El nuevo estatuto aduanero de la Unión Europea es el reflejo de las mejores prácticas en esta materia. Valdría la pena que las reformas propuestas a nuestro estatuto se debatieran contra el deber ser y no para aliviar la presión de intereses con historias non sanctas. Eliminar el concepto de evaluación de riesgos como requisito para autorizar o extender una autorización existente a los usuarios aduaneros que hoy lo tienen es un grave error. En el caso de los tubos o ductos para exportaciones de líquidos al granel, la falta de controles está destruyendo valiosas empresas. Uno de los empresarios más prestigiosos del país, pionero en la siembra y producción de aceite y derivados de la palma, liquidó todo el negocio porque era imposible competir contra lo que parece una maquinaria de lavado de activos: desde corrupción hasta narcotráfico. Los lavadores inflan el volumen del aceite exportado con complicidad de quienes deberían controlar. Los equipos para medir el volumen y densidad del producto exportado en los ductos que cargan los navíos o se manipulan o ni siquiera existen. Se factura entre 30% y 45% por encima del valor real de lo exportado. Así se traen las divisas del narcotráfico.

El asunto es aún peor, ya que el aceite producido o contrabandeado pero no exportado se vende en los barrios populares en condiciones sanitarias cuestionables a precios que la manufactura legal no puede igualar. El Invima, por sus funciones, no vigila la venta de lo ilícito; son las secretarías de salud las supuestamente obligadas a proteger al público, pero estas son o muy débiles o corruptas. En esas ventas en efectivo en la economía informal es como se mueve el dinero para la economía subterránea de la producción de cocaína. Un país que exporta 1.500 toneladas de cocaína y genuinamente quiere cambiar de rumbo, no puede ser laxo facilitando la repatriación de estas utilidades criminales. Más aún cuando el precio de la pasta de coca ha crecido más de 50% en el último año, por lo que parece es la entrada de compradores mexicanos dispuestos a romper precios y abastecerse directamente en el mercado nacional. Todo indica que los espacios dejados por las Farc no los colmaron los gobiernos legítimos sino las fuerzas más salvajes. Por esto es difícil comprender que esta moda normativa (el que peca y paga empata) sea aceptada por una entidad de control como la Dian. Facilitar no es alcahuetear. Sanciones, que pueden ser graves, si se pagan sin ser controvertidas, no manchan la hoja de vida de ninguno de los usuarios aduaneros y no forman parte de los antecedentes que motiven la revocatoria de autorizaciones vigentes. Igualmente, se reducen las sanciones y se eliminan obligaciones como tener que publicar en la red información sobre quiénes son y sus estados financieros.

El sustento de esta forma de organizar el Estado para facilitarle a los privados el cumplimiento de los requisitos de ley se fundamenta en que estos importantes intermediarios son conocedores de la ley y personas de altos estándares éticos. Por esto no podemos seguir dando este tipo de señales erráticas. Así, nadie va a poder reducir drásticamente las áreas plantadas de mata de coca ni frenar los ríos de dineros que fluyen a través del comercio ilícito. Y claro que el objetivo no es complicar o impedir el comercio: su crecimiento es sin lugar a dudas una fuente de dinamismo y especialización que hay que defender y preservar. Por esto, una aduana fuerte es un pilar de cualquier Estado moderno. Una Dian con gente idónea y "dientes fuertes" es una garantía para todos los colombianos de bien y una obligación moral del país ante el mundo. Nosotros somos capaces de luchar contra este cáncer si lo atacamos a todo lo largo de la cadena de valor.

No podemos caer en los errores del narcoestado vecino. A grandes males, grandes soluciones.