Los cargos surgieron a partir de una supervisión para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con el control del sobrepeso en carreteras por parte de los administradores de las estaciones de pesaje ubicadas en las vías del país. Según la Superintendencia de Transporte, las quejas y peticiones de los transportadores de carga en Colombia vienen en aumento por posibles irregularidades e información errónea en estas estaciones. "A partir de las inconsistencias evidenciadas, se encontró mérito para abrir investigación en contra de 16 operadores de 24 estaciones de pesaje por, presuntamente, infringir la normatividad que regula el control al sobrepeso de los vehículos de transporte de carga de configuración C2 que transitan por las vías del territorio nacional", dijo la entidad. El control de peso en vía se realiza para conservar el estado de las carreteras y disminuir la siniestralidad. Según la autoridad, las estaciones de pesaje, concesionarios y contratistas, deben realizar este control bajo los lineamientos que expiden autoridades como el Runt. Con esta información, las vásculas deben estar actualizadas y calibradas, para no entregar información irregular. "Ese control debe cumplir con las normas legales para no causar un perjuicio a los transportadores, quienes, por su parte, también están obligados a no excederse en peso al momento de ejercer su actividad”, explicó el superintendente de Transporte, Camilo Pabón. Para la formulación de cargos, de acuerdo con la información recolectada, se identificaron algunas inconsistencias en los Pesos Brutos Vehiculares (PBV) máximos que aparecen registrados en los tiquetes de pesaje de los vehículos de configuración C2, frente a los PBV máximos registrados en el Runt y frente a los máximos establecidos por el Ministerio de Transporte, encontrándose los primeros por fuera de los rangos establecidos para tal fin. "Esto estaría causando que se registre un sobrepeso que no existe, en perjuicio de los transportadores", según la Superintendencia. Estas son las concesiones y contratistas a quienes se les formularon cargos:
Fuente: Superintendencia de Transporte. En caso de comprobarse, los mencionados tendrían que responder por una sanción máxima de 700 salarios mínimos por cada cargo, es decir, alrededor de $635 millones.