Todavía no se conocen los resultados finales del crecimiento de la economía en Colombia para 2019. Sin embargo, a lo largo del año, y hasta la medición del tercer trimestre, quedó en evidencia que el sector financiero y de seguros ha impulsado la dinámica económica como uno de sus grandes protagonistas. Entre julio y septiembre del año anterior, mientras el Producto Interno Bruto (PIB) del país aumentó en 3,3%, este sector creció 8,2% frente al mismo periodo de 2018. Y en lo corrido de los 9 primeros meses de 2019, alcanzó 6,1%, según el Dane.
“Este buen desempeño vino explicado, principalmente, por el alza en la colocación de cartera de consumo (10,7%), seguida por vivienda (6,7%) y comercial (2,6%). Cabe destacar que el crecimiento de las distintas modalidades de cartera estuvo acompañado por indicadores de calidad de cartera favorables. Este aspecto da cuenta de un crecimiento saludable del crédito a lo largo de 2019”, señaló Asobancaria en su más reciente informe Banca & Economía. En medio de este escenario, uno de los temas de discusión es la agenda que tendrá este sector en materia regulatoria y de movimiento de mercado. Algunos temas han retomado importancia, como la posibilidad de que las bolsas de valores de Colombia, Santiago (Chile) y Lima (Perú) operen bajo una misma estructura. En ese sentido, en este semestre podrían empezar a conocerse las primeras señales. Y otras iniciativas son nuevas en la agenda por una coyuntura particular: las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales. Tras conocerse el estudio, el Gobierno –a través del Ministerio de Hacienda– ha manifestado desde hace varios meses la intención de llevar al Congreso un proyecto de ley para darle un mayor impulso al mercado de valores.
La misión planteó entre los temas clave la conveniencia de simplificar el régimen de inversiones para los inversionistas institucionales. Sin embargo, no solo estos temas estarán en la agenda en materia regulatoria del sector para este año, e incluso para 2021. Para Jorge Castaño, superintendente Financiero, estarán en esta agenda temas como la adopción plena de la Ley de Conglomerados, los ajustes en el mercado de seguros, aspectos técnicos clave como Basilea III y las medidas para reducir los casos de ciberseguridad y lavado de activos.
Jorge Castaño Superintendente Financiero. Seguros en movimiento En febrero del año pasado quedó en firme la llamada Ley Anti-Space, conocida así por el nombre del edificio que tuvo fallas estructurales y causó una tragedia en Medellín. Aunque a partir de 2021 empezará a regir el seguro decenal –una póliza de aseguramiento por diez años que en adelante deben tomar las constructoras–, las aseguradoras tendrán que implementarlo a partir de este año. En efecto, para radicar una licencia de construcción en 2021, el seguro ya debe estar en funcionamiento. Otro tema clave tiene que ver con el futuro del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). En la actualidad 13 compañías operan este rubro, pero el Congreso tramita siete proyectos de ley con un impacto en el precio. Será un año de definiciones para este espinoso tema, que lidiará el nuevo presidente de Fasecolda –gremio que agrupa a las empresas del sector–, tras el anuncio del retiro de Jorge Humberto Botero de este cargo. El nombre de su reemplazo no se ha definido. En ese mismo sentido, la tarifa de Soat para este año se redujo en 4,89%, en las 35 categorías, por una menor siniestralidad y un menor valor de los siniestros.
El Gobierno ha anunciado el interés de presentar un proyecto de ley que acoja las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales. De otra parte, en el mercado de seguros esperan que avance el reacomodo en ramas, productos, dueños y servicios. El año pasado se cerró el negocio en el que Bolívar le compró a Liberty el segmento de seguros de vida, transacción que incluyó los negocios de riesgos laborales y vida individual, y se esperan más movidas en este segmento. Además, Mutua Madrileña adquirió 45% de Seguros del Estado, negocio que se materializará en los primeros meses de este año. En bancos Cuando el Congreso expidió la Ley de Conglomerados le dio al sistema financiero un cronograma de etapas para implementar, que terminan en febrero de este año. La primera fase –la de reconocimiento de los conglomerados– fue hace un año; la siguiente a partir de noviembre sobre solvencias, que se empiezan a publicar a partir del primer trimestre de este año. “En marzo se tendrán las cifras sobre los balances consolidados de conglomerados y el nivel de suficiencia de capital”, explica el superintendente Castaño.
Falta la etapa de definir quiénes son parte relacionada de conglomerado y cómo gestionar los conflictos de interés en cada uno de ellos. Esta entrará a regir a partir de febrero de este año, en los 13 conglomerados identificados. El sector bancario este año tendrá un segundo tema prioritario. Se trata de Basilea III, un conjunto de medidas acordadas internacionalmente. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lo desarrolló para reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del riesgo de los bancos. Para este año hay dos frentes clave: capital (solvencia) y liquidez. La regulación pone a tono al país con la calidad del capital y obliga a constituir colchones especiales. A finales del año pasado, la Superfinanciera identificó las cuatro entidades sistémicamente importantes y que, de acuerdo con Basilea III, tienen que constituir el denominado colchón de sistemicidad para este año. Se trata de Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA y Davivienda. El colchón de sistemicidad es el 1% de los activos ponderados por nivel de riesgo. Y hay un colchón adicional denominado de conservación, para aumentar el capital en momentos de crecimiento, cuyo estándar internacional se ubica entre 1% y 2,5% y en Colombia se adoptará en 1,5%. Por estas medidas, para las entidades financieras la solvencia cambiará. Para las sistémicas pasará de 9% a 11,5% y para las no sistémicas será de 10,5% del patrimonio técnico sobre activos ponderados por riesgo. El decreto que regula Basilea III fija 2024 como el año en que se adoptarían las medidas. Sin embargo, participa en la agenda de este año porque 14 entidades decidieron adoptar anticipadamente las normas de capital. El tema de liquidez también tiene un papel fundamental en esta discusión. La norma exige que tenga más recursos disponibles para pagar las obligaciones, tanto en el corto como en el largo plazo, para planear sus crecimientos. Se trata del coeficiente de fondeo estable neto. Ese coeficiente empieza a regir en marzo y hará que la liquidez se vuelva más costosa en términos de que los bancos no solo van a necesitar tener la plata para 30 días –corto plazo– sino para un año –largo plazo–, o sea lo que exige el estándar. Este año las entidades tienen que constituir hasta 80% de ese coeficiente y el año entrante todo el que tenga activos por más del 2% del sistema financiero tiene que constituir el 100%. Según Castaño, eso significa redistribuir los dineros de los ahorradores en el sistema y mejores tasas de interés o más atractivas para que la gente lleve a un banco sus cuentas de ahorro y sus CDT. Las exigencias de largo plazo solo se aplicaban para los bancos con casa matriz en el exterior, como BBVA o Scotiabank, pero no para los locales, lo que generaba un desnivel porque la liquidez era más barata para unos que para otros. Con la entrada en vigencia de esta norma se equipara esa reglamentación. Además, en materia de liquidez, el mercado va a tener un ajuste. En el Plan Nacional de Desarrollo quedó incluido un artículo para que entidades territoriales lleven sus recursos, que hoy tienen en los bancos, a la tesorería del Ministerio de Hacienda que puede darles unos mejores rendimientos. Así, el Ministerio evitará endeudarse y emitir TES a tasas más altas. Para el Ministerio se vuelve más barato, y la entidad territorial obtiene una mejor remuneración. Pero el sistema financiero va a sentir un drenaje. Cálculos generales establecen que, en el sistema financiero, estas entidades tienen unos $50 billones de los entes territoriales, y se espera que este año salgan de allí al menos unos $7 billones para la administración del Ministerio. Sin duda, será un año movido no solo desde lo regulatorio, sino también desde el mercado para que el sistema financiero siga protagonizando el crecimiento. Ciberseguridad y lavado de activos Un requerimiento en materia de ciberseguridad entra en vigencia: una norma de 2018 que dio tres semestres para implementar y apoyar medidas en torno a inversiones, capacitaciones, certificaciones y equipos. El plazo venció el 31 de diciembre pasado y a partir de este año las entidades deben cumplir el estándar de la circular. En el caso de lavado de activos, hay que desnarcotizar la gestión en el marco del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft). “Somos muy buenos en identificar actividades provenientes de lavado de activos de narcotráfico, pero hay más de 55 delitos fuente de lavado: lo que tiene que ver con corrupción, evasión tributaria, trata de personas, piratería, delitos que hoy monitoreamos pero necesitamos fortalecer esa vigilancia”, dice Castaño.