Hace un mes el Gobierno Nacional destapó la olla de la crisis energética pero aún no se señalan responsables y se insiste en defender lo indefendible. El Gobierno viene diciendo que los colombianos no pagamos un seguro y que la mejor manera de entender el cargo por confiabilidad es hacer de cuenta que le pagamos a un taxi para que estuviera disponible en la puerta de nuestra oficina y de esta manera llevarnos al aeropuerto a cualquier hora. Si los colombianos pagamos por un taxi, la parte de la historia que no nos cuentan es que el taxi se voló con 15,5 billones de pesos sin hacernos la carrera, que ahora lo estamos llamando y que, con tal de que nos lleve al aeropuerto, le hemos prometido no cobrarle y además le estamos ofreciendo una propina de más de 4 billones. En realidad vamos a pagar 1,1 billones de alza tarifaria y cuatro años más del cargo por confiabilidad.   Los más de 10 millones de usuarios del sistema interconectado nacional venimos pagando no por la disponibilidad de un taxi sino por una póliza que se suponía era 'todo riesgo' en caso de accidente. El cargo por confiabilidad no se diseñó para que las generadoras térmicas estuvieran disponibles en la puerta de nuestra oficina sino para que honraran sus obligaciones de generar energía. Lo lógico, ahora que nos accidentamos, es que quienes asumieron el riesgo le respondan al país. Sin embargo, las termoeléctricas, que en este caso vienen siendo las aseguradoras, nos han salido al paso diciendo que se gastaron la plata y que no tienen con qué pagar el siniestro. Ahora resulta que el cargo estaba mal diseñado. Convenientemente, los actores del sector se dieron cuenta del problema 9 años después de recibir cumplidamente el cheque de todos los colombianos. La Superintendencia de Servicios Públicos por su parte, tampoco ha estado del lado de los usuarios del sistema interconectado nacional y se ha dedicado a defender la tesis de que hacerle vigilancia a los recursos del cargo por confiabilidad no es de su resorte. Según la Superservicios, la ley de servicios públicos no le ha dado competencia para hacerle seguimiento a estos recursos, posición que no es válida porque existen varios artículos del régimen que la habilitan para controlar y vigilar a las empresas del sector e incluso intervenir a las termoeléctricas que han venido incumpliendo sus compromisos. Una vez más, a la entidad le ha faltado decisión y firmeza para actuar y defender los intereses de los colombianos.   La Contraloría General de la República ya había advertido sobre los enormes riesgos que suponía darle recursos a los generadores por concepto del cargo de confiabilidad. En el 2013 la entidad cuestionó la eficacia del esquema cuando advirtió que el cargo por confiabilidad era ineficaz, que tenía serias implicaciones sobre el precio de la energía en el mercado mayorista y sobre el costo de las tarifas finales a los usuarios del servicio de energía eléctrica.     Nos han vendido un falso dilema con el que se pretenden desviar nuestra atención. Es cierto que el Gobierno Nacional debe tomar las acciones que sean necesarias para que el país no se apague pero también debe contestar las preguntas que siguen aún sin respuesta. Seguimos a la espera de que se señale quiénes fueron los culpables, qué pasó con las garantías de los contratos y por qué tenemos que pagar los colombianos después de que nadie responde por los recursos del cargo por confiabilidad. El Gobierno tiene que mandar las señales correctas para que los colombianos sientan que las entidades del sector velan por la seguridad energética nacional y por los intereses de los usuarios. No estamos de acuerdo con las acciones que se han tomado para conjurar la crisis. Por esta razón, hemos radicado una acción legal para revocar la decisión del Gobierno de aumentar las tarifas de energía. La expansión del sector energético debe continuar pero sobre unas bases diferentes que den garantías a los colombianos y a la industria nacional sobre el abastecimiento energético.