Los jugadores del sector sorprendieron al mercado con sus recientes declaraciones de producción. Por un lado, porque tradicionalmente esos datos se conocen en los primeros meses del año, y en este solo se hicieron públicas al finalizar el primer semestre. Y, por otro, y tal vez lo más preocupante, porque la cifra fue más de 2% menor a la que presentaron el año pasado. Esta noticia se suma a los datos de reservas. Anteriormente superaban la década, pero para el año pasado quedaron en 9,8 años. Los campos de la Costa Caribe y de los Llanos entraron en una clara etapa de declinación. En el mundo, el gas natural fortalece su crecimiento y es el energético con mayor potencial de consumo.
Su eficiencia e impacto ambiental lo han convertido en el combustible de la transición en materia de transformación energética. Sin embargo, la situación en el país ha encendido algunas alarmas por lo que podría significar un eventual desabastecimiento, en especial en momentos en que la demanda crece. En los campos residenciales e industriales se esperan crecimientos vegetativos en el corto plazo. Pero otros sectores ‘pisan duro’. Uno de ellos aparece con la entrada de nuevos sistemas de transporte masivo con gas; otro corresponde a la necesidad de respaldar con térmicas a gas las energías renovables no convencionales. Estas ya tienen asignadas plantas por 1.800 megavatios, mientras viene una nueva subasta. Este panorama ha puesto a los expertos a hacer cálculos, en medio de escenarios que incluyen nuevos hallazgos y la planta de regasificación en el Pacífico. Ya opera una planta en el Caribe, pero su gas se va casi en su totalidad en soportar las térmicas de esa región. “En principio se veía un ‘hueco‘ para 2024-2025, pero la declaración de los productores fue menor a la esperada. Ya algunos hablan de desabastecimiento en el corto plazo”, le dijo un experto del sector a Dinero.
En una reciente presentación, el Ministerio de Minas planteó hacia 2022 un escenario en el que la demanda podría superar la oferta. Para Ricardo Ramírez, director de la (Upme), si no aparece más gas y con un crecimiento de la demanda conservador, para finales del año 2023 habría un desbalance de 2,3% en materia de oferta y demanda. Pero en la medida en que la demanda crezca, si no hay nueva oferta, ese plazo puede reducirse. Otros, como Orlando Cabrales, presidente de Naturgas, aseguran con optimismo que hay tranquilidad hasta 2025-2026. “En el corto y mediano plazo la demanda de gas no térmica –diferente a la que usan las generadoras térmicas a gas– está cubierta, pero es necesario tomar medidas ahora que garanticen el abastecimiento de largo plazo”, señala. Para Mauricio Vera, presidente (e) de TGI, el abastecimiento de gas natural está asegurado para los próximos 10 años. “En el corto plazo, Colombia cuenta con la capacidad de producción y la infraestructura suficiente para atender las necesidades de la demanda. El Plan Transitorio de Abastecimiento de Gas Natural incorpora infraestructura como la planta de regasificación del Pacífico, que permite garantizar a la demanda una fuente confiable”, dice. Las medidas Puede haber visiones diferentes, pero las las medidas deben ser rápidas para evitar sorpresas. En materia de producción, en el largo plazo las apuestas están en tres frentes: los desarrollos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con sus asignaciones de áreas que ya tienen resultados concretos: 11 contratos en primera etapa, de los cuales dos de ellos corresponden a gas. El trabajo adelantado en el off shore tiene cinco contratos firmados. Allí la gran pregunta plantea si esas reservas serán comercializables y a qué precios. Y, finalmente, la posibilidad de desarrollar en Colombia el sistema fracking. En el corto plazo, según la Upme, hay viabilidad alta en proyectos como, por ejemplo, en el valle inferior del Magdalena Medio, Canacol podría entrar a producir a finales de este año más de 100 millones de pies cúbicos al día. Más al norte, podrían producir unos 30 millones. Orca contempla 80 millones y en el Cesar Drummond avanza con las pruebas de gas metano asociado a carbón.
Están pendientes importantes definiciones en torno a nuevas estructuras de transporte. TGI, por ejemplo, ha remitido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) los datos que requiere la normatividad para llevar a cabo proyectos como la bidireccionalidad del gasoducto Ballena-Barrancabermeja. Y en el caso de la planta de regasificación, el Gobierno está definiendo la fecha, los beneficiarios, quién lo va a pagar y dónde estará localizada. El valor estimado es de unos US$600 millones y en los próximos meses terminarán los análisis y abrirían la convocatoria a finales de este año. Ya han avanzado en los pliegos y el marco regulatorio. El tiempo se acorta, las alarmas están encendidas y es necesario acelerar las decisiones. Todo ello para garantizar que los proyectos de producción y las iniciativas de infraestructura avancen, para que el país no tenga una mala hora en materia de gas.