Esperamos un Gobierno más asertivo y eficaz en la gestión legislativa, no solo porque ya tomó la lección en 2019, sino porque ingresa a la arena con un ambiente político aparentemente más favorable, tras llegar a acuerdos con Cambio Radical (para el Ministerio de Salud) y con el Partido de la U (en el Ministerio de Trabajo), lo que debería facilitar el trámite de las propuestas del Gobierno  en el Capitolio Nacional. 

El Gobierno tiene en su parrilla varios proyectos de gran calado, que impulsará bajo el liderazgo visible o invisible del senador Uribe: las plataformas digitales de transporte, cuya discusión no se puede postergar más; la “ley de crecimiento verde”, que el país necesita pero con los incentivos adecuados para no castigar la transformación industrial en empresas que gestionan recursos naturales; y la reforma a la justicia, que es necesaria pero que nadie entiende. Necesitamos que el Gobierno haga pedagogía sobre su impacto en las empresas y en el ciudadano común.  Cambio Radical, el segundo partido más influyente en el Congreso, tiene bajo su manga proyectos de alto impacto en la competitividad del país, como la reforma a la consulta previa -necesarísima para los sectores de energía, minería e infraestructura-; el nuevo régimen de ordenamiento territorial, de alto impacto para el sector constructor y de infraestructura; y la “reforma a la salud”, que será promovida bajo el liderazgo de Germán Vargas, el nuevo ministro, y el apoyo prometido por el Gobierno Nacional, apuntando a dos cambios: la equidad en servicios de salud mediante la unificación del subsidiado y el contributivo (¡gran reto fiscal!), y la implantación del modelo de un médico por familia.

En todos los proyectos mencionados se espera liderazgo repartido y coordinado entre el Centro Democrático y Cambio Radical, los nuevos mejores amigos del Capitolio. De allí que aumente la probabilidad de éxito de las iniciativas del Gobierno. La U intentará liderar la discusión laboral y pensional, en dos sentidos. Llevar el debate laboral de las plataformas digitales de transporte a las plataformas digitales de empleo en general, con el propósito de producir marcos legales para cotizaciones fiscales y de seguridad social de los empleos tipo Rappi. Y construirá el ambiente al interior del Capitolio para abrirle el camino a su ministro Cabrera de presentar el 7 de agosto el proyecto de reforma pensional. La incidencia política de los partidos minoritarios no luce fácil para este periodo. Las iniciativas del Partido Verde, Polo Democrático y Mira, dependerán de la habilidad de su líderes para concretar coaliciones con el Centro Democrático, Cambio Radical y La U. Con una agenda legislativa de tan importantes proyectos para la productividad y competitividad del país, es imprescindible que los gremios, las empresas, los centros de pensamiento, las universidades y los representantes de las asociaciones de profesionales, participen para equilibrar las discusiones con argumentos científicos, económicos y técnicos. Pero el escenario no es fácil. Los legisladores temen ser señalados, estigmatizados o vinculados a intereses económicos si interactúan y recogen abierta y transparentemente los puntos de vista de los gremios y empresas; los centros de pensamiento y las asociaciones de profesionales cuentan con poca experiencia, escasas capacidades políticas o, en otros casos, quieren resguardar su inmunidad científica y técnica que sienten en riesgo si se acercan al Capitolio; las empresas honestas están llenas de restricciones internas para no salir en fotos con congresistas, dejando la interacción con los legisladores en manos de los gremios.

Y a este panorama de baja incidencia legítima de los sectores productivos se suma la danza de los activistas en contra del desarrollo económico, que desfilan con libertad por los corredores del Congreso, con carteles, disfraces y montajes, logrando llenar con sus posiciones -más emocionales que técnicas en la mayoría de los casos- el vacío que dejan gremios, empresas, centros de pensamiento y asociaciones de profesionales. Es hora de reconfigurar la deliberación legislativa, para que los sectores productivos puedan participar de verdad. Los gremios deberían dar esta batalla.