El coronavirus marcará un antes y un después en la economía mundial que lucha hoy desesperadamente por mantenerse a flote. En cuestión de meses el Gobierno fue obligado a ajustar su proyección de crecimiento para el 2020 de 3,3% a -5,5%, proyección que algunos analistas aún consideran demasiado optimista. Si bien la Ley de Crecimiento Económico buscaba atraer el interés de inversionistas internacionales, luchar contra la evasión e implementar la facturación electrónica, el covid-19 ha obligado al Gobierno a replantear su situación fiscal. Algunos gobiernos sensatos, y bien apalancados, han echado por la borda la austeridad fiscal. Colombia no se puede dar el mismo lujo, pues mientras gobiernos como Japón, Luxemburgo o Bélgica han implementado paquetes fiscales superiores al 19% del PIB, nuestro país apenas ha logrado incrementar el gasto fiscal en 2%. Esto es en parte porque el país se encuentra en una débil posición frente a las calificadoras internacionales, solo un peldaño por encima del grado de inversión, según Standard & Poor’s Global Ratings y Fitch Ratings; perder este grado significaría el retiro de inversionistas institucionales de activos en Colombia, lo que agravaría la situación económica.
Es importante resaltar que Colombia ha hecho significativos ajustes en el gasto estatal (reducción de salarios y redireccionamiento de prioridades) y se ha recurrido a la financiación externa para cubrir una parte del gasto. Sin embargo, esto no será suficiente. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha aprobado ciertas medidas fiscales que se han quedado cortas en sus objetivos de ayudar a la población en este difícil momento. Estas han sido meticulosamente planeadas para lograr calmar los ánimos entre las distintas audiencias a quienes habla. Por un lado, están las calificadoras de riesgo, para quienes es fundamental la solidez fiscal y el puntual pago de deuda externa a mediano plazo. Por otro lado, el ministro les habla a los empleadores sugiriendo que entiende los efectos económicos que la cuarentena y la reducción en demanda agregada han generado. Finalmente, están los trabajadores que han perdido su empleo y aquellos que, aun con las uñas, lo conservan. Las soluciones han llegado a cuenta gotas y por decreto presidencial. Un poquito por aquí, y un poquito por allá. Todos los esfuerzos están orientados a dar soluciones a temas específicos sin alterar la estructura fundamental del sistema económico y, por supuesto, los pilares principales de la Ley de Crecimiento Económico. A pesar de esto, es muy probable que las soluciones económicas que el Gobierno ofrece se vean desbordadas ante la evidente necesidad de un ambicioso programa de reorganización económica que cubra los ámbitos pensionales, laborales y fiscales. Lo que estoy proponiendo es que el Gobierno no le siga dando largas a algo que es más que evidente en la coyuntura actual y presente las tres reformas fundamentales.
El país requiere con urgencia una reforma tributaria que le permita al Ejecutivo rehacer sus cuentas y encontrar una estabilidad fiscal a mediano plazo, que requerirá eliminar algunas onerosas exenciones tributarias, desistir de algunas reducciones de impuestos que entrarán en efecto en 2021 e incrementar impuestos a las personas naturales. Si bien el Gobierno se ha aprovechado del relajamiento de la regla fiscal, también es momento de que tome medidas importantes para incrementar sustancialmente el gasto fiscal y darle el necesario empujón a la demanda agregada – y de paso, pensar hacia el futuro en temas como el medio ambiente, las energías renovables y la infraestructura vial. Se necesita una reforma laboral que se ajuste a las realidades de la pandemia, logre conservar el empleo y brinde mayor seguridad a los empleados, proponga una disminución temporal de retenciones fiscales en nómina o exención del pago de las cotizaciones a la seguridad social, y un número concertado de medidas que puedan reducir el impacto en los ingresos, beneficios y garantías laborales y al mismo tiempo asegurar la continuidad de los sectores productivos. Finalmente, es necesaria una reforma pensional para sanear el presupuesto nacional, ampliar la cobertura y corregir la inequidad del sistema, para generar mayores incentivos de competencia entre los fondos de pensiones, y eliminar las pensiones excesivas. La situación política no parece favorable para dar trámite a ninguna de estas reformas y en las actuales condiciones solo es factible pensar en una ampliación de los programas solidarios que benefician a la población informal, de medidas que alivien temporalmente la incertidumbre de los trabajadores y de anuncios que logren apaciguar la ansiedad de los mercados financieros. Pero para que las medidas duren, no puede el Gobierno depender de decretos sino concertar reformas ambiciosas que logren dar soluciones de fondo a problemas que han envejecido mal y que continuarán haciéndolo en el mediano plazo. Debería entonces el Gobierno plantearse presentar un paquete de ambiciosas reformas ante el Congreso y concertar con la oposición el camino a seguir.