El crecimiento poblacional que viene registrando Bogotá desde hace una década http://bit.ly/1FrzSVH tiene consecuencias más allá de lo económico y lo social, pues los recursos ambientales también se han resentido gracias al mal manejo y a la distribución de los mismos. Las pérdidas de agua se han incrementado en un 60 % en tres decenios; así, de 3,7 m3 (metros cúbicos) en 1980 se pasó a 6 m3 en 2010. Debido a las estricciones técnicas que continúan en la red de suministro, se espera que para el 2025 la problemática aumente al 70 %, es decir, a 10,2 m3 que representan casi el 60 % del consumo actual facturado. Así mismo en 2010, el volumen de agua consumida en la ciudad fue de 8,6 m3 y se espera que para los próximos 10 años alcance un caudal de 15,3 m3, reflejado en un consumo de 158 litros diarios por habitante. En su tesis de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, el ingeniero químico de la U.N. Cristian Julián Díaz demuestra cómo se desaprovecha este recurso en la capital, mientras hay ciudades que reducen sus pérdidas gracias a que cuentan con una muy buena estructura tarifaria en el consumo y con un sistema de vertimiento que hace que el líquido vuelva a la ciudad. Bajo tales circunstancias, el investigador destaca que la enorme demanda, el consumo y la pérdida de agua en Bogotá son señales de alerta frente a un posible desabastecimiento. Según explica, los proyectos de construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales y el sistema central de tratamiento no se han materializado. “Se han cumplido 40 años de una enorme deuda ecológica urbana con el río Bogotá, que se ha convertido en el alcantarillado de la ciudad, lo cual no solo ha afectado sus cuencas media y baja, sino al principal río de Colombia: el Magdalena”, afirma. Según un documento de la Universidad Nacional, el único sistema de tratamiento existente para las aguas negras que genera la ciudad está emplazado en el tramo final del río El Salitre, que principalmente transporta materia orgánica de vertimientos domésticos. Esta planta, cuyo costo aproximado fue de US$80 millones, solo cuenta con tratamiento primario. Se cerró recientemente la licitación para su ampliación, que puede costar US$500 millones y que, según la CAR, se adjudicaría en octubre del 2015, para que las obras empiecen en el 2016 y culminen en el 2019. La investigación también plantea que aunque la capacidad técnica, tecnológica, de infraestructura y recursos que posee la ciudad le ha permitido abastecer a sus habitantes y a los municipios circunvecinos (Soacha, Chía, Calera, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, Gachancipá, Tocancipá y, potencialmente, La Mesa y Anapoima), esta provisión no solo resulta vulnerable por los efectos del cambio climático, sino por el crecimiento desmedido de la demanda, asociado al aumento de la población. Por eso, el reto urbano de la gestión del agua para el 2025 exige la adecuada coordinación entre los gobiernos municipales, de manera que las posibilidades de suministro confiable atiendan las respectivas dinámicas urbanas y se materialicen proyectos de descentralización del abastecimiento que reduzcan la vulnerabilidad de los usuarios.