Néstor Humberto Martínez, fiscal general, destacó en su carta a Martha Lucía Olano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, que desde hace cuatro años los responsables del caso Interbolsa acuden a audiencias preparatorias tras la imputación de cargos, pero el tiempo se agota y todavía no hay siquiera anuncios para las audiencias condenatorias.Martínez señaló que “la Fiscalía encuentra que la dilación que se presenta en el proceso obedece no solo a las actuaciones de los sujetos procesales y la evidente complejidad y connotación pública del mismo, sino a que su juzgamiento se tramita en un despacho judicial que debe atender la carga ordinaria de trabajo” por lo que además le solicitó nuevamente a Olano que designe a un juez y magistrados que se dediquen exclusivamente al caso de la extinta comisionista de bolsa.Recomendado: Estos son los rostros de la caída de InterBolsa cinco años despuésCon agentes designados únicamente a Interbolsa, agregó Martínez, se evitaría que “los esfuerzos de la administración de justicia en su conjunto, no terminen con fallos absolutorios por la inminente prescripción de la acción penal en el caso” de Interbolsa, ya que el pasado 17 de enero debió conocerse la respuesta del juzgado sobre el material probatorio que se presentó. Sin embargo, dicha diligencia fue aplazada hasta el próximo 29 de enero.El laberinto de InterbolsaEn el 2013 la Fiscalía logró que se llevaran a cabo las audiciencias de imputación de cargos a los responsables de Interbolsa, luego de lo cual se han llevado a cabo audiencias preparatorias para el juicio oral, cuya fecha todavía es indefinida.Antes de eso, en noviembre del 2012, la misma Fiscalía capturó a los señalados de ser los responsables del movimiento irregular de acciones bursátiles. Pero no fue sino hasta junio del 2013 que se realizaron las audiencias de imputación de cargos y casi un año después, en marzo del 2014, se radicó el escrito de acusación.Luego de eso, el paro judicial obligó a que se aplazara por tres meses el proceso de reconocimiento de las víctimas de Interbolsa y durante otros seis meses la defensa de los nueve acusados logró que no se realizaran las audiencias de acusación y preparación.Puede interesarle: Interbolsa: cinco años despuésPara junio del 2015, la Fiscalía logró presentar el descubrimiento probatorio para condenar a los nueve implicados, pero una año después la defensa de los mismos seguía argumentando falta de tiempo para recolectar pruebas a favor de los implicados.Luego, durante las repetidas audiencias preparatorias, la defensa ha presentado cerca de 1347 pruebas de defensa y a 625 testigos en juicio.Los aplazamientos en las audiencias por este reconocido caso llevaron a que Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal, Ricardo Martínez, Juan Andrés Tirado, María Eugenia Jaramillo, Carlos Arturo Neira, Rachid Maluf, Alessandro Corridori y Richad Maluf quedaran en libertad pese a su participación en el escándalo de Interbolsa, que se estima dejó cerca de 1.028 inversionistas afectados y un detrimento patrimonial de alrededor de US$64 millones, quienes quedaron libres por vencimiento de términos en el 2016 pese a que se demostró su relación con el caso.Víctor Maldonado, una de las cabezas del Fondo Premium, también quedó libre y sin restricción a su movilidad por vencimiento de términos, tal como ya había ocurrido con los otros nueve involucrados en el caso.Vea también: Liquidador del Fondo Premium busca 37 afectados para devolverles su dineroMaldonado había salido de la cárcel La Picota a finales del 2016 pero con brazalete electrónico y restricción a su movilidad. Sin embargo, el jueves una juez de segunda instancia también lo liberó del brazalete electrónico y le levantó la restricción por lo que Maldonado podrá salir del país sin problemas.El décimo integrante del escándalo en quedar libre fue Rodrigo Jaramillo, quien ya había sido condenado por el caso Interbolsa y Fondo Premium, pero en abril del 2017 un juez le otorgó la libertad por vencimiento de términos, una vez cumpla las tres quintas partes de los siete años de condena que le fueron asignados y que cumple en Medellín bajo arresto domiciliario.