Een diciembre el Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios el decreto para reglamentar los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPiI), los conocidos pilotos de fracking. Sin embargo, las posiciones políticas, el férreo rechazo de los grupos ambientalistas y hasta el Consejo de Estado, que suspendió las normas, se han convertido en el palo en la rueda para la ministra María Fernanda Suárez, que ha defendido con fuerza la posibilidad del fracking en el país. El Gobierno asegura que esta técnica de extracción ofrece una gran oportunidad, no solo en términos de seguridad y transición energética, sino también para el crecimiento económico. Según estimaciones de Minminas, los yacimientos no convencionales le traerían al país entre 8 y 22 años adicionales en reservas de crudo, entre 35 y 50 años más de gas natural, un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) cercano a 10%, un crecimiento de la Inversión Extranjera Directa de 40% y 68.000 nuevos puestos de trabajo.
Según la ministra, el fracking es una opción importante que además apalancará el cambio de la matríz energética. En efecto, el gas natural es considerado un combustible de transición, que además actuará como respaldo de otro tipo de energías como la solar y la eólica. Actualmente, las reservas de gas natural no tienen el mejor panorama. La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) informó que si la tendencia de consumo sigue al ritmo actual, Colombia enfrentará en 2024 un déficit que obligaría a incrementar las importaciones, lo que sin duda tendría un efecto negativo sobre los hogares, la industria, el transporte y las térmicas que dependen de este combustible. Los Proyectos Piloto de investigación que surgieron como una de las recomendaciones de la comisión de expertos constituyen el primer paso en el camino de desarrollar los no convencionales en Colombia. Con su puesta en marcha, el Gobierno busca obtener mayor información técnica y científica sobre una eventual exploración y explotación comercial de petróleo y gas, por medio de fracturamiento hidráulico.
Según el proyecto de decreto publicado, los pilotos deberán cumplir tres fases. La primera tiene que ver con la evaluación y diagnóstico de las condiciones sociales, ambientales, técnicas e institucionales y licenciamiento ambiental.En la segunda etapa, se llevarán a cabo las actividades de exploración, para tener una mayor claridad con respecto al potencial de los yacimientos, la sismicidad y las posibles afectaciones a las comunidades. El proceso culmina con la fase de evaluación, a cargo de un comité conformado por un delegado del presidente de la República, la ministra de Minas y Energía, el ministro de Ambiente y dos expertos independientes. Ya están identificadas las cuencas geológicas de mayor potencial para poner en marcha los PPII. Se trata del valle inferior, medio y superior del Magdalena, Sinú San Jacinto, César Ranchería, Catatumbo, Cordillera Oriental y Caguán Putumayo.
Multinacionales como Chevron y ExxonMobil están interesadas en desarrollar los no convencionales en el país. Se espera que el Gobierno expida el decreto antes del mes de febrero, pero grupos ambientalistas ya han mostrado su desacuerdo. En su concepto, no se han tenido en cuenta varios aspectos fundamentales que ponen en riesgo el medio ambiente y las comunidades aledañas a los eventuales proyectos. Carlos A. Santiago, representante de Alianza Colombia Libre de Fracking, indicó que ya preparan acciones legales contra el decreto y consideran que va en contravía de lo estipulado por el Consejo de Estado al no demostrar su carácter científico. “Los pilotos no pueden ser comerciales, las universidades no están presentes en el decreto y no hay un centro de investigación independiente en ninguna fase del proceso”, denunció Santiago. Por su parte Francisco Lloreda, Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), indicó que 2020 es un año decisivo para el fracking. En efecto, el decreto de los piloto marca el punto de partida para el desarrollo de esta técnica. Lloreda agregó que el fracking se ha convertido en una causa política, lo que ha dificultado dar un debate técnico y científico adecuado En la ACP esperan que las piezas regulatorias queden listas este año para empezar con los cuatro primeros PPI en el primer semestre del año entrante. “No es bueno para el país dilatar estos procesos porque las reservas son limitadas(...) lo sensato es avanzar pronto con los pilotos”, advirtió Lloreda. El representante del gremio afirmó que ya hay cuatro empresas listas para desarrollar los no convencionales, Exxonmobil, ConocoPhillips, Drummond y Ecopetrol (que ya se encuentra desarrollando fracking en Estados Unidos).
Más allá del debate político, el futuro de la seguridad energética está en juego. Lo ideal sería lograr un cambio en la matriz energética en el corto plazo. Pero desafortunadamente los combustibles líquidos aún están lejos de desaparecer y el país seguirá demandándolos por varías décadas más. En este panorama lo ideal para el Gobierno es que el Consejo de Estado tome una decisión de fondo lo más pronto posible. De ese modo en 2020 tomaría impulso todo lo relativo al marco regulatorio necesario, pues el fracking es una alternativa importante para el país a la que no le puede cerrar la puerta.