Los negocios se parecen a las relaciones de pareja: deben limar asperezas para sacar adelante los proyectos conjuntos. Y el sector infraestructura enfrenta por estos días precisamente ese problema, luego del caso Odebrecht y los coletazos judiciales consiguientes. Entre estos, el laudo arbitral de hace unas semanas que dejó a los bancos desinflados con este ambicioso programa de infraestructura vial. La tormenta ya pasó, pero ahora preocupa la inundación. De ahí la necesidad de que las partes se sienten a la mesa para hablar y arreglar una relación más que necesaria. Al fin y al cabo está en juego la economía y la competitividad del país. A pesar de todas las adversidades, la 4G no está muerta, pero sí pasa por una seria crisis. Por eso Dinero le cuenta en 4 puntos en qué anda el Gobierno y las constructoras para salvar esta relación. Porque andan como en terapia de pareja.
Los proyectos mal planeados solo dejan obras paralizadas, sobrecostos, pleitos y demandas. 1 "Si quieres hablemos..." En todo caso, este matrimonio parece tener salvación. Por estos días se reúnen delegados de las concesiones viales y directivos de la Cámara Colombiana de la Infraestructura con funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para darle un nuevo aire e impulso a la relación. Estos encuentros buscan encontrar soluciones y acuerdos rápidos en eventos eximentes de responsabilidad, compra de predios, mayores tiempos de ejecución asociados a temas de redes de servicios, licencias o consultas previas, entre otros asuntos. “En octubre próximo veremos en qué hubo acuerdo y en qué no. Los puntos en que coincidimos pueden llevar a modificaciones de los contratos o documentos internos de la ANI para mejorar las cosas”, explicó a Dinero un directivo de la CCI. De hecho, de 29 concesiones de 4G, 22 ya tienen cierre financiero y casi cinco proyectos presentan avances de obra de entre 70% y 95%. En contraste, en otros no han dado ni la primera palada, especialmente algunos en donde participan los Solarte. Resulta interesante que el Gobierno está más abierto a solucionar los temas mediante adiciones o más plazos, según el caso. Así mismo, la ANI evalúa una nueva forma de distribuir los riesgos en los contratos de concesión futuros. Al parecer, el Ejecutivo afirma que puede gestionar mejor trámites como la compra de predios, las consultas previas o el licenciamiento ambiental. Eso sí, siempre y cuando mejore la coordinación con otras entidades públicas, como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las corporaciones autónomas regionales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), departamentos, municipios y las propias comunidades. Así las cosas, los ingenieros se dedicarían a diseñar y construir, o sea lo que saben hacer. Sin embargo, no todo es color de rosa. Muchos temen que los nuevos proyectos de infraestructura –urgentes para la economía– tarden más tiempo en salir a licitación. “Se podría paralizar el sector”, anticipó una fuente de la CCI.
2 "Me decepcionaste..." Ambos deben reconocer los errores que han cometido. En el caso de los contratos de infraestructura no vale decir "si sabías como soy yo para qué te casaste conmigo". Es decir, todos se metieron al programa sabiendo de los riesgos y los problemas, estaban advertidos. Además, la gente no se divorcia por los problemas sino porque no puede resolverlos. Dinero le cuenta solo unos casos, documentados en las últimas semanas, por los cuales la relación gobierno-constructores se ha deteriorado. Eso sí, vale la pena decir que no todo es culpa del Ejecutivo. En la concesión Perimetral de Oriente (Bogotá-La Calera-Choachí) firmaron el contrato sin haber advertido en los estudios previos e iniciales la existencia de 66 manantiales, que por ley hay que proteger. Ya firmado el contrato y comprada la maquinaria, el concesionario tuvo que rediseñar el trazado, e incluso cambiar el alcance de las obras. En Autopistas de la Sabana (3G) hubo lios prediales. En 46 predios que están en proceso de expropiación se presentan avalúos exorbitantes que incrementan su valor hasta 20 veces lo ofrecido inicialmente. "Es el caso de un predio en el tramo Sincelejo-Sampués, que pasó de $69 millones a $1.873 millones (26 veces su valor inicial). O el caso del predio en la variante de Montería que pasó de $86 millones a $2.001 millones, es decir, 22 veces su valor inicial", señaló la concesión. Pero en algunas partes de la geografía preocupa sobre todo el tema de la seguridad. Los directivos de Autopistas del Nordeste reportaron una grave situación de orden público, con manifestaciones recurrentes y disparos a personal de la concesión, amenazas a los empleados para que abandonen la zona o para que no salgan a trabajar so pena de asesinarlos, quemas de miles de millones de pesos en maquinaria, circulación de panfletos amenazando a cualquiera vinculado al proyecto, llamadas amenazantes con nombres propios de los directivos, entre otras modalidades. "Hemos recibido ataques terroristas que van desde la quema y destrucción total de 23 equipos entre maquinaria amarilla, mezcladoras, volquetas, hasta el intento de homicidio del director de una de las empresas socias de la concesión que ejecuta un tramo de la obra. Dentro de este amplio rango, recibimos amenazas casi diarias de todos los grupos armados ilegales de la región, bloqueos en las vías y hasta muertes de soldados en combate con grupos alzados en armas", advirtió la concesión a Dinero. Las directivas señalaron que resulta igualmente grave el impacto financiero, pues el retraso de las obras implica una demora en el pago al concesionario. Así mismo, como consecuencia de una grave alteración al orden público en la zona de influencia del proyecto, los costos de los créditos aumentan y la inversión extranjera se reduce. "Por consiguiente, si los mercados extranjeros perciben que esta situación de orden público se parece a la de los años ochenta y noventa, entonces llevarán los costos financieros a los niveles presentados en esa época”, dijo la empresa. El constructor también señala en su escrito a este medio que a la ANI le ha costado aceptar prórrogas para ejecutar las obras, a pesar de los bloqueos, amenazas y atentados.
Ese tema parece estar cambiando en los últimos días con la mesas de diálogo que tienen las partes mencionados en el punto anterior. Y esos son solo algunos de los líos. En otros casos comunidades indígenas o raizales se oponen por convicción, como en el caso de la comunidad Ipiales en Nariño, la cual afirma que no quiere doble calzada en su territorio. Pero también están las comunidades nómadas que se dedican a interponer tutelas para frenar los proyectos. En esto hay de todo, menos orden. 3 "¡Te juro que cambiaré!..." De nada sirve confesarse si no hay contrición de corazón y propósito de enmienda. Los problemas del sector son los mismos de hace 20 o 30 años. Está claro que no ha habido un buen diálogo entre gobierno y concesionarios para sacar adelante el programa. La culpa parece compartida. El Gobierno no aceptó desde un comienzo las fallas presentadas en diseños y tampoco reconoció los imprevistos (eventos eximentes). Por el otro lado, varios concesionarios se pegaron a esas fisuras del sistema para comprar tiempo y pedir millonarias sumas como contraprestación. Y en el medio de todo están las firmas de abogados que marcan cifras récord en facturaciones por cuenta de cientos de procesos y tribunales. Para conjurar ese mal ambiente, el vicepresidente de gestión contractual de la ANI, Luis Eduardo Gutiérrez, anunció un documento Conpes que prepara el alto gobierno, donde ordenan cambios en la forma de licitar y preparar las concesiones. "Un nuevo Conpes que recoja las experiencias de 4G, pero adicionalmente corrija aquellos factores que presentaron obstáculos en la ejecución de los proyectos”. Lo dicen las presentaciones que manejan tanto la Presidencia de la República, como el Ministerio de Transporte.
Luis Eduardo Gutiérrez, vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI. Dinero pudo establecer que algunos de estos cambios tendrán que pasar por el Congreso de la República, como una ley estatutaria de consultas previas que estaría en trámite en 2020. Este Conpes con detalles de la 5G de concesiones tiene el lema ‘infraestructura sostenible’. Pasa por asuntos clave como cambio climático, pobreza e impacto social, retornos económicos, derechos sociales y laborales, entre otros aspectos. Grandes firmas como Odinsa advierten sobre la necesidad de sentarse a la mesa para buscar soluciones con cabeza fría. "Debemos seguir fortaleciendo la institucionalidad, balancear mejor la matriz de riesgos y que ese sector se vea como el verdadero impulsor la economía", dijo Mauricio Ossa, presidente de esta firma. 4 "Intentémoslo de nuevo..." Para formalizar un eventual arreglo entre Gobierno, constructoras y otros sponsors, deben convenir nuevas condiciones que incluyan adendas o nuevos contratos más ajustados a las nuevas realidades del sector y el país. No es solo actualizar y distribuir mejor los riesgos, o ajustes regulatorios para agilizar los permisos y licencias. También buscar soluciones en los mejores términos para los problemas y controversias, que seguro se seguirán presentando en 5G o 6G. "Para solucionar los conflictos contractuales entre entidades del Estado y particulares, sin necesidad de acudir a instancia judicial o arbitral, existe la autonomía y libertad de las partes para conciliar, con los límites de la satisfacción del interés general, el respeto del patrimonio público y la protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa”, explicó la jurista Melba Pérez, especializada en el juzgamiento de este tipo de controversias. Además, los entes de control, Procuraduría o Contraloría, deben convertirse en facilitadores de los arreglos y no en ‘vacas muertas’ sobre la vía. “El miedo del funcionario público ante investigaciones de entes de contro limita acuerdos o conciliaciones entre las partes en conflictos contractuales entre entidades del estado y particulares”, dijo Pérez.
Melba Pérez, especialista en arbitraje. Antes que despejar dudas, el fallo de hace unas semanas sembró más incertidumbres. “El laudo abrió debates que le restarán celeridad y certeza a los procesos de financiación de determinados proyectos, al poner en los hombros de los financiadores una carga de diligencia (responsabilidad) y revisión más alta de lo que razonablemente deberían tener. Y al afectar la protección de los terceros de buena fe”, explicó Felipe Quintero, socio de la firma de abogados DLA Piper Martínez Beltrán. En resumen, esta relación compleja es necesaria, para no estatizar las concesiones de nuevo, tal y como han planteado en Francia en las últimas semanas. Para ello, las partes deben limar las asperezas. Si se trata de ‘lavar‘ los males de la 4G con una 5G, en todo caso hay que solucionar primero el origen de todos los males, o 5G corre el riesgo de repetir los problemas. El país necesita con urgencia mejor infraestructura de transporte, pero no a cualquier precio. Como los hijos de un matrimonio, la población lleva del bulto.