La legislatura que arrancó el 20 de julio viene recargada. Por un lado, las discusiones girarán alrededor de temas clave en la agenda, como la reforma anticorrupción, la cadena perpetua para violadores de niños y hasta la doble instancia retroactiva para aforados, tema exacerbado tras la extradición del exministro Andrés Felipe Arias. Además, habrá otros asuntos, como una posible reforma a la justicia y la reforma política. Todo esto sin que el Gobierno consolide aún sus mayorías en el Congreso. Pero gran parte de las discusiones pasarán por el tema económico. Al presentar el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno aseguró que la discusión de impuestos se agotó y anunció que no presentará más reformas tributarias. Pero en la agenda vienen temas cruciales para dinamizar la economía y ajustar las cifras fiscales. En la agenda económica hay medidas prioritarias, como la reforma a las regalías –que seguirá su trámite en el Congreso–; una de mercado de capitales con las recomendaciones de la misión que trabaja en este tema; y la de la protección a la vejez, que plantearía cambios en materia pensional. Sin embargo, habrá un debate adicional: el presupuesto general de la Nación para el año entrante. Este debe llegar con un apretón como consecuencia de los ajustes fiscales y la estrategia del Gobierno de reducir gastos y reacomodar la estructura del Estado.
En la década pasada, con Alberto Carrasquilla al frente del ministerio de Hacienda, los ajustes significaron cerca de 2 puntos del PIB. El 29 de julio el Gobierno presentará el proyecto de presupuesto y se verá la dimensión de los recortes y una señal clara de la recomposición y el tipo de ajuste que pretende realizar el Gobierno. En regalías la gran discusión girará alrededor del recorte en el ahorro, si bien en la primera vuelta logró mejorar la equidad en la distribución de recursos para las regiones productoras sin afectar a las no productoras. Además, la reforma busca ‘desconstitucionalizar’ las regalías para facilitar hacerle ajustes en el futuro. El sector financiero está a la expectativa de las recomendaciones que hará la Misión del Mercado de Capitales para reactivar este mercado. Y para darle más dinamismo a las estructuras de financiación y, especialmente, generar mayor confianza a su alrededor. La de protección a la vejez, nombre de la reforma pensional, deberá enfocarse en aumentar la cobertura. También será necesario abrir un gran debate sobre temas álgidos, como un posible aumento en las edades de jubilación; alza en los niveles de cotización, que puedan hacer viables y sostenibles a futuro los modelos pensionales. Y, finalmente, definir cómo convivirán –si es que lo harán– los regímenes privado y de prima media en pensiones.
Todas estas discusiones estarán envueltas en un complejo escenario político y económico. Por una parte, tendrán lugar en la antesala de las elecciones regionales de octubre y en medio del ambiente de polarización que respira el país. El Gobierno mantiene su estrategia de no dar representación política a los partidos independientes y ya se acerca el momento en que estos tomen posición frente al Gobierno. Por otro lado, el Congreso discutirá los temas en medio de estrategias para algunos poco ortodoxas del Ministerio de Hacienda. Estas consisten en buscar recursos por el camino de las privatizaciones, incluyendo, por ejemplo, usar los recursos de Isagen –que están en el Fondes– para ‘comprar’ electrificadoras regionales o para que Ecopetrol o Cenit se queden con ISA. Sin duda, el país se va a enfrentar una vez más a una tensión entre economía y política, con alto riesgo de caer en un populismo de izquierda o de derecha. En medio de estas discusiones, el país espera el comportamiento de la economía. Mientras el Gobierno insiste en que el crecimiento superará el 3,6%, varios analistas corrigen las cifras a la baja. Los meses que vienen serán muy intensos. Ojalá prevalezca el interés colectivo y surjan los instrumentos para ganar en competitividad y aumentar el potencial de crecimiento del país.