La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó a los maestros de los colegios oficiales a parar el próximo 12 de septiembre, debido a la situación de inseguridad en la que trabajan los docentes y a las amenazas que se hicieron a los miembros del Comité Ejecutivo de la organización sindical del Magisterio. Con seguridad desde el gobierno, los medios de comunicación y otros actores se leerán críticas y se oirán voces de molestia, se recordará que los más afectados por el paro son los cerca de 8 millones de estudiantes que asisten a la educación oficial y los padres de familia; además, se mencionará que el paro afecta los procesos educativos y la calidad del sistema. Está bien que duela el paro. Pero no se debe olvidar que en este caso lo que se reclama es lo mínimo que un Estado y un gobierno deben garantizar: la protección y el derecho a la vida de los profesores de los colegios públicos del país. Luego, antes de caerle al paro, la sociedad debe reconocer que se requiere proteger la vida de los maestros, de manera especial de aquellos que deben trabajar en zonas de violencia, narcotráfico y/o de extrema pobreza, en la mayoría de los casos a causa del abandono estatal.
Proteger la vida de los colombianos debe ser la máxima prioridad del Estado y de quienes lo gobiernan. Espero cause indignación entre los lectores conocer las cifras de cómo se ha perseguido y eliminado a los docentes, ¡y no pasó, ni pasa nada! Por ello, en este caso, la protesta está justificada: es por el derecho a la vida de los maestros. El directivo de Fecode, Miguel Pardo, con datos de esa organización, sostiene que, desde el año de 1985, 11.000 maestros han sido amenazados, de ellos el 30 % se han tenido que desplazar, y lo más grave, 1.098 docentes han sido asesinados, 10 de ellos en el periodo del actual gobierno. La mayoría de los colombianos desconocen estas cifras o simplemente nos acostumbramos a la muerte y no nos duelen. Según el Sistema de Información de Derechos Humanos (Sinderh) de la Escuela Nacional Sindical, “desde el 1° de enero de 1973 hasta el 31 de marzo de 2017, se han cometido al menos, 14.400 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.114 homicidios, 383 atentados contra la vida, 236 desapariciones forzadas, 7.013 amenazas de muerte y 1.897 desplazamientos forzados. De los sindicalistas quienes han perdido su vida, 2.793 son hombres, 321 son mujeres…”. Las anteriores cifras señalan que una tercera parte de los más de 3.000 sindicalistas asesinados en Colombia eran maestros. Maestros cuya única arma era su pensamiento, su voz y su sentido crítico de la sociedad.
Un maestro comprometido con la educación oficial deberá por lo menos cumplir estas dos premisas: Primero, ayudar a la educación y al desarrollo de los estudiantes, de acuerdo con el contexto en el que transcurre la vida de los niños y adolescentes, así como las condiciones socioeconómicas de la familia y el entorno social, cultural y afectivo en el que se desenvuelven los alumnos. Segundo, el maestro debe ayudar a formar buenos seres humanos, donde prevalezca una ética ciudadana (participación, democracia, convivencia, justicia y respeto por el otro). Entonces, pregunto: ¿pueden los colegios y los docentes evadir la realidad en la que viven los estudiantes y no enfocar su acción educativa sobre los más graves problemas de la sociedad, del entorno y, en general, de las condiciones de vida de los alumnos? No se puede olvidar que formar en competencias significa que los estudiantes aprenden a utilizar el conocimiento de manera crítica (con razones, evidencia y buscando el bien común), para analizar y resolver los problemas de la vida real que los aquejan. Luego, con seguridad casi todos estaremos de acuerdo con la siguiente afirmación: En Colombia un maestro, con sus estudiantes, está obligado a hablar, discutir y enseñar sobre clientelismo, corrupción, drogas, ilegalidad, violencia, machismo, cuidado y protección del medio ambiente y otros problemas que afectan a la sociedad. ¿O será que el maestro y las nuevas generaciones deben ignorar el contexto político, cultural y económico donde está situado el colegio? Fecode representa a cerca de 300.000 docentes oficiales e irá al paro para denunciar amenazas y muertes de los maestros y de sus activistas. El gobierno no puede asumir el paro como un enfrentamiento, al contrario, es una oportunidad para convocar a los partidos, a las organizaciones sociales, al magisterio a un gran acuerdo, para que desaparezcan las amenazas y los asesinatos de maestros, sindicalistas y líderes sociales y políticos, así como perseguir y sancionar a los responsables de estos crímenes.
El otro camino es quedarse tranquilo, sin luchar y soñar que es posible cambiar, mientras los maestros, en una parte del territorio nacional, no pueden pensar y enseñar de manera crítica: los amenazan, los expulsan o los asesinan.