En marzo se inician las sesiones del Congreso. La atención está puesta en la la reforma a la protección a la vejez, como ha llamado el Gobierno el revolcón pensional en momentos de alta tensión social. No será la única iniciativa del Gobierno en materia económica. El Ministerio de Hacienda prepara para este año otros tres proyectos que llevará al Congreso: la reglamentación de la ley de regalías, otro de crecimiento sostenible y uno más con las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales. Estas iniciativas conformarán un portafolio de reformas en un nuevo escenario: un ajuste en las fuerzas con la llegada de Cambio Radical al Gobierno, la representación todavía no reconocida del Partido de la U en el gabinete y la expectativa por el margen de maniobra y la gobernabilidad que pueda ganar la administración Duque con estas movidas.
Todavía está por definir qué va a pasar con otras reformas de impacto social y económico, como la laboral, que para muchos será complicada de discutir en medio de una pensional, o la de las consultas previas, que trabaja desde hace varios meses el Ministerio del Interior. Será una legislatura fundamental para el Gobierno, no solo por los proyectos que presente, sino también porque quedará en evidencia si la estrategia política funcionó. Regalías
A finales del año pasado el Congreso aprobó el acto legislativo que reformó el Sistema Nacional de Regalías. Ahora viene una norma adicional y complementaria: un proyecto de ley que lo reglamente. El Gobierno quiere radicar, antes de que termine marzo, el proyecto con dos cambios, principalmente. Uno, darle mayor independencia y autonomía a las entidades territoriales para usar sus regalías directas. Es decir, eliminar esquemas –como los Ocad– que complicaban la aprobación de proyectos. “Queremos reconocer la madurez de las entidades territoriales y que haya una descentralización más efectiva”, dice el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. Habrá algunas reglas, como invertir esos recursos especialmente en necesidades básicas insatisfechas de sus regiones. Alcaldías y departamentos tendrán un año para demostrar que lo pueden hacer bien. Si no, habrá unas figuras de coadministración. El segundo consiste en promover inversiones regionales. Parte de los recursos irá a cada ente territorial individualmente, y la otra para la región. Eso incentivará proyectos de alto impacto. Permanecerán los Ocad Paz, un compromiso de los acuerdos, pero con un ajuste: se pueden adelantar los recursos, como una vigencia futura, para implementar más pronto el acuerdo. La condición es que sea en municipios Pdet. Además, los recursos para la bolsa de ciencia y tecnología que antes se entregaban a cada departamento, ahora se hará una bolsa concursable para que todos puedan presentar proyectos de gran impacto. En cifras generales de regalías para este bienio se incorporaron $24 billones: $18 billones de producción y $6 billones de rendimientos financieros. En caja hay cerca de $20 billones porque se han comprometido recursos pero no se han ejecutado.
Mercado de valores
La iniciativa de esta reforma viene de las recomendaciones que le entregó al Gobierno, el año pasado, la Misión del Mercado de Capitales. El Gobierno ha venido trabajando en el desarrollo del proyecto y en principio lo presentaría en este semestre. Pero el Ministerio de Hacienda decidió llevar la discusión al Congreso para el segundo semestre de 2020. Quiere hacer pruebas y desarrollar la regulación prudencial, permitiendo más innovación para analizar el entorno en mercados más controlados. Sin embargo, el objetivo es claro: desarrollar el mercado y permitirles a las empresas fondeos adicionales a la banca tradicional. Una de las recomendaciones más importantes tiene que ver con el régimen de inversiones: que los fondos de pensiones y las compañías de seguros vean una mayor flexibilidad a la hora de decidir dónde, cómo y cuánto invertir. La misión planteó simplificar ese régimen y recomendó hacerlo parte del trabajo activo que hacen los administradores de esos portafolios, de tal manera que la rentabilidad mínima no sea uno de los factores para compararse. En ese sentido, muchos han advertido que ‘el ejemplo empieza por casa’ y deben ser recursos del Estado, como por ejemplo los que manejan portafolios y fondos públicos como el Fonpet. Además, también podría tener cabida la discusión, en especial regulatoria, en torno a la participación de fondos de inversión de países de la Alianza del Pacífico, al igual que pasar de una regulación por licencias a una por actividades para buscar una mayor competencia y especialización.
¿Impuestos verdes?
El desarrollo sostenible se ha convertido en un eje clave de crecimiento. Con una gran ventaja: tiene legitimidad política y social; es decir, muy poca resistencia para que las decisiones a su alrededor fluyan. En ese sentido, el Gobierno presentará un proyecto de ley de desarrollo sostenible con dos pilares. Uno, cambiar hacia una producción más sostenible y limpia. Y dos, dotar los recursos para esa transformación. Según el Ministerio de Hacienda, esa reforma no tiene como propósito el recaudo sino la disuasión. Si una empresa contamina, tendrá que pagar un impuesto, pero no si hace las inversiones necesarias y reduce o elimina ese impacto ambiental. Esto impulsará las inversiones para diferentes sectores y busca desincentivar, por ejemplo el uso irracional de la energía o de los combustibles. "Al final buscamos que el país tenga una producción más limpia y que usemos bien los recursos. Dos datos sorprenden: para producir el mismo bien que cualquier otro país consumimos 4 veces más energía", dice el viceministro Londoño. Además, impulsará la creación de un fondo que sirva para financiar algunas de esas transformaciones o iniciativas como la que anunció el Gobierno de sembrar 180 millones de árboles. "Estamos terminando de ajustar el número de los eventuales impuestos que se generarían y esos son los que financiarían esta transición", dice Londoño. Pero, sin duda, uno de los temas más álgidos en esta reforma será la discusión sobre lo que parecería un contrasentido: si vale la pena tener subsidios a los combustibles y al mismo tiempo cobrar impuesto por contaminar.