Ya son más de 1,8 millones los inmigrantes venezolanos en Colombia. Los hemos recibido, sí, pero están siendo sobre-explotados. Como van las cosas, estamos criando resentimiento y eso nos puede salir muy caro. El trabajador colombiano “mediano” (que está justo en el medio de la escala de ingresos de todos los colombianos) gana $1’120.000 mensuales. En cambio, el inmigrante venezolano mediano que llegó al país en el último año gana apenas $600.000 mensuales. Una alarmante diferencia de 46%. Las brechas son aún mayores a medida que se asciende en las escalas. Por ejemplo, el colombiano que está en el escalón 95 (de 100) de todos los colombianos gana $7 millones mensuales, mientras que el venezolano en ese escalón entre los venezolanos gana tan solo $1‘050.000 mensuales. ¡La brecha aquí es 85%!
Es muy lento el ritmo al que los venezolanos están encontrando empleos bien remunerados. La razón no es que sean más informales que los colombianos. En ambos grupos, más o menos 55% tienen trabajos asalariados y el resto son autoempleados. Tampoco se debe a que tengan menos educación o menos experiencia que los colombianos (en promedio son más educados). Parte del problema es que los venezolanos enfrentan muchas dificultades para ser empleados en las mismas condiciones que los colombianos. No basta con que tengan el Permiso Especial de Permanencia. Si son profesionales, deben contar con la autorización del consejo profesional correspondiente, lo cual es una dificultad enorme por la exigencia de acreditación del título. Además, muchos desconocen sus derechos laborales en el país y, si los conocen, prefieren no acudir a las autoridades. Además, desde el punto de vista de los empleadores, por varias razones no es atractivo contratar extranjeros. Primero, por exigencias de información. La empresa tiene que notificar al Sistema de Información y Registro de Extranjeros (Sire) no solamente en el momento de contratar un extranjero, sino cada vez que hay un cambio de sus funciones. La empresa tiene también que notificar al Registro Único de Trabajadores Extranjeros de Colombia (Rutec) del Ministerio de Trabajo cualquier novedad en la relación laboral.
Segundo, es difícil contratar venezolanos porque las empresas no tienen forma de verificar el contenido de sus hojas de vida ni las recomendaciones laborales. Y, tercero, los venezolanos que llevan poco tiempo en el país no tienen el conocimiento tácito necesario para ciertas funciones (cómo tratar a los clientes, cómo hacer ciertos trámites, cómo interpretar el lenguaje no escrito que rige cualquier ambiente laboral). Sea por estas razones o por xenofobia, los venezolanos están en desventaja, lo que se refleja en sus bajísimos salarios. Esto no le conviene a las empresas ni al país. Semejantes desigualdades salariales generan resentimiento y destruyen la solidaridad entre trabajadores que es esencial para el trabajo en equipo. El resultado es mayor rotación laboral de unos y otros, con la consecuente pérdida de los gastos de capacitación que hayan incurrido las empresas. Tampoco le conviene al país, pues implica desperdicio del talento, del cual depende la productividad. En las ocupaciones informales, la bajísima remuneración que están recibiendo los venezolanos tiene además el efecto de desalentar a los colombianos que compiten directamente con ellos. Por eso está cayendo la participación laboral de los colombianos, como lo analicé en mi columna anterior.
La solución a todos estos problemas no es parar la entrada de venezolanos, ni impedir que “les quiten los empleos” a los colombianos. Si les va bien a ellos, nos irá mejor a todos. Además de darles acceso a los servicios sociales básicos, es crucial abrirles posibilidades laborales en condiciones decentes. En este contexto tan crítico, es lamentable que el Gobierno esté pensando en una reforma laboral que ignora prácticamente a los venezolanos.