El contrato de cero horas es una modalidad para contratar que permite que los trabajadores laboren únicamente cuando el empleador lo solicita. En Colombia, según la ONG, este tema se empezó a discutir recientemente sin propuestas ni documentos compartidos públicamente que conduzcan a un diálogo sobre sus efectos en los derechos laborales. El estudio tuvo como base los casos del Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Honduras, donde se aplicó esta modalidad. Con base en ello se concluye que “la contratación por horas conllevaría una precarización laboral en el país”, pues las experiencias en esas naciones han tenido como consecuencia que muchos trabajadores no reciban beneficios como pagos a la seguridad social, primas o vacaciones. Lea también: Colombia registró 6.823 casos de coronavirus este jueves Al mismo tiempo, mantienen la incertidumbre sobre el momento en que trabajarán y el dinero que percibirán, lo que les dificulta la planeación financiera, apuntó. “Algo inquietante es el incierto número de trabajadores que actualmente tienen un empleo formal con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo y con todas las prestaciones sociales, pero que podrían verse afectados con los contratos de cero horas”, explicó Alejandro Matos, director de Cuso International en Colombia. “Esta modalidad contractual abriría la puerta para que los empleadores prefieran reducir los costos laborales y se viva un retroceso del trabajo decente en el país”, agregó. Le recomendamos leer: El mercado laboral también es clave para reducir la pobreza Mientras que el piso de protección social, incluido en el Plan de Desarrollo 2018-2022, es el que vincula al régimen subsidiado de salud y a los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) a quienes devengan menos del salario mínimo y tienen contratación a tiempo parcial. Adicionalmente, se reduce el aporte de los empleadores al 15% del ingreso devengado, y para que las empresas no se aprovechen de la reducción de sus aportes a la seguridad social, el Gobierno prohibió que los empleadores modifiquen las condiciones de contratación de sus trabajadores. Al respecto, el estudio advierte que hay riesgo de que los empleadores opten más por quienes puedan ser contratados mediante el piso de protección social que por trabajadores bajo la modalidad de tiempo completo y salario mínimo. Le puede interesar: FMI: Cerrar la brecha de género en países desiguales subiría el PIB en un 35% Y se estima que más de 54.000 trabajadores actuales en las ciudades se enfrentarían al peligro de que sus vinculaciones laborales sean terminadas o sean reemplazados cuando sus contratos finalicen, pues las compañías preferirían contrataciones bajo la nueva modalidad que les permite reducir costos, según el informe.