmente. No obstante, preocupa que muchas de las entidades territoriales no cuentan con el capital técnico y humano para realizar dicha tarea, por lo cual la transferencia del conocimiento del Gobierno nacional será fundamental para evitar que este planteamiento se quede en el papel. La propuesta recoge también las frustraciones de los colombianos con las EPS. No las elimina, pero las transforma en Aseguradoras en Salud (AS), y ata su gestión a las Áreas Territoriales de Salud, reforzando así la territorialización de la prestación de servicios de salud, de acuerdo con las características y riesgos de cada territorio. Para ello propone una nueva fórmula de pago a las AS en función del costo asociado al riesgo en salud en cada territorio, en sustitución de una tarifa nacional como hoy. Sin embargo, pagarle a las AS de forma diferenciada por el riesgo que van a gestionar en cada territorio, exige una metodología clara y confiable para evitar que el servicio que darán las AS en los territorios se vea restringido por un pago por riesgo insuficiente o ilegítimo. El talente salubrista del ministro se refleja particularmente en la creación de un Plan Nacional de Salud Pública (quinquenal), que contendrá las acciones de prevención para reducir los riesgos, de acuerdo con la situación de salud de cada territorio. Y del Plan Nacional se derivará el Plan Básico de Promoción y Gestión de riesgos colectivos, el cual definirá acciones nacionales y territoriales cada dos años, en función de los riesgos en salud. Novedoso sí, pero enfrentará el reto de articularse con los planes nacionales de salud mental, cáncer, salud reproductiva y sexual, etc. Recomendado: El doble mensaje de “la rebelión de las canas” Otra impronta vargasllerista es la configuración de un modelo de atención con enfoque familiar y comunitario que priorice actividades de prevención de la enfermedad, mediante un médico que actúe como tutor de la salud de la familia. Así, cada núcleo familiar tendrá un médico de confianza, que lo orientará hacia el uso de las capacidades del sistema en la medida en que la enfermedad lo exija. Este modelo demanda una arquitectura compleja que estaría conformada por instituciones de servicios primarios en las que estaría el médico familiar y otras de servicios complementarios en las que estarían los especialistas. El impacto de la pandemia en el sistema se ve especialmente reflejado en el compromiso expresado en la propuesta de fortalecer a los trabajadores de la salud mediante medidas que apuntan a dignificar su labor. Prohíbe la tercerización laboral y le da facultades extraordinarias al presidente de la República para regular el régimen laboral de servidores públicos vinculados a los hospitales públicos. Sin embargo, no resuelve el problema de las modalidades de contratación laboral del personal de salud, que actualmente genera chispas principalmente entre algunos grupos médicos de entidades privadas, que se sienten mal pagados. La propuesta también aborda la principal amenaza del sistema —su inviabilidad financiera—, mediante un plan de estabilización y fortalecimiento en salud, en el cual las AS (hoy EPS) deberán garantizar estándares de eficiencia en el gasto y calidad financiera. De igual manera, propone la creación del Fondo de Garantías del Sector Salud, que asegurará la continuidad de los servicios de salud de las AS o de las entidades que prestan el servicio, cuando no lo puedan hacer por problemas financieros. Le puede interesar: Presidente, alcaldesa: ¡Pónganse de acuerdo! El sector privado tiene un espacio en la propuesta avalada por el Gobierno nacional, mediante la facultad que tendrá el Estado de establecer alianzas público-privadas (al mejor estilo de Vargas Lleras en su vida pasada con el sector infraestructura) para la construcción, administración y operación de entidades y servicios de salud. ¡Tendremos APP de salud! Demuestra coherencia Cambio Radical con su propuesta de reforma al sistema de salud, porque corresponde a sus planteamientos ideológicos de campaña y a su compromiso político de fortalecer el sistema de salud, más allá de simplemente ocupar un ministerio. Sin embargo, el Gobierno enfrentará una oposición férrea, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. En el primero, Roy Barreras (de La U) puso a Ritter López como presidente de la Comisión de los temas de salud, y en la Cámara, llega Juan Diego Echavarría (Partido Liberal) como embajador de César Gaviria, y en ambos casos intentarán que la propuesta no avance, porque para ellos solo existe un camino: eliminar las EPS. Y así pasarle factura al Gobierno. ¡La puja, entonces, será política!