La semana pasada, la Superintendencia Financiera ordenó suspender las actividades de captación no autorizada a una nueva sociedad en la ciudad de Pasto. Con esta, van más de 9 medidas administrativas por captación ilegal en los últimos meses. Se trata de la sociedad Bienes Raíces Galeras SAS, una compañía que tenía como objeto principal actividades inmobiliarias en la capital del Nariño, específicamente la administración y comercialización de inmuebles bajo la modalidad de arriendo y venta que le eran entregados por terceros.

No obstante, dentro de los planes y servicios que brindaba la compañía ofrecía “dos servicios que nos diferencian del resto de inmobiliarias”. Se trataba del anticresis - un contrato por el que se entrega al acreedor una finca raíz para que se pague con sus frutos – y de las cuentas de participación. En estos dos servicios la compañía entraba a manejar y administrar recursos de terceros. Luego de una exhaustiva investigación, la Superfinanciera estableció que la sociedad representada por el señor Mario Andrés Santacruz Coral asumió obligaciones con por lo menos 134 acreedores, por un monto total de $5.376 millones sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios. Por tanto, la Superintendencia Financiera ordenó a la sociedad Bienes Raíces Galeras SAS y al señor Santacruz Coral como su representante legal, la suspensión inmediata de las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público. 

La medida fue adoptada mediante la Resolución 0061 del 27 de enero de 2020, en la que se ordena además realizar de manera inmediata la devolución de los recursos captados ilegalmente, así como la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas. Durante la investigación, la Superfinanciera pudo establecer que la ejecución de contratos de anticresis, recibió un valor total aproximado de $3.838 millones de al menos 93 personas con quienes se obligó a devolver al vencimiento del contrato, la suma inicialmente pactada con cada uno de ellos. Adicionalmente, la sociedad asumió obligaciones con por lo menos 41 personas por un valor aproximado de $1.537 millones mediante la suscripción de lo que denominaron “contratos de cuentas en participación”, en donde se comprometieron al pago de una rentabilidad fija sin especificar un proyecto u operación mercantil determinada.

La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.  Durante 2019, la Superintendencia que es la entidad encargada de supervisar la existencia de personas o firmas que se dedican al ejercicio ilegal de la actividad financiera y prevenir que más colombianos caigan en esquemas engañosos realizó: 2 advertencias a la ciudadanía de suplantación de la SF o de sus funcionarios. 1 comunicado a la ciudadanía sobre esquemas piramidales en grupos cerrados de chats y redes sociales. 9 medidas administrativas por captación ilegal. 4 advertencias a la ciudadanía sobre 19 firmas falsas o personas que se presentan como vigiladas por la SFC sin serlo.  11 jornadas de prevención “No se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto” en 8 ciudades de Colombia.