Los textileros y los confeccionistas de Colombia planean tomarse las calles, bajo la consigna: "Iván Duque nos estafó". Este reclamo resume el malestar de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCyA) con el Gobierno. Lo acusa de darle una "bofetada a la ciudadanía" y de incumplir las promesas de campaña. "No nos dejan otra opción", aseguran. El problema radica en los aranceles a la importación de textiles, hilos y confecciones. Se originó hace un año, cuando el Congreso en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, fijó un mayor impuesto a estas compras externas. No obstante, su inconstitucionalidad estaba cantada desde el dia uno.
Y efectivamente, meses después la Corte Constitucional lo tumbó por una sencilla razón: el Legislativo no tiene la potestad de aumentar este tipo de impuestos; el Ejecutivo debe tomar la decisión. Previendo esto, el propio Duque se metió en la discusión y se reunió con los interesados para buscar un punto medio. Según el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, desde antes de que el alto tribunal emitió su sentencia, comenzaron los encuentros. Y, semanas después, el Ejecutivo publicó un borrador de decreto, que, al contrario de lo esperado, dejó a todos descontentos contento.
Este proyecto fijaba un arancel de 40% para las confecciones de hasta US$10 y de 15% más US$1 para las que superaran esta cifra. Eso, para los empresarios, era solo un saludo a la bandera. "Utilizando fake news, el Gobierno, con bombos y platillos, publica un proyecto de decreto arancelario que no tiene en la práctica ningún impacto sobre el creciente y preocupante volumen de importaciones de prendas de origen asiático", dice la Cámara de la Confección. Según su presidente, Camilo Rodríguez, si el Gobierno expide ese decreto tal como lo anunció, no afectaría a ninguno de los productos importados, pues el tope de US$10 por kilo aplicaría –si mucho– a las medias. Los industriales piden que el decreto reviva el texto aprobado en el Congreso, que fijó un arancel de 37,9% para los bienes de hasta US$20 por kilo y para las que superen este valor, de 10% más US$3 por kilo. En sus cuentas, esto nivelaría la cancha entre confeccionistas nacionales e importadores y garantizaría los millones de empleos que el sector genera en Colombia. La pelea no es nueva. Durante años los empresarios han denunciado que las prendas de algunos países llegan con precios artificialmente inferiores, lo que los pone en jaque constantemente. En parte, el Gobierno les da la razón.
El ministro Restrepo afirma que esta industria tiene una enorme importancia en el país, y vocación exportadora, por lo cual requiere una protección razonable. Y ¿qué sería razonable? La respuesta a esta pregunta enfrenta a la CCCyA con Analdex y Fenalco, cuyos presidentes han puesto el grito en el cielo. Por un lado, los confeccionistas creen que la propuesta del Gobierno impactaría apenas 8% de las importaciones. Mientras tanto los exportadores y comerciantes opinan que esta no es la forma de nivelar la cancha. Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y Javier Díaz, de Analdex, con cualquier cifra que determine el Gobierno el nuevo arancel se traducirá en mayores precios que pagarán todos los colombianos. En plata blanca, las prendas de vestir se encarecerían entre 5% y 10%, eso sin contar con mayor precio del dólar, que cada vez le pega más fuerte a los productos importados. Además, para ambos, los mayores impuestos y la devaluación del peso generarían un caldo de cultivo perfecto para los contrabandistas. Eso, en últimas también afectaría a los confeccionistas colombianos. Este diálogo de sordos aún no llega a buen término. Pero está claro que el Gobierno se, la jugará a fondo por expedir el decreto, aunque le cambiaría las cifras inicialmente planteadas. "Sí habrá un decreto del Gobierno, porque nuestra responsabilidad es darle una respuesta a un sector más exportador, que genere más empleo, con una protección razonable, que tenga una dinámica productiva mayor, que permita importar y exportar, y que atraiga inversión", concluye Restrepo. ¿Al congelador? Las partes, no obstante, están más lejos que nunca y nadie sabe si habrá una próxima reunión para solucionar este tema. Los confeccionistas siguen adelante con su amenaza de marchar, pues creen que esto permitirá lograr un acuerdo que beneficie a todas las partes de la cadena productiva. Para esto dicen estar dispuestos a escuchar los intereses del Gobierno y los demás gremios. Eso, siempre y cuando en la negociación incluyan una reforma integral para el sector. "Claro que estaríamos abiertos a escucharla y debatirla", aseguraron. Del otro lado del ring, la cosa parece cada vez menos despejada. En una carta, Cabal y Díaz le pidieron al Ministro de Comercio poner en el congelador el decreto que subiría los aranceles a las confecciones, por cuenta del fuerte aumento del dólar, que ya superó la barrera de los $4.000. Es más, para ambos, esta tasa de cambio ya es de por sí una "protección excesiva" para los confeccionistas nacionales. "Subir los aranceles en este momento sería altamente inconveniente", por cuenta de la volatilidad de los mercados, que le vienen pasando una gran factura al mercado colombiano. Pero esto no es lo único. El presidente de Analdex le dijo a Dinero que, más allá de la volatilidad global, esta no sería la mejor forma de ponerle freno al contrabando que hay en el sector. En su lugar, considera vital tener precios de referencia y controles aduaneros más fuertes para evitar la evasión técnica. La puja completará en abril un año y no parece tener techo. Por ahora, la pelota está en la cancha del Gobierno.